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Lo que “Pacho Malo” tendrá que contarle a la justicia y podría salpicar a la fiscal general (e) Mancera

El exdirector del CTI en Buenaventura pertenecía presuntamente a una red que facilitaba la entrada ilegal de mercancía a Colombia. Señalan a la fiscal (e) de encubrirlo.

  • Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, fue capturado el 22 de febrero en Medellín. FOTO: Colprensa
    Francisco Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, fue capturado el 22 de febrero en Medellín. FOTO: Colprensa
25 de febrero de 2024
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Francisco Javier Martínez Ardila fue, hasta el 22 de febrero, fuente de rumores, acusaciones, alocuciones y confusiones. Ese jueves, finalmente, las sospechas que se habían puesto en discusión en redes sociales y medios de comunicación se confirmaron de manera parcial, cuando el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lo capturó en Medellín.

Martínez ha acaparado la atención los últimos cuatro meses con el alias de Pacho Malo, que presuntamente le fue atribuido en el mundo criminal de Buenaventura, Valle del Cauca, donde fue director del CTI. Según informes de investigadores, “Pacho Malo” era la cara corrupta de la justicia en el enfrentamiento al narcotráfico, al tráfico de armas y al contrabando.

La Fiscalía explicó un día después de su arresto que existen elementos de prueba para presumir que pertenecía a una red conformada por funcionarios del ente acusador y por particulares. Los integrantes, aseguró el órgano penal, facilitaban la entrada ilegal de mercancía a Colombia por los puertos de Buenaventura, en el Valle, y de Barranquilla, en el atlántico.

Según la investigación de la entidad, presuntamente extrajo información reservada de un proceso para alertar a los líderes e integrantes de la estructura criminal. Todos esos datos se consignaron en 2021 en un informe del investigador Mario Fernando Herrera Aparicio, asesinado en marzo de ese año. El crimen, hasta ahora, se atribuye a las disidencias de las Farc.

Herrera fue ultimado luego de haber sido secuestrado en Caloto, Cauca. El informe que redactó, según la revista Raya, decía que “Pacho tiene manejo total en el puerto con los policías y gente que labora dentro del puerto”. El mismo documento también lo relacionaba, en medio de un organigrama de la red delictiva, con narcos como Edgardo Sánchez Arcos, “El Ingeniero”.

“El Ingeniero” fue capturado el año pasado tras pasar por varios contratos con administraciones de Jamundí, Pereira, Tuluá, Toribío y Envigado. Ahora es procesado por narcotráfico. Según el acribillado Herrera, su labor en el entramado criminal era “coordinar con el personal antinarcóticos de Policía Nacional para evitar alertas o revisiones de los contenedores”.

Fabio González y Pablo Bolaños, exagentes encubiertos del CTI, consideraban a Herrera como un “hermano”. Según lo que han denunciado públicamente. Su labor como agentes encubiertos en el Eje Cafetero y en el Valle del Cauca les permitió establecer, en sus palabras, que nada delictivo ocurría en el Valle en cuanto a narcotráfico sin pasar por la vigilancia de “Pacho Malo”.

Su relato dice que pusieron de presente las fechorías del exdirector del CTI de Buenaventura a la entonces vicefiscal general, Martha Mancera, hoy fiscal general encargada, en 2021. Acotan que lo hicieron verbalmente, a partir de la muerte de Herrera, y por medio del informe que él realizó, ya que Mancera y el entonces fiscal Francisco Barbosa se desplazaron hasta la región.

Luego, contaron los investigadores, se reunieron. En ese encuentro, Mancera y Barbosa manifestaron su apoyo, pero no por mucho tiempo. González y Bolaños le pusieron de presente al dúo titular de la Fiscalía que Herrera estuvo al mando de una investigación en contra de “Pacho”. Cuando eso ocurrió, narran, lo siguiente fue un conjunto de presiones por cambiar la historia.

Mancera les dijo que llevaría a “su equipo” a indagar. Fue así como el fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, involucrado presuntamente en el entramado de corrupción de Odebrecht, empezó a procesar a los exagentes por narcotráfico. Además, según el periodista Daniel Coronell, Víctor Forero, directivo del CTI y pareja de Luisa Obando, funcionaria cercana a Mancera, los visitó para que cambiaran su versión.

