La Contraloría General de la República anunció la apertura de juicio de responsabilidad fiscal por la presunta compra irregular de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en el Departamento de la Guajira. Advierte el ente de control que se hicieron hallazgos sobre conductas con posibles incidencias fiscales, disciplinarias y penales.
El escándalo motivó además el inicio de una investigación especial sobre los últimos cuatro años de contratación de esta entidad.
Ahora, por los actuales hechos denunciados, deberán responder el exdirector general, los exsubdirectores generales y de atención de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y los tres representantes legales que presentaron su cotización para este proceso.
Contra estos exfuncionarios, además de la apertura del proceso, en su contra se impuso una medida cautelar de embargo de sus cuentas bancarias.
La Contraloría advierte que existió un presunto sobrecosto de más de $7.760 millones y que de acuerdo con los análisis del costo unitario, el valor de cada carrotanque debió ser de aproximadamente $31.567 millones y no los $39.327 millones pagados a la firma Impoamericana Roger SAS, antes de IVA.
“Se pudo establecer, entre otros varios, que las tres (3) empresas cotizantes tienen vínculos entre sí, tales como que hay una relación conyugal entre la propietaria de una ellas (Brand SAS) y el representante legal de otra de ellas (Luket SAS), Sandra Liliana Brand Pantoja y Luis Eduardo López Rosero, respectivamente. Así mismo, en el año 2023, la empresa Luket SAS pagó los aportes al Sistema de Seguridad Social del señor Roger Alexander Pastas Fuertes, quien para la fecha de la cotización y firma de la Orden de Proveeduría, fungía como representante legal de la empresa Impoamericana Roger SAS, que fue la adjudicataria de dicha la Orden de Proveeduría”, reveló la Contraloría.
También encontró la Contraloría que la empresa adjudicataria IMPOAMERICANA ROGER SAS era la de menor capacidad entre las tres cotizantes; en su objeto social no estaba incluida la venta de carrotanques y que tenía un escaso capital de trabajo de $207 millones para responder y cumplir por un contrato de $46.800 millones.
Entre los hallazgos del organismo llama la atención que la UNGRD no presentó los Estudios Previos y de Análisis de la Necesidad que sustentaran con suficiencia lo contratado, ni tampoco los estudios de mercado que soportaran el valor unitario pagado por la compraventa de estos carrotanques.
Para la Contraloría “no hubo una selección idónea y objetiva de las tres empresas que presentaron cotización para esta Orden de Proveeduría. Los tres proveedores escogidos por la UNGRD para que presentaran cotización para la compraventa de los 40 carrotanques, tienen relaciones familiares, comerciales y personales entre ellos, de modo que la UNGRD no realizó una selección que evidenciara competencia, objetividad y transparencia en el proceso de selección y adjudicación”.
Cuestiona que pese a que, según la UNGRD, estos carrotanques fueron adquiridos para contribuir a superar la situación de desastre nacional en el Departamento de La Guajira, los mismos solo empezaron a ser utilizados a partir de febrero 22 de 2024, es decir, 3 meses después de haber sido recibidos a satisfacción y 2 meses después de haber sido pagados al proveedor.
“La UNGRD no ha presentado la necesaria certificación de la debida desinfección de los tanques en acero inoxidable, habida cuenta de que fueron adquiridos para distribuir agua potable a las comunidades de Uribia y sus zonas rurales”, dice la Contraloría.
