Son muchas las voces que se oyen sobre los beneficios que traerá la paz para la economía de Colombia, pero son más bien pocas las que explican cómo se va a financiar y de dónde saldrá el dinero que se requiere para la implementación de los acuerdos a los que se acaba de llegar.
Esta es una de las grandes preocupaciones que existe actualmente en el país, pues como muchos sectores concuerdan, el Gobierno Nacional se ha quedado corto en la explicación sobre este tema tan vital, teniendo en cuenta que la financiación del posconflicto tendría una duración de mínimo diez años.
El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, manifestó que el éxito del proceso de paz radica en el cumplimiento de los acuerdos, por lo que esperan que “una cosa de la magnitud histórica para el país tenga una atención y un diseño eficaz, no solo en términos de cese de hostilidades”.
Esto frente a las “dudas sobre el nivel de preparación y las fuentes de financiación del gobierno” para cumplir con el objetivo que impondrá toda la implementación del posconflicto, que además de la cooperación internacional, debe tener un alto valor dentro del Presupuesto General de la Nación.
A esto se suma la opinión del director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana, Iván Garzón, sobre la sostenibilidad de esta financiación que tendrá a mediano plazo el tema del posconflicto, “porque hay compromisos de cinco a diez años”.
Hasta ahora lo que sí es claro, según los cálculos adelantados por diferentes sectores, es que la implementación de los acuerdos tendrá un valor que oscila entre los 90 y 100 billones de pesos en los diez años, equivalente a cerca de 9 o 12 billones de pesos anuales.
Los costos
Los cálculos del Gobierno indican que la etapa del posconflicto le costaría a Colombia cerca de 90 billones de pesos en los próximos diez años, para el desarrollo agropecuario, la jurisdicción agraria, la formalización y registro de la propiedad rural, la eficiencia tributaria y la gobernabilidad local.
Para el senador Roy Barreras, este gasto estaría amortizado porque en una Colombia sin violencia se produciría un aumento de los ingresos de cerca de 100 billones de pesos, según los datos citados por el Instituto de Economía y Paz.
Sin embargo, para la firma Raddar el posconflicto, como hoy está planteado, puede costar cerca de 480 billones en los próximos 20 años, considerando los costos militares de sostenimiento, la reinserción de combatientes, la reparación de las víctimas y la restitución de tierras.
Según Camilo Herrera, presidente de Raddar, “Colombia pasaría de perder 53 billones de pesos anuales por el conflicto, a pagar 24 billones de pesos por 20 años para recuperarnos del proceso, ahorrando anualmente cerca de 29 billones en la economía, que se irían a productividad, empleo y desarrollo”.
Mientras que los cálculos de la senadora de la Alianza Verde Claudia López, van por el mismo nivel. El informe presentado registra que estaría cercano a los 333,5 billones de pesos durante 15 años, desagregados en: ciudadanía, Estado, mercado, otros acuerdos en La Habana, reparación de víctimas y paz política-electoral.
La senadora propone invertir el 1,5 % del Producto Interno Bruto del país anual durante estos 15 años, ya que el dividendo económico que ha explicado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, está entre uno y dos puntos del PIB.
¿Y la plata?
Por un lado, está el esfuerzo que tendrá que hacer el Gobierno Nacional, y en general todos los colombianos, para el financiamiento de los acuerdos; y, por el otro, el apoyo que brinde el sector privado a través de las empresas y la cooperación internacional que recibirá Colombia.
Así lo manifestó John Mauro Perdomo, profesor universitario y consultor privado, quien explicó que la mayor proporción la tendrá que asumir el Gobierno. “Ese porcentaje podría estar por alrededor del 80 % y, más o menos, el 20 % restante estará distribuido entre el sector privado y la cooperación”, dijo.
Sobre la participación del Gobierno, Perdomo explicó que aunque tiene que pegarse a unas reglas fiscales para el manejo de su política y el control macroeconómico, allí tiene posibilidades de hacer un poco más flexible esa regla para captar más recursos a través de la deuda externa.
“Los niveles de deuda externa de Colombia no son particularmente altos, con relación a lo que hay internacionalmente, por lo que en este momento capturar más deuda, no solamente externa, podría ser una opción para financiar esos gastos”, resaltó el analista.
