Hoy se tramita en segundo debate de la Cámara de Representantes un controvertido proyecto de ley “anticorrupción”, que despertó indignación entre periodistas, asociaciones de medios y activistas que defienden la libertad de prensa. Se trata de una modificación al Código Penal, que podría obstaculizar las denuncias de irregularidades contra funcionarios públicos.
El proyecto de ley 369, que hace tránsito por la Cámara, sufrió cambios en la ponencia para segundo debate, coordinada por el representante César Augusto Lorduy, del partido Cambio Radical. Aunque este diario se comunicó con Lorduy para hablar sobre el proyecto, el congresista no contestó.
Sobre el final del informe de la ponencia, quedó expuesta una adición al Código Penal, establecido en la Ley 599 del año 2000. Allí se crea un nuevo delito: “Injuria y calumnia contra contra funcionarios o exfuncionarios públicos”.
Según reza el texto, quien “pretenda atacar” las labores de un empleado del Estado podría incluir en penas de entre cinco y diez años de cárcel. A su vez, se expone que aquellos que incurran en ese delito tendrían que pagar multas de entre 13,3 y los 1.500 salarios mínimos mensuales vigentes, lo cual representa sumas que van desde los $12 millones hasta los $1.362 millones de pesos.
El “mico” en el proyecto de ley va incluso más allá de estas sanciones: establece que el juez de control de garantías debe suspender o cancelar la personería jurídica, en caso de que quien cometa el delito sea su representante legal.
“Por supuesto que es un problema que existan rumores o noticias falsas sobre funcionarios públicos”, le dijo a EL COLOMBIANO Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la CIDH. “Sin embargo, esta ley no solamente no va a frenar ese fenómeno sino que va a amparar el encarcelamiento de las personas que hagan periodismo de investigación y denuncien hechos de corrupción o violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios públicos cuando quiera que estos no han sido condenados”.
Después de que la Asociación Colombiana de Medios de Comunicación rechazara la propuesta, varias organizaciones se han sumado. Incluso la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció y pidió que se archivara el proyecto de ley
