¿Modificar las reglas del juego con el ánimo de mantener la paz?, es la pregunta que hoy se hace el país, después de las declaraciones de Humberto de la Calle en las que pidió, en aras de la seguridad nacional, que la extradición de miembros de Farc que incurran en nuevos delitos se dé únicamente después de ser vencidos en la justicia ordinaria, haber dicho la verdad y reparado a sus víctimas.
“Si son culpables deben brindar verdad y ser castigados aquí por sus delitos, porque, de ser ciertos los hechos, han traicionado a Colombia. Sus víctimas tienen derecho a conocer la verdad, que no queden a la deriva como ocurrió con las víctimas de los paramilitares extraditados”, dijo el exjefe negociador del Gobierno y candidato presidencial.
De la Calle estaba de acuerdo con la extradición de Seuxis Hernández, conocido como “Jesús Santrich” si se comprobaba que había traficado cocaína a EE. UU. después de la Firma del Acuerdo de Paz.
Pero su posición cambió cuando The Wall Street Journal, un diario norteamericano, aseguró que la DEA tiene una investigación abierta contra Iván Márquez, también por narcotráfico. “Creo que es la justicia colombiana la que debe examinar a fondo las pruebas. El análisis formal propio de la extradición no es lo que conviene. Los colombianos necesitamos conocer, evaluar y juzgar a fondo las acusaciones”, señaló.
Dijo que ya era un asunto de seguridad nacional y que, de lo contrario, corre riesgo la paz de Colombia y se volvería a la guerra. “Ese señalamiento es muy peligroso”, dijo Juan Manuel Charry, constitucionalista de la U. del Rosario, porque es un chantaje para el país que “está presenciando el incumplimiento de las Farc”.
Además, Charry criticó que se propongan cambios cuando son beneficiosos para Farc, pero cuando son propuestas de quienes están en contra de lo acordado, no se aceptan. “Frente a esta coyuntura, en lugar de mantenerse en la línea del Acuerdo, se acude a proponer modificaciones”.
Contrario a Charry, el decano de Humanidades de la U. Eafit, Jorge Giraldo, expresó que para salvar la paz “vale la pena revisar los alcances de esas 310 páginas del Acuerdo final y hacerle los ajustes necesarios porque ese Acuerdo, y lo que llamamos posacuerdo se nos está haciendo agua entre las manos”.
Frente a la polémica, el Gobierno sentó posición: “Esta es una propuesta extemporánea”, manifestó Guillermo Rivera, ministro del Interior.