La otra fuente de financiación sería la reforma tributaria estructural, la cual permitiría contar con un monto importante de recursos. “Si se logra reducir la evasión y elusión, se podría incrementar el recaudo tributario en más o menos 30 %, que podría ser equivalente a los valores que se están tratando de obtener con la reforma estructural”, manifestó.
Entendiendo que la implementación de los acuerdos es un esfuerzo donde tiene que estar comprometida toda la sociedad, se esperaría un aporte importante por parte del sector privado para absorber mano de obra de desmovilizados, víctimas y población que históricamente han sido vulnerados por la violencia.
En este punto va a ser importante el trabajo desde los programas de responsabilidad social empresarial, “para desarrollar agendas que realmente tengan un impacto significativo a nivel territorial, lo que reduciría el monto de los esfuerzos que tendría que hacer el hacerse del lado del gobierno”.
Perdomo explicó que, finalmente, entre los autores de la financiación, estará la cooperación internacional, donde ya algunos países han manifestado su interés y voluntad de aportar con recursos para el desarrollo y la implementación de los acuerdos. Sin embargo, resaltó que esa ayuda ya está comprometida para usos específicos.
“Esa no es una plata con la que nosotros tengamos una disponibilidad completa para utilizarla como mejor consideremos, sino que está atada a las líneas más estratégicas de los cooperantes”, explicó el experto, quien resaltó que esto sería para desminado humanitario, reparación de víctimas, apoyo a desarme, desmovilización y reinserción de excombatientes; y la implementación de esquemas alternativos de resolución de conflictos.
Los programas del Gobierno
Lo grueso del posconflicto se va a financiar sobre las actividades que el Gobierno ya viene desarrollando, donde más que los mismos recursos, el tema va a ser la capacidad de desarrollar políticas públicas efectivas en los territorios donde se van a desarrollar de forma intensiva dicha implementación de los acuerdos.
Según Perdomo, el escenario de una menor conflictividad va a abrir la posibilidad para que la implementación de esas políticas sea mucho más efectiva. “Cuando uno habla de costos del posconflicto, independiente de las cifras que se estén considerando, tenemos que eso no va a ser dinero adicional, porque la mayoría son cosas que ya se vienen haciendo, programas que ya cuentan con financiamiento, que habrá que ampliar en algunas medidas, pero el grueso del presupuesto está ahí”.
Sobre estos programas, el experto John Mauro Perdomo explicó que existen tres tipos de gastos que son muy específicos al tema del posconflicto: las víctimas, reforma agraria y recuperación del campo; y desarme, desmovilización y reinserción.
Para el primero ya existe la Unidad para las Víctimas, que cuenta con un presupuesto amplio y capacidad para asumir la tarea que ya vienen haciendo, pero que se va a profundizar con la implementación de los acuerdos. “Esa plataforma ya existe, cuenta con recursos importantes, que van a poder ser potencializados a través de los acuerdos”, indicó.
Frente al tema del campo, explicó que el Gobierno en los últimos años ha tenido que incrementar de forma sustancial el presupuesto para el sector, debido a la reducción de los precios de las materias primas. “En este momento está recibiendo el orden de 5 billones de pesos anuales, entonces allí hay una opción para profundizar, para redireccionar esos recursos como se considere que pueden alinearse mejor con la implementación de los acuerdos”, dijo.
Para la desmovilización y la reinserción, Colombia también ya cuenta la Agencia Colombiana para la Reintegración, la cual lleva varios años operando con la reincorporación de los integrantes de las Autodefensas. “Allí va a haber recursos, pero también está el tema montado y funcionando, ellos vienen haciendo un trabajo y ya tienen una experiencia”, manifestó.
Finalmente, resaltó que en temas de seguridad y defensa es importante mantener la estructura por varios años, sin afectar su tamaño ni capacidad, especialmente porque durante los primeros cinco años “debilitarla puede promover una reactivación de los conflictos”. El experto señaló que se debe mantener el presupuesto, que está por el orden de los $30 billones, el cual ya está incluido.
Aunque algunos sectores consideran que con la firma de los acuerdos se va a lograr un crecimiento de la economía más oneroso o que los indicadores económicos se van a disparar, Perdomo manifestó que eso no va a suceder, así como tampoco va a ser una catástrofe presupuestal asumir los costos del posconflicto. “Va haber un esfuerzo para asumir esos costos y unos beneficios adicionales, pero en ambos casos va a ser algo marginal, con relación a lo que se discute en la sociedad”, concluyó.
