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En una vereda de Copacabana quedaron enterrados los sueños de la ama de casa Heidy Ocampo Granada. Su asesino, Adolfo Arango Tobón, confesó el crimen al verse asediado por las autoridades, pero esa verdad ya no cambia el hecho de que no volveremos a verla. ¿Cómo evitar que haya más víctimas como Heidy, y más verdugos como Arango?
Esta tragedia, tantas veces narrada con otros nombres y rostros, comenzó el pasado 9 de octubre cuando la mujer, de 38 años de edad, salió de su casa en el barrio Doce de Octubre, en Medellín, para ir a una cita en el norte del Valle de Aburrá.
El 15 de octubre fue reportada su ausencia al Grupo de Desaparecidos del CTI, que activó el mecanismo de búsqueda urgente. A las 48 horas se confirmó la mala noticia.
Los investigadores llegaron a una finca de la vereda Peñolcito, en Copacabana. Con compuestos químicos esparcidos en el recinto, identificaron huellas de sangre; y con un perro entrenado, ubicaron la fosa en la que habían enterrado a la señora, después de matarla a cuchilladas.
El sospechoso era un allegado a la víctima, de 56 años de edad y dedicado a oficios varios, quien inició una correría por la Costa Atlántica, y tenía planes de viajar a Panamá, tratando de evadir la justicia.
No lo logró y decidió presentarse ante las autoridades. La Directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Hilda Rengifo, comentó que en la audiencia de control de garantías, Arango Tobón aceptó el cargo de feminicidio agravado.
Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc), entre el 1 de enero y el 24 de octubre de 2020, mataron a 27 mujeres en Medellín. De esos hechos, 19 fueron clasificados como feminicidios. En el mismo periodo de 2019 hubo 41 muertes y 29 feminicidios, lo que implica una reducción de 34 % en los casos.
Recordemos que, tal cual lo informa ONU Mujer, en Colombia el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo por la ley 1761 de 2015, que lo define como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género.
La secretaria de la Mujer, Juliana Martínez, contó que su despacho abandera tres estrategias para enfrentar esta problemática, basada en “mecanismos de atención y prevención de las violencias basadas en género”.
La primera es la Línea 123 Agencia Mujer Metropolitana, “que permite una acción oportuna y la activación de las rutas de atención”, señaló.
La segunda, son los hogares de acogida, como medida de protección para las personas en riesgo extremo, incluyendo el peligro latente de feminicidio. El albergue es de 42 días prorrogables según circunstancias específicas.
Y la tercera, es “la atención psicojurídica, para procesos terapéuticos más largos que permiten brindar acompañamiento a las mujeres que han sido víctimas de violencia”.
La funcionaria precisó que estas acciones se complementan con el Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, presidido por dicha Secretaría. “Es la instancia en la que las entidades públicas de nivel local, departamental y nacional, además de la sociedad civil y la academia, se reúnen para trabajar en pro del derecho de las mujeres a la seguridad. Desde ahí se planea el trabajo con distintos actores, teniendo en cuenta que se trata de un problema estructural y sistemático que requiere que cada institución asuma su competencia”, dijo Martínez.
En cuanto a esa labor interinstitucional, la semana pasada Medicina Legal presentó un protocolo para generar alertas tempranas frente a casos en los que el riesgo para las mujeres se va incrementando. El proyecto cuenta con la asistencia de la Secretaría.
“Hicimos una investigación entre 2012 y 2014 sobre homicidios de mujeres y 70% correspondía a presuntos feminicidios. Buscamos factores comunes que predecían el riesgo, construimos una herramienta de valoración y, en conjunto con la Secretaría de las Mujeres, trazamos una ruta de autoprotección. Ya se está aplicando en 12 ciudades del país, pero nace aquí en Medellín”, declaró Quebin Mejía, director de Medicina Legal sede Antioquia.