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Piden desminado exprés en zona rural de Urrao

  • Cerca de 500 personas salieron huyendo de su comunidad por el escalamiento de los combates en la zona del Ejército Nacional y el frente 5 y 34 de la guerrilla de las Farc. FOTO CORTESÍA OIA
    Cerca de 500 personas salieron huyendo de su comunidad por el escalamiento de los combates en la zona del Ejército Nacional y el frente 5 y 34 de la guerrilla de las Farc. FOTO CORTESÍA OIA
16 de julio de 2015
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Con base en información de la comunidad indígena, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Gobierno, analiza el inicio de un desminado de emergencia en la zona selvática del municipio de Urrao, Suroeste antioqueño, que limita con el departamento de Chocó.

Hace 12 días, después de varios enfrentamientos entre las Farc y el Ejército, más de 300 indígenas emberá eyabida tuvieron que abandonar sus tierras en el resguardo de Majoré (Urrao). Hoy se encuentran en condición de desplazados en el caserío de Amburá.

Además, al casco urbano de Urrao llegaron 10 indígenas, entre ellos el gobernador del resguardo y en el hospital recibe atención, por traumas de oído, un emberá, que el 7 de julio fue afectado por una mina que pisó su perro, el cual murió.

Aunque ya recibieron ayuda humanitaria por parte del Programa Aéreo de Salud de Antioquia, que se desplazó hasta el casería en el que e encuentran, aseguran que no volverán a sus parcelas hasta que no se realice un desminado en la zona.

En este sentido, el personal especializado del Ejército que realice esta labor, tendrá como referencia los lugares donde se han presentado explosiones, las cuales han activado animales del resguardo.

Por insistencia de la comunidad, desde hace más de tres meses el alcalde de Urrao, Luis Eduardo Montoya, viene pidiendo que esa zona sea incluida en el programa de desminado humanitario.

En esta área, no solo los indígenas están en peligro, también hay más de 4.000 campesinos que habitan en ocho veredas que están ubicadas en los alrededores, al igual que el caserío Puntas de Ocaidó.

Dicha zona, tiene presencia histórica de tres frentes de las Farc, que tienen minado un vasto territorio.

Tragedia en El Orejón

El soldado Wilson de Jesús Martínez que hacia parte del desminado humanitario que se realiza en la vereda Orejón, en el municipio de Briceño, murió la tarde de este miércoles por una mina antipersonal en el sitio.

Esta semana han desactivado cinco minas en el proceso conjunto entre el Ejército y las Farc.

En el incidente, otros dos soldados que se encontraban con la víctima mortal, quedaron heridos por la explosión y las esquirlas. Aunque sufrieron afectación en sus oídos como consecuencia de la explosión, ya se encuentran fuera de peligro, informó el Ministerio de Defensa.

“Las minas antipersonal son una de las expresiones más bárbaras de la violencia. Ante un accidente de esos, tienen que revisar los protocolos y los procedimientos; algo tuvo que haber fallado, algo no está funcionando bien. Esto requiere una tecnología sofisticada y la información verás de las personas que están realizando las guías. Hago una observación: permitan que la Gobernación esté presente en este proceso de desminado, tenemos la capacidad y la experiencia para apoyarlos”, aseguró Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia.

Apoyo de los gringos

Stanley L. Brown, director de la Oficina de Remoción y Reducción de Armas de Asuntos Políticos y Militares del Departamento de Estado de Estados Unidos, ratificó esta semana, en su visita a Antioquia, el anunció de su gobierno de asignar cinco millones de dólares adicionales para las labores de desminado humanitario.

El alto funcionario estuvo con la Gobernación evaluando los avances y desafíos de los procesos de desminado humanitario adelantado en el Oriente antioqueño por parte del Ejército y organizaciones civiles.

El recorrido se llevó a cabo en algunas veredas de Cocorná y Carmen del Viboral en compañía de representantes de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), integrantes del Ejército Nacional, representantes de The Halo Trust y la dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia.

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