“En una democracia ningún presidente puede hacer lo que se le dé la gana”, “Señor presidente amárrese los pantalones... y combata a los únicos despojadores: Farc, Eln y bacrim”. Son solo un par de manifestaciones del exprocurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, -criticado por muchos, admirado por otros- y quien en los últimos meses vio los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc como su enemigo natural, tal como antes fueron la adopción por parejas del mismo sexo, el matrimonio igualitario, el aborto, la suspensión de la aspersión de glifosato, la legalización de la marihuana y la consideraciones que ampliaban los derechos en pro de los animales, entre muchos otros temas.
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En el ring, Ordóñez se batió con pesos pesados como el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y de paso con sus funcionarios, lo mismo que contra los colectivos defensores de ideas diametralmente distintas a sus conservadoras posturas, como los animalistas y los homosexuales. Peleas que también llegaron al campo institucional, donde se enfrentó a disposiciones de cortes como la Constitucional, de la cual por demás recibió un fuerte regaño.
Cómo no mencionar los enfrentamientos que con dientes y uñas que el saliente procurador trenzó con la exsenadora Piedad Córdoba, quien recientemente logró reversar una de las dos decisiones que en su contra emitió el Ministerio Público, o el caso del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, a quien Ordóñez no logró sacar del Palacio Liévano.
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“No sea camorrero”, le respondió recientemente el jefe del Ministerio Público al expresidente César Gaviria, ante los cuestionamientos que éste hiciera frente a la presunta transgresión de funciones desde el edificio de la Procuraduría, ubicado en el corazón de Bogotá, so pretexto de velar por los derechos de los ciudadanos.
Argumentos que para muchos no son otra cosa que el paso previo a una campaña de Ordóñez hacia la presidencia de la República. Esto último quizás por asegurar que “no se puede tratar a los camioneros como si fueran terroristas y a los terroristas como si fueran empresarios”, o por la repartición de mercados o las visitas a comunidades de diferentes partes del país.
Los Acuerdos de paz
“La paz no lo justifica todo”. Es el nombre del libro en el que Ordóñez consigna las razones en las que sustenta sus críticas al proceso de paz alcanzado en Cuba y cuya firma se tiene dispuesta para el 26 de septiembre próximo. Marco este en el que ha referido Ordóñez se trazaron planes para sacarlo de la Procuraduría General. “... ni las Farc ni santos disimulan el afán por sacarme de la Procuraduría para poder actuar sin control alguno”.
En su carrera contra lo acordado en La Habana hizo que se cuestionara la objetividad y la transparencia como se adoptaron decisiones entre los negociadores de paz, llegando a señalar incluso la sustitución de la Constitución por parte de los acuerdos logrados y de las que ha cuestionado la proporcionalidad de las penas para los guerrilleros, de cara a la gravedad de sus delitos.
Las baterías también fueron enfiladas contra lo acordado en el caso de los militares, el modelo de justicia negociado, el tribunal especial de paz que -dijo- “acaba con la seguridad jurídica” y por creer que somete a las altas cortes.
Ordoñez vs. exfiscal
A pesar de esto Ordóñez siempre ha dicho no ser enemigo de la paz, sino que cumplía con su deber funcional y como el garante que la sociedad reclamaba en los diálogos en La Habana, y los que empezarán con el Eln, se hicieran de cara al país y que no hubiera impunidad.
Esta postura le significó toda una ‘pelea’ con el Fiscal General, Eduardo Montealegre. Ante la Corte Constitucional y en foros en todo tipo la discusión entre ambos funcionarios, y hasta los indirectazos camuflados en humor se tomaron la opinión pública y calentaron el debate sobre el Marco Legal para la Paz y los avances en Cuba.
Sucedió muchas veces. Una muy recordada tuvo lugar en la Universidad Externado de Colombia el 9 de mayo de 2013. Allí, sentados uno al lado del otro y pasándose el micrófono entre sí, fiscal y procurador tuvieron lo que comúnmente pude definirse como un ‘choque de trenes’. El primero aseguró que el Marco para la Paz da las garantías necesarias en un proceso de Justicia Transicional y el segundo diciendo que es todo un marco de impunidad.
El debate llevó a Montealegre a asegurar: “Señor Procurador, su concepto de justicia es del siglo XVIII”. El ‘buuu’ del público fue respondido minutos después cuando Ordóñez ripostó: “sus interpretaciones le prestan un flaco servicio a la paz, la están debilitando”.
Pero más que los indirectazos, esta ‘pelea’ es la evidencia de dos posiciones totalmente contrarias. Así, cuando meses después, ya habiendo un fallo de la Corte Constitucional a favor del Marco para la Paz (con algunos condicionamientos para el Congreso), una vez más Ordóñez salió con evidente molestia a cuestionar al Fiscal por el mismo tema.
Fue para finales de abril pasado cuando el Fiscal propuso penas alternativas y hasta trabajo social para los guerrilleros de las Farc. La respuesta no esperó y Ordóñez retomó con ahínco su concepto de “impunidad”.
