El alto tribunal tumbó el decreto madre con el que el presidente Petro pretendía atender la crisis en esa región, luego vino una cascada de 13 artículos sin efecto.
El presidente Gustavo Petro cierra el año con una fuerte derrota en la Corte Constitucional. En su intento de declarar una emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, el alto tribunal tumbó 13 de los 14 decretos de la iniciativa, el único que queda ni siquiera está en firme porque tendrá que ser discutido en enero del próximo año.
El pasado 2 de octubre la Sala Plena le dio el primer golpe al decreto madre. Ese día la Corte declaró “inexequible” el Decreto 1085 del 2 de julio de 2023, “por medio del cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”.
A partir de ese momento estaba previsto que el resto de decretos que componían el paquete de la propuesta fueran cayendo uno a uno. Tal cual, el alto tribunal comenzó a desgranar los preceptos, algunos por paquetes y otros de manera individual.
Y es que desde que el presidente Petro anunció la emergencia en esa zona del país, valiéndose de los efectos que traería consigo el fenómeno de El Niño, se sabía que el alto tribunal le iba a poner la lupa muy de cerca a la iniciativa. Incluso algunos personajes ya se habían atrevido a pronosticar que el decreto se caería. Por ejemplo, para la abogada Martha Sáchica, quien se desempeñó como secretaria general de la Corte Constitucional, existieron por lo menos tres problemas evidentes en la declaración: en la inminencia, en el agotamiento de los medios y en la gravedad. Además, el Estado de Emergencia debe contemplar requisitos muy específicos. Y precisamente así fue como se cocinó la caída del decreto del presidente Petro.
Los 13 decretos caídos
La Corte tumbó un paquete de cinco decretos, entre ellos el Decreto 1268 de 2023, con el que el presidente Petro pretendía recuperar las Salinas Marinas de Manaure en el marco del estado de emergencia. Al tumbar el decreto se cayeron las medidas que estaba preparando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para recuperar la operación de la empresa Sama Ltda. En su momento, cuando el Gobierno expidió el decreto, se indicó que la medida permitiría garantizar la protección de los derechos al trabajo, la salud, la educación, el suministro de agua potable y el desarrollo social de las comunidades de la región. Pero la Corte declaró inexequible este decreto.
En el paquete también entró la propuesta del Gobierno Petro que pretendía crear una institución pública Wayúu. La Corte también declaró que era un decreto inexequible y fue una propuesta ampliamente criticada por el sector educación que auguraban una prolongación de las problemáticas ya existentes.
Uno de los decretos más polémicos de la declaratoria de emergencia fue el plan piloto de la reforma a la salud. Se trata del Decreto Legislativo 1270 de 2023. El alto tribunal señaló que este decreto debía tramitarse en el Congreso de la República debido a su naturaleza y objetivos.
Otro decreto que se cayó fue el 1276 que ordenaba principalmente un aporte de $1.000 a la factura de energía de los estratos 4, 5 y 6 bajo la propuesta de adoptar medidas para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica. La decisión del alto tribunal declaró que “los recursos recaudados en virtud de lo previsto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1276 de 2023 deberán ser devueltos a los contribuyentes mediante compensación con la facturación del servicio de energía eléctrica, en un término máximo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de adopción de esta decisión”.
La Corte también tumbó el decreto 1250 con el que buscaban otorgar funciones al Ministerio de Vivienda para que financiara proyectos sobre agua potable en la región.
Y en materia de agricultura también cayó el decreto 1273 en el que se especificaban los planes para el sector productivo y agro con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación. Este decreto le daba facultades al Ministerio de Agricultura. El alto tribunal destacó que no contemplaba adecuadamente el empleo del agua.
Dentro del paquete de decretos que tumbó la corte también cayó el número 1275 que establecía medidas para el uso de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías y la inversión en el departamento de La Guajira. La decisión quedó diferida a un año en proyectos relacionados exclusivamente con agua y acueducto.
El decreto 1272 también cayó porque la Sala Plena consideró que no existía conexión con el decreto madre que declaró la emergencia económica en esa región, pues la propuesta creaba medidas especiales para la atención de niños y niñas en primera infancia, al igual que madres gestantes. En esta oportunidad hubo salvamento de voto por parte de dos magistrados.
En esa misma línea, la Corte decidió tumbar dos decretos que tenían poco o nada que ver con el decreto madre que abogada por la crisis humanitaria por escasez de agua. Se trata del Decreto 1271 que adoptaba medidas en materia de asignación de obligaciones para los permisos del uso del espectro radioeléctrico en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en La Guajira. Y el Decreto 1278 con el que se pretendía proteger la riqueza cultural del pueblo Wayúu.
