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¿Cuidar el Acuerdo de Paz con las Farc lo vale todo?
La propuesta de modificar lo pactado en Cuba con la intención de mantener a la antigua guerrilla lejos de las armas levantó ampolla en varios sectores.
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El 24 de agosto de 2016, el Gobierno y las Farc alcanzaron en La Habana (Cuba) el histórico Acuerdo de Paz. Humberto de la Calle representó al Gobierno . FOTO Colprensa
01 de mayo de 2018
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¿Modificar las reglas del juego con el ánimo de mantener la paz?, es la pregunta que hoy se hace el país, después de las declaraciones de Humberto de la Calle en las que pidió, en aras de la seguridad nacional, que la extradición de miembros de Farc que incurran en nuevos delitos se dé únicamente después de ser vencidos en la justicia ordinaria, haber dicho la verdad y reparado a sus víctimas.
“Si son culpables deben brindar verdad y ser castigados aquí por sus delitos, porque, de ser ciertos los hechos, han traicionado a Colombia. Sus víctimas tienen derecho a conocer la verdad, que no queden a la deriva como ocurrió con las víctimas de los paramilitares extraditados”, dijo el exjefe negociador del Gobierno y candidato presidencial.
De la Calle estaba de acuerdo con la extradición de Seuxis Hernández, conocido como “Jesús Santrich” si se comprobaba que había traficado cocaína a EE. UU. después de la Firma del Acuerdo de Paz.
Pero su posición cambió cuando The Wall Street Journal, un diario norteamericano, aseguró que la DEA tiene una investigación abierta contra Iván Márquez, también por narcotráfico. “Creo que es la justicia colombiana la que debe examinar a fondo las pruebas. El análisis formal propio de la extradición no es lo que conviene. Los colombianos necesitamos conocer, evaluar y juzgar a fondo las acusaciones”, señaló.
Dijo que ya era un asunto de seguridad nacional y que, de lo contrario, corre riesgo la paz de Colombia y se volvería a la guerra. “Ese señalamiento es muy peligroso”, dijo Juan Manuel Charry, constitucionalista de la U. del Rosario, porque es un chantaje para el país que “está presenciando el incumplimiento de las Farc”.
Además, Charry criticó que se propongan cambios cuando son beneficiosos para Farc, pero cuando son propuestas de quienes están en contra de lo acordado, no se aceptan. “Frente a esta coyuntura, en lugar de mantenerse en la línea del Acuerdo, se acude a proponer modificaciones”.
Contrario a Charry, el decano de Humanidades de la U. Eafit, Jorge Giraldo, expresó que para salvar la paz “vale la pena revisar los alcances de esas 310 páginas del Acuerdo final y hacerle los ajustes necesarios porque ese Acuerdo, y lo que llamamos posacuerdo se nos está haciendo agua entre las manos”.
Frente a la polémica, el Gobierno sentó posición: “Esta es una propuesta extemporánea”, manifestó Guillermo Rivera, ministro del Interior.
Lo que dice la norma
El ministro explicó que en la reforma constitucional que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se estableció que si los excombatientes de las Farc llegaban a cometer delitos con posterioridad a la firma del Acuerdo, estos pasarían a ser competencia de la justicia ordinaria con todos sus instrumentos, incluida la extradición.
Además, en ese mismo Acto Legislativo (el 01 de 2017) estableció que si algún exguerrillero o su familiar es solicitado en extradición por hechos posteriores a la firma del Acuerdo, antes de que la solicitud vaya a la Corte Suprema de Justicia debe ser revisada por la JEP, para establecer si esos hechos efectivamente fueron cometidos después del 1° de diciembre de 2016.
Sin embargo, Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la U. Nacional, consideró que esta parte del acuerdo, y por ende las normas que lo incorporan a la Constitución, son incorrectos, con lo que le da la razón a De la Calle.
“En el Acuerdo debió quedar claro el papel de la JEP, que debería conocer primero los casos y juzgarlos, para garantizar la verdad a las víctimas y así acabar con el conflicto”, dijo Vargas, quien consideró que no hay que cambiar lo acordado, “lo que hay que cambiar es ese arrodillamiento de la justicia colombiana a la norteamericana, si son culpables que paguen aquí, y después se extraditan”.
El asunto es que la posibilidad de la extradición fue puesta en el Acuerdo para impedir que los excombatientes volvieran a delinquir, si se elimina podría ser un incentivo perverso, concluyó Charry.
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