Y lo llevó más allá, en mayo, cuando dijo que los pronunciamientos de Montealegre, quien había pedido días antes a la Corte que responsables de delitos de lesa humanidad puedan participar en política, eran una evidencia de que el Fiscal era una especie de mensajero del Presidente Santos.
“Tengo un palpito, una percepción que se me está convirtiendo en certeza moral. Oyendo al Señor Presidente y al Señor Fiscal, creo que el Señor Fiscal dice y hace lo que el Presidente no puede decir y no puede hacer”, apuntó.
Derechos Lgbti y reproductivos
Pero si esa ‘pelea’ de Ordóñez da para varias hojas, las que ha tenido por el tema de los derechos de la comunidad Lgbti y temas como el aborto, no se quedan atrás. Siempre criticado por varios sectores que creen que le mete religión a sus políticas públicas, el procurador Ordóñez se ganó fama de ‘inquisidor’, ‘monseñor’ y hasta ‘retrogrado’, que le valieron hasta tomatazos a vallas con su rostro.
Tal vez para salirse del debate político, con hechos concretos se pueden evidenciar las posiciones de la procuraduría de Ordóñez, es decir, institucionales, en contravía de decisiones judiciales a favor de estos temas.
Es así como le pidió a la Corte que anulara la sentencia en la cual avaló los abortos en tres casos específicos, y solicitó tumbar otros fallos que de manera expresa le pidieron que modificara la posición oficial de la Procuraduría y otro más que determinó que las parejas del mismo sexo sí son familia y que daba reconocimiento de derechos pensionales a estas parejas.
En más de una ocasión la Corte le haló las orejas a Ordóñez asegurándole que tiene el deber de cumplir con las decisiones judiciales que ésta profiera, que hacen tránsito a cosa juzgada, y que no puede simplemente omitir su cumplimiento.
“Las sentencias que adopta la Corte Constitucional son decisiones judiciales cuyo cumplimiento la Carta encomienda, entre otras autoridades, al Procurador general”, le dijo la Corte al negarle la nulidad sobre el fallo del concepto de familia.
Lo mismo sucedió cuando en julio de 2013 Ordóñez salió a criticar directamente a los magistrados por el fallo que permite el matrimonio igualitario. Ordóñez dijo que no era un fallo claro, que la Corte terminó legislando y que no solo lo regañó sino que le exigió respeto:
“(...) invita al Procurador General de la Nación a que, cuando se dirija a esta Corporación, lo haga en términos comedidos, manteniendo siempre el decoro propio de una dignidad como la que representa”, precisó la Corporación.
Pero tal vez el tema más sensible son las discusiones indirectas con representantes de la comunidad Lgbti y organizaciones de mujeres que consideran que el Procurador afectaba sus derechos con estas peticiones de nulidad y por sus pronunciamientos públicos sobre qué es una familia, entre otros.
Un tema que sigue pendiente, precisamente, es una tutela que ganó Women’s Link y otras 1279 mujeres quienes cuestionaron el criterio de Ordóñez frente a la píldora del día después, a la cual el funcionario calificó como abortiva. Una vez más las organizaciones ganaron, la Corte ordenó al Procurador que rectificara, pero Ordóñez pidió nulidad y el caso está en debate.
Caso Petro y Piedad
El ‘caso Petro’ resume algunos de los enfrentamientos de servidores públicos cobijados por el fuero del Procurador. Los casos han pasado por el debate de si son fallos en derecho o políticos y han dividido intereses en la opinión pública.
Uno de estos ejemplos es el de Petro. La Procuraduría de Ordóñez, porque no fue decisión de él directamente, sancionó con destitución en el cargo e inhabilidad por 15 años al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por irregularidades en el cambio del esquema de basuras en la capital del país.
El fallo conmocionó. Petro decía que era una persecución política, hasta dijo que tenía que ver con su pasado guerrillero y el programa de la Bogotá Humana. Otros indicaban que era excesivo que por una mala gestión o, incluso una improvisación, se le dieran 15 años de inhabilidad cuando el tema no era de corrupción y cuando personajes como el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, solo recibieron una sanción de suspensión por un mes por el tema del ‘Carrusel de la Contratación’.
Ese caso, además, fijó un precedente. Petro se defendió en lo que autoridades judiciales como la presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, calificó como un “desgaste de la justicia por excesivo uso de la tutela” en procesos que siempre fueron controvertidos por la Procuraduría.
Al final Petro se quedó en el cargo haciendo uso de una acción de nulidad y restablecimiento de derecho y el caso evidenció la necesidad de hacer varias reformas al Ministerio Público, como la segunda instancia y si puede destituir a inhabilitar a servidores públicos elegidos popularmente.
El caso Petro también trajo a colación la destitución de la exsenadora Piedad Córdoba, en cuyo proceso por ‘farcpolítica’ fueron utilizadas pruebas halladas en los computadores del jefe guerrillero alias ‘Raúl Reyes’, que la Corte Suprema de Justicia decretó ilegales.
“Los entiendo cuando me atacan por mis creencias. Eso demuestra ausencia de argumentos para cuestionar mi gestión”, dijo Ordóñez en su defensa.
