El paso de Gustavo Petro por la Alcaldía de Bogotá estuvo marcado por una controversia que aún permanece en la retina de los capitalinos: la crisis en la recolección de basuras en 2012. Lo anterior, por cuenta de un cambio de modelo que, pese a las diversas advertencias de los entes de control, a la postre demostró ser improvisado y hecho a las carreras. Pasada casi una década de esa crisis ambiental, parece que –ahora como presidente de los colombianos–, Petro sigue encarrilado en decisiones con un dejo de obstinación y tozudez con billonarias consecuencias.
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Uno de los casos más recientes de ese manejo acérrimo y contumaz en la conducción del Estado es lo que está pasando con la licitación de pasaportes, en la que están en juego recursos por más de medio billón de pesos ($559.000 millones). Pese a que el proceso estaba en marcha y solo había un oferente en la carrera –la firma Thomas Greg and Sons–, la Cancillería, después de varios ires y venires, declaró desierto el proceso en septiembre pasado.
¿El resultado? No solo el riesgo de intermitencia y hasta parálisis en la prestación del servicio de expedición de pasaportes, sino una demanda por parte de Greg and Sons por $117.000 millones, de ellos $10.000 por daño reputacional. El caso está en conciliación, pero –pese a la pataleta del Gobierno–, la Cancillería no tuvo de otra que extenderle el contrato a la misma firma para continuar elaborando pasaportes hasta octubre de 2024.
Este episodio puso de presente además las rencillas y disputas que se viven en las huestes del “gobierno del cambio”, pues se conoció que –en medio del pleito jurídico–, hubo una acalorada discusión entre el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, y la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora. Mientras que el canciller insistió en no conciliar, Zamora –en cumplimiento de su deber–, recomendó llegar a un acuerdo.
“Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito, ya voy a estar muerto”, dijo subido de tono Leyva, a lo que Zamora, a través de redes sociales, contestó: “Reprochable cualquier comportamiento irrespetuoso hacia la mujer. Mi trabajo siempre será legal y en pro de la defensa del Estado”.
Al margen de esta rencilla lo cierto es que las determinaciones del presidente no solo desencadenan sendos pleitos, sino que tienen consecuencias en los bolsillos de todos. Otra muestra es lo que ocurre con los peajes. Si bien el Gobierno decidió congelar la tarifa en 2023, terminó generando un hueco por $850.000 millones.
La decisión, que de nuevo demostró ser improvisada y sin mayor estudio, derivó en que en 2024 habrá dos incrementos en las tarifas: uno en enero del 13,12 % y otro en julio dependiendo de cómo cierre la inflación. A ello se suma el golpe a la confianza inversionista y la creciente incertidumbre de los privados al hacer negocios con el Estado.
De hecho, un caso que ejemplifica con creces esa pérdida de confianza es lo que ocurre con el metro de Bogotá. Petro, empecinado en hacer un sistema subterráneo, busca modificar el trazado de la primera línea elevada. Pese a que este anhelo de los capitalinos suma más de medio siglo en veremos y la obra registra un avance del 26 %, el mandatario pretende echar al traste el contrato en marcha con un consorcio chino y modificarlo para el tramo soterrado.
Sumado a las dificultades contractuales, la idea del Jefe de Estado implicaría un sobre costo de $12 billones (la obra hoy vale $22,3 billones) y que la puesta en marcha del sistema no sea en 2028, sino en 2034. Inclusive, el mandatario ha dicho que el Estado financiaría el 100% de la obra (actualmente la ley indica que debe aportar el 70%) y hasta propuso un plebiscito que también demandaría millonarios recursos.
Otro de los casos que sobresale en el paquete de medidas apresuradas es la crisis desatada por el descuento en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Si bien el Ejecutivo le apostó a promover el aseguramiento y hacerle el quite a la evasión al conceder una disminución del 50 % en el valor de la tarifa, lo cierto es que terminó causando un déficit que, según el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, podría causar otro hueco de $850.000 millones. Lo anterior, teniendo en cuenta que una parte del Soat se destina al sistema y cada año recauda $2 billones.
A propósito de transporte, se podría enmarcar aquí el subsidio que anunció el Ejecutivo para los taxistas, ideado para aliviar los progresivos incrementos en el precio de la gasolina y, que de fondo, también buscó atajar un paro. Se estima que esta compensación mensualmente le costará al Estado alrededor de $25.000 millones.
No menos controvertido fue el decreto que emitió Petro para pagarles a jóvenes a cambio de no delinquir. Serán en total 100.000 los beneficiarios del programa, a quienes el Estado les concederá $1 millón mensual a cambio de “no matar”.
Incluso, no hay que ir más lejos para encontrar muestras de las cuentas alegres del Gobierno y sus efectos en las finanzas del Estado y la conducción del país. Esta semana, el Ministerio de Hacienda reveló el esperando concepto fiscal de la controvertida reforma a la salud.
Se indica que serán necesario $140 billones entre 2024 y 2033 para aterrizar el proyecto. Sin embargo, la representante Jennifer Pedraza cuestionó esta semana “que el presupuesto como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la salud va a ser decreciente en el mediano plazo. No puedo votar a favor de una reforma que plantea una reducción del presupuesto del sistema”.
En febrero el gobierno Petro completará su primer año y medio al frente del país. Sus determinaciones y decisiones, al margen de la premura y el afán, deben estar mediadas por la rigurosidad y la técnica. No de otra manera Petro podrá hacer realidad su promesa de cambio y avanzar hacia un país más desarrollado y equitativo.
Corte ya le puso límites a Petro
Esta semana la Corte Constitucional adoptó una decisión que le puso freno a una de las tantas medidas apresuradas y sin estudio del mandatario. Al resolver una demanda contra su política de paz total, el alto tribunal determinó que el presidente no puede decidir a quién le levanta órdenes de captura.
Lo anterior, ante su controvertida idea de liberar a jóvenes de la Primera Línea imputados por diversos delitos durante el Paro Nacional. Aunque en este caso no se puede tasar cuánto le costó al Estado una iniciativa de ese calibre, sí supuso un costo político y puso de presente los riesgos de las determinaciones exprés del Jefe de Estado.
