Familias víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño, representadas por la Fundación Forjando Futuros, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la Sociedad Portuaria Pisisí S.A., por los presuntos delitos de estafa agravada y abuso de confianza, al parecer, por el incumplimiento de un acuerdo de compensación integral firmado hace cinco años.
La acción judicial fue instaurada contra Teófilo Lemus, representante legal de la sociedad portuaria, y contra el ciudadano español José María Pernas, socio inversionista del proyecto Puerto Pisisí de Urabá, al considerar, según la fundación, que las víctimas fueron inducidas a firmar compromisos que, al parecer, hasta la fecha, no han sido ejecutados.
Las familias afectadas son campesinos reconocidos oficialmente como víctimas del conflicto armado por hechos ocurridos entre 1991 y 1996 en la vereda Casanova, municipio de Turbo, relacionados con los asesinatos de los concejales Hoover Quintero y Luis Eduardo Cubides, y del secretario del Concejo Candelario Pérez de la Rosa, todos militantes de la Unión Patriótica.
Estos crímenes han sido reconocidos por el Estado colombiano a través de la Unidad de Restitución de Tierras, el Juzgado Primero de Restitución de Tierras y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Según detalla la fundación, los predios de los que fueron despojadas las familias, hoy destinados al desarrollo del proyecto portuario, fueron incluidos en el Registro de Tierras Despojadas, pese a que actualmente figuran a nombre de la Sociedad Portuaria Pisisí S.A.
En decisiones judiciales de restitución, se ordenó una compensación por equivalencia, cuyo cumplimiento, según las víctimas, sigue siendo “parcial e insuficiente”.
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Además, la fundación afirma que el 27 de abril de 2021, las partes suscribieron un Memorando de Entendimiento mediante el cual la empresa se comprometió a entregar tierra rural, vivienda, proyectos productivos, crear una empresa asociativa y pagar tres salarios mínimos mensuales por núcleo familiar. De acuerdo con la denuncia, ninguno de estos compromisos ha sido cumplido.
“Han pasado seis años y la empresa no ha cumplido una sola de las obligaciones pactadas. Por eso acudimos a la Fiscalía, porque estamos frente a una estafa agravada contra familias que ya fueron reconocidas como víctimas por la justicia”, aseguró Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros.
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Por su parte, los afectados afirmaron haber agotado todas las vías de diálogo con la empresa sin obtener respuestas concretas.
“Hemos sido usados, utilizados, fuimos engañados para llegar a un acuerdo en medio de un proceso de restitución, mismo que nunca cumplió la sociedad portuaria. Nos cansamos de reclamar, nos cansamos de solicitar, pero ellos siempre hicieron caso omiso. Tengo por decir que uno de los firmantes desafortunadamente falleció y hoy ya no va a disfrutar ni de la reparación que el Estado otorga ni de el acuerdo que a día de hoy la sociedad portuaria ha incumplido”, señaló Vanderley Quintero, vocero de las víctimas.
Desde la Fundación Forjando Futuros reiteraron su disposición al diálogo y manifestaron que no se oponen al desarrollo del proyecto portuario, siempre y cuando este avance con respeto por los derechos de las víctimas y se cumplan los compromisos adquiridos en el marco de la reparación integral.
Hay que recordar que este es uno de los cinco puertos que tendrá Urabá, posiblemente, el segundo que entre en operación. Este puerto multipropósito está ubicado en la Bahía del municipio de Turbo, en la vereda Casanova. El proyecto moverá vehículos, granel líquido y solido (excepto carbón).
EL COLOMBIANO se comunicó con Teófilo Lemus, representante legal de la sociedad portuaria, para conocer su versión de los hechos y hasta el momento no ha recibido respuesta.
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