Miguel Ángel del Río, abogado de la excongresista Aída Merlano, denunció que se descubrió un plan para asesinar a su defendida, recluida actualmente en la cárcel El Buen Pastor.
En diálogo con Colprensa, manifestó que la información que se tiene es que la orden fue dada desde la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, y sería ejecutada por internas del establecimiento carcelario en el que pernocta Merlano.
Según esta versión, un recluso, conocido con el alias de Perro Montés que trabaja para “El Iguano” y “El Gurre”, habría contratado a una mujer para “hacerle la vuelta” a Merlano.
“Este plan tendría una relación directa con la información que ella está entregando a las autoridades, llámese Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la Nación”, aseguró del Río.
Sobre el estado actual de Aída Merlano, el abogado expresó que existe un gran temor por su seguridad, que incluso la excongresista lleva un día sin salir de su celda y solicita a las autoridades protección.
“Hacemos un llamado urgente a todas las autoridades. Hablamos con el Director del Inpec, el ministro de Justicia y el ministro de Defensa para advertir la gravedad de la situación y el riesgo que tiene en este momento Aida Merlano”, informó el abogado.
Igualmente, al ser consultado sobre el traslado de Merlano a una guarnición militar por cuestiones de seguridad, el defensor de la excongresista expresó que aún no tienen respuesta sobre el hecho.
La Procuraduría abrió una indagación para esclarecer los hechos en días pasados, en los que habrían existido presuntas agresiones físicas entre Merlano y una guardiana del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) al interior de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
Aunque el Inpec asegura que la interna agredió a la guardiana porque le decomisó un celular, el abogado de Merlano asegura que ella fue víctima de una golpiza.
Luego de estos hechos, la excongresista corrupta y su abogado presentaron incapacidades médicas que determinaron el aplazamiento en varias ocasiones de las diligencias judiciales que se tenían agendadas por la Corte Suprema de justicia por sus denuncias contra el clan Char y la diligencia por fuga de presos que cursa en la Fiscalía General.
