Desde taxis haciendo “colectivo” hasta mototaxistas se ven en la zona donde convergen Medellín, Itagüí y La Estrella. Gremios piden más controles y autoridades comentan sus resultados.
El sector de Induamérica, en el municipio de Itagüí, es uno de los principales puntos de movilidad que hay en el sur del Aburrá, pues allí se conectan los municipios de Medellín –con su corregimiento de Prado– La Estrella, Sabaneta e Itagüí. Tal vez por su misma importancia es que se ha convertido en una especie de “punta de lanza” para el transporte pirata en el sur de la ciudad.
Y es que recientemente el fenómeno que antes se visualizaba en el norte y el occidente de la subregión se ha venido trasladando a este punto. En menos de dos años se volvió común, sobre todo en horas pico, que desde diferentes vehículos sus conductores mermen la marcha y se desgañiten gritando: “¡Colectivo, colectivo, colectivo!”.
En esa búsqueda de pasajeros, en Induamérica se ve de todo. Desde conductores en desvencijados automóviles particulares –incluso con placas de municipios de otros departamentos–, hasta motociclistas que le dicen al futuro cliente “apá”, a la vez que prometen llevarlo a uno “en par boliones”.
Mención especial merecen los taxistas, los cuales incluso caen en esta práctica ilegal con el descaro de que ponen a los pasajeros a gritar las rutas por donde se moverán.
De vez en cuando se ve uno que otro vehículo con hasta seis personas apretujadas al interior del mismo. La comodidad es lo de menos, la prioridad es llegar rápido y por los mismos $3.200.
Según pudo conocer este diario, las rutas de ida y vuelta al sur del Aburrá se mueven principalmente desde San Antonio de Prado, pasando por Itagüí y desde ahí cubre toda la Avenida Guayabal, a veces hasta el centro de la ciudad.
Pero también hay rutas que parten de La Estrella hacia Itagüí e incluso de Itagüí hasta la glorieta de Peldar en Envigado. Otras parten hasta estaciones del metro como Sabaneta e Itagüí.
El transporte veredal también tiene su parte, incluso funcionaría con “cupos” y sería controlado por las estructuras ilegales con el cobro de vacunas a los conductores.
Para Jimmy Alexis Gómez, presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos de Colombia CTU, lo que viene ocurriendo en Induamérica es un fenómeno que se ha venido regando en toda el área metropolitana a raíz de que las autoridades no cuentan con herramientas y pie de fuerza suficiente para controlar el tema.
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Gómez detalló que a raíz de las demoras y la alta cantidad de usuarios que usan el transporte público regulado, la agilidad y “comodidad” que ofrecen los transportadores piratas se vuelven una opción que muchas personas toman sin pensar en las consecuencias que esta decisión puede acarrearles.
“El tiempo es un factor importante por el que la gente escoge este tipo de transporte, porque ellos no tienen que tomar una ruta establecida sino que pueden moverse por atajos u otros puntos. La cuestión es que lo hacen con vehículos inadecuados o con personal no entrenado que no está vigilados por el Estado. O sea que en caso de un accidente no hay quien le responda a la víctima”, detalló.
Gómez comentó que estos grupos de transportadores surgen por “iniciativa de alguien”, quien viendo ese vacío del transporte regulado, organiza un grupo de personas para ofrecer el transporte en estos vehículos.
“Incluso tienen grupos de WhatsApp donde no solo coordinan rutas sino formas de evadir la acción de las autoridades”, detalló.
Juan Gonzalo Merino, presidente de Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá (Asotransva), comentó que la presencia de los ilegales en las vías genera un doble coletazo, pues estos no solo se le llevan los usuarios a las rutas de transporte regulado sino que encima copan el espacio del transporte público colectivo.
A raíz de esta situación, el transporte público en la ciudad ha tenido una reducción de por lo menos 10 kilómetros por hora en sus recorridos; es decir que tienen que circular más lento por los tacos que genera la llegada de estos automotores a las ya de por sí saturadas vías de la ciudad. Y, por esta demora, más gente se baja de los buses para subirse a los “chiveros”.
Según Merino, el transporte informal tiene afectadas a las 450 rutas de buses del Aburrá, y a raíz de este fenómeno –y de otros– desde 2019 para acá se ha presentado una reducción de hasta 35% en el número de pasajeros que se movilizaban en los buses, lo que ha causado un hueco en las finanzas de las empresas transportadoras que puede rondar los $34.500 millones al mes.
Por eso Gómez y Merino piden a las autoridades trabajar en dos frentes: más controles al transporte ilegal y una mejor infraestructura –como el carril solo bus– que mejore los tiempos de desplazamiento del transporte regulado.
Frente al tema de los controles, las alcaldías de Itagüí y La Estrella se refirieron al tema. La de Itagüí señaló que a la fecha se han realizado 32 inmovilizaciones a automóviles de transporte ilegal en lo que va del año, mientras que en igual período de 2023 fueron 60. En La Estrella pasa lo contrario, en sus justas proporciones, pues para septiembre de 2023 apenas se inmovilizaron dos vehículos y este año van seis.
Las autoridades viales de Itagüí detallaron que incluso en marzo de 2024 se inmovilizo un bus de transporte especial que tenía “asignada” la ruta San Antonio de Prado Itagüí.
Frente a si habría bandas delincuenciales detrás del auge del transporte ilegal en estos municipios, ambas municipalidades señalaron que no, aunque se comentó que el transporte ilegal puede estar vinculado a actividades delictivas como el tráfico de drogas, la trata de personas o el contrabando, lo que podría exponer a los pasajeros a situaciones peligrosas.
Desde Itagüí especificaron que detrás de este fenómeno estarían particulares y también denunciaron que tras este “servicio” podría haber explotación laboral pues muchas veces los conductores de transporte ilegal trabajan en condiciones precarias.
“Estos conductores pueden verse obligados a trabajar largas jornadas por salarios bajos, sin acceso a beneficios laborales ni protecciones legales”, añadieron.
La administración de Itagüí también detalló que el transporte ilegal socava los sistemas económicos y fiscales al evadir impuestos y las tarifas regulatorias, lo que afecta negativamente a las finanzas públicas, ya que reduce los ingresos que podrían destinarse a mejorar la infraestructura de transporte y otros servicios públicos.
Este diario quiso conocer también la opinión de la Secretaría de Movilidad de Medellín, pero desde allí comentaron que se pronunciarían sobre el tema en próximos días.
