Inició el paro en el Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF) regional Antioquia, pero no a plenitud. Todo porque el personal de las áreas administrativas suspendió labores, pero la atención a la primera infancia, que también se iba a ver afectada en un comienzo, al final se continúa prestando con normalidad.
Al menos así lo anunció la directora regional encargada de la entidad, Diana Baloy, quien aseguró que hay una mesa de negociación con la que se busca llegar a unos acuerdos, pero las protestas aún continúan en firme. Sin embargo, indicó que la prioridad se ha enfocado en garantizar la atención a los menores de edad.
“Ni en los hogares infantiles ni en todo lo que tiene que ver, digamos, con atención a la primera infancia. Los servicios se van a frenar”, aseguró la segunda directora encargada de la entidad desde 2023, ya que el proceso para delegar a la responsable de esta regional en propiedad se encuentra detenido por diferencias políticas entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia.
Karol Giraldo, presidenta para Antioquia del Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Sintrabienestar), informó que el viernes sostuvieron un encuentro con representantes de la sede nacional del ICBF, pero hasta el momento se están estudiando las respuestas sobre las solicitudes que vienen haciendo por parte de los manifestantes.
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Indicaron que se sostendrán reuniones con los integrantes de la asamblea de trabajadores de la entidad y con base en las conclusiones que saquen de la información entregada por la dirección nacional se tomará la determinación de continuar o no con el cese de actividades o de extenderlo a la atención a la primera infancia en los próximos días.
El origen de estas manifestaciones tiene que ver con los recortes presupuestales que ha recibido la regional Antioquia, que pasó de tener 72.000 millones de pesos el año pasado a tan solo 20.000 millones de pesos para 2025, situación que ha afectado el sostenimiento de toda la planta de trabajadores y cuidadores, además de la atención de la primera infancia.
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Diego Brand, defensor de familia y presidente del Sindicato de Defensores de Familia (Sidefam), manifestó que “el recorte en prevención fue gigantesco. No hay cupos para niños. En protección, la historia es la misma: defensorías desmanteladas, centros zonales sin sedes donde operar. La regional está desesperada. Antioquia está al borde del colapso en materia de bienestar familiar. Esto ya se ha denunciado antes, pero nada cambia, por eso decidimos alzar la voz”.
Esto ha repercutido en que 52.000 menores de Medellín y municipios cercanos se quedaran sin atención alguna. Además, en la regional Antioquia hay más de 100 puestos vacantes, lo que ha llevado a una sobrecarga laboral y que se presenten demoras en las demandas por alimentos o las visitas de vigilancia por vulneración de derechos de menores, procesos que pueden demorar entre cinco meses y un año.
“En estos momentos lo que están entregando para funcionar son 4.000 millones de pesos, como el 5% o el 10% de lo que requerimos para el verdadero funcionamiento y para que se pueda dar lo que se requiere, como el aumento de planta, la contratación del personal faltante”, aseguró Brand.
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