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Lo que ambos sostienen es que se trata de una persecución injusta, pues contaron con el aval de un juez de garantías para adelantar las investigaciones que después involucraron a “Pacho” en el envío de cocaína a Europa y Centroamérica. Sus labores como encubiertos les permitían tener drogas y armas, pues actuaban en las bandas criminales de la zona como parte de la estrategia de la Fiscalía.

Ahora, aducen, están en medio de una causa penal por narcotráfico. Todo comenzó con una denuncia anónima, de acuerdo con la información oficial de la Fiscalía, sobre un supuesto robo de droga que las autoridades le habían incautado al narcotráfico. Lo que González y Bolaños afirman es que no es cierto.

Incluso, aseguran que después de mostrarle a la fiscal interina la información sobre las presuntas andanzas de “Pacho Malo”, lo que ella hizo como respuesta fue referirse “de manera grotesca” a sus investigaciones. “Ella manoteaba sobre la mesa”, contaron, refiriéndose a la reunión en la que reportaron sus hallazgos.

En ese mismo encuentro, dicen, les dio un abrazo, pero luego de que le hablaron de “Pacho” se molestó y les dijo “me la van a pagar con sangre”. Por dos años más, Francisco Martínez continuó siendo el director del Cuerpo de Investigación en Buenaventura, aparentemente sin mayor investigación de la Fiscalía, mientras que los exagentes fueron trasladados y encarcelados.

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Mancera, quien lleva casi 33 años en la Fiscalía General de la Nación, incluyendo un período en la Seccional Buga junto a Martínez, se ha desmarcado en varias ocasiones de los señalamientos de haber encubierto al exfuncionario, quien, según el informe de Herrera, revelado por la Revista Raya, “era el encargado de liderar la contaminación de los buques en el puerto del Pacífico”.

El 26 de enero de este año, la Fiscalía informó, con un comunicado que solo tuvo un largo párrafo, que un fiscal delegado ante la Corte Suprema “archivó la indagación que se seguía en contra de la vicefiscal general de la nación, Martha Janeth Mancera, y de la delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando Guerrero”.

La indagación existía “por el supuesto beneficio otorgado a estructuras criminales dedicadas al tráfico de armas y de estupefacientes en Buenaventura (Valle del Cauca) y el Magdalena Medio durante 2020 y 2022”. Y se archivó porque, en términos simples, luego de “actos de investigación desarrollados con debida diligencia”, el fiscal delegado concluyó que no había delito.

La Fiscalía no dio más detalles sobre ese cierre. Pero Caracol Radio publicó algunos apartes de la resolución de archivo. “No siempre que se formula una denuncia, por ese solo hecho, la Fiscalía General de la Nación queda obligada a explorar cuantas alternativas hipotéticas razonables se puedan desprender o sugerir como delito por parte del denunciante”, se lee.

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El ente acusador se basó principalmente en los testimonios de dos narcotraficantes: Yeison Garzón, alias Perjuicio, y Carlos Loaiza. Ellos dijeron que no conocían a la entonces vicefiscal Mancera, pero sí a los dos exagentes Fabio González y Pablo Bolaños. Garzón y Loaiza aseveraron que los investigadores, valiéndose de la figura de agentes encubiertos, quisieron delinquir.

La resolución también indica que González y Bolaños no atendieron a una diligencia de ampliación de denuncia y entrega de algunas pruebas. Uno de ellos se encontraba fuera del país, de vacaciones, y otro, a la espera de que la Corte Suprema de Justicia le respondiera una solicitud de designar un fiscal ad-hoc para el caso. La Fiscalía les pedía asistir presencialmente.

El órgano dirigido por Mancera comunicó, horas después de la detención de Martínez Ardila, que un juez de garantías le impartió legalidad a la captura y que esperaba “en las próximas horas” imputarle concierto para delinquir agravado con fines de contrabando y acceso abusivo a un sistema informático. Su paso siguiente, no obstante, fue solicitar reserva de las audiencias.

“La captura de Martínez Ardila también es el resultado de las acciones investigativas realizadas contra la corrupción interna, que se han impulsado en este cuatrienio para garantizar transparencia y legalidad en el ejercicio de las funciones”, afirmó el ente investigador, aunque procedió a pedir al juzgado de garantías del caso que cierre las puertas de las siguientes diligencias.

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