Jorge Gaviria Vélez, quien fue asesor hasta esta semana de la Secretaría de Seguridad de Medellín, revela el paso a paso que se lideró desde esa dependencia para someter a las bandas criminales de la capital antioqueña.
“No meter a la Fiscalía en el borrador del proyecto de ley con las Bacrim era dejarlo chueco”, afirma Gaviria Vélez, quien además fue director del Programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín durante las desmovilizaciones colectivas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Es hermano de José Obdulio Gaviria, asesor del partido Centro Democrático y familiar de Juan Alejandro Gaviria Román y Diego Alejandro Gaviria, quienes fueron abogados de Mariano Zea y con quienes desarrolló el proyecto de ley que busca el sometimiento y acogimiento a la justicia de miembros de organizaciones criminales, inspirado en el Acuerdo de La Habana.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la mano derecha de Gustavo Villegas entrega detalles del proceso adelantado en esta administración municipal:
¿Cómo termina usted liderando ese proyecto de acogimiento y sometimiento a la ley de las estructuras criminales?
Jorge Gaviria Vélez: “El proyecto se llama “Reintegración sostenible para un territorio en paz”. Eso quiere decir lo que se conoció en un momento como paz y reconciliación, que es básicamente la atención a toda la población desmovilizada que atiende el Gobierno Nacional con el apoyo de la Alcaldía. Yo ya conocía el tema, ya lo había manejado y es simplemente aportar desde esa experiencia. Pero no entro como asesor por Gustavo Villegas Restrepo. Entro, inicialmente, a través de la Secretaría de Inclusión, porque ella manejaba ese programa. Sin embargo, el mismo ya se venía trasladando a la Secretaría de Seguridad y también pasé allí a vincularme con esta última”.
¿De quién es la idea de elaborar un borrador de proyecto de acogimiento y sometimiento?
“La idea original, muy original, sale de tres foros en los que las conclusiones son las mismas. El primero, en el marco de Aula Abierta, del Concejo de Medellín, se hizo el 10 de agosto de 2016. Ahí estuvieron León Valencia, Jorge Enrique Vélez y Juan Lozano, entre otros. Ahí no se habla de un proyecto de ley como tal, sino de que hay que desarrollar actividades que les permitan a los jóvenes de la ciudad tener unas alternativas en la legalidad. El segundo, 19 de agosto, en la Asamblea de Antioquia, fue con organizaciones comunitarias y giró alrededor de la paz urbana; la conclusión: hay que realizar alguna actividad que promueva el sometimiento a la Justicia de bandas criminales, etc. El tercero, no recuerdo la fecha, se hizo en el Concejo. Y el cuarto, no recuerdo la fecha, se realizó en el Área Metropolitana. Para este último ya había salido el acuerdo de paz de la Habana, o sea que estamos hablando del 2017.
En el acuerdo de La Habana, firmado el 24 de noviembre de 2016, se dice textualmente en el punto 3.4.13, acogimiento y sometimiento de bandas criminales. Y son el Gobierno Nacional y la Rama Judicial los que deben desarrollar un proyecto de ley para acoger y someter a las bandas criminales. Antes, en los conceptos y líneas rectoras, se exige a los municipios y entes territoriales trabajar para desarrollar adecuadamente las propuestas del acuerdo de paz.
Lo que hay qué hacer es un proyecto de ley. Averiguamos que el que había entregado Eduardo Montealegre, como fiscal General de la Nación, no había sido aceptado. Por eso nosotros dijimos vamos a esbozar un proyecto de ley”.
¿Ese vamos son quiénes?
“Ese vamos son los abogados de la Secretaria de Seguridad y Convivencia de Medellín, específicamente los que estábamos en el área de Paz y Reconciliación, por una sencilla razón: nosotros estamos en contacto permanente con todos los pelaos desmovilizados, sabíamos cuáles habían sido las falencias en los diferentes proyectos y las fortalezas de las propuestas y decretos. Dijimos, vamos a esbozar un proyecto general y miramos.
Empezamos a trabajar y al ver que nos hacía falta mucho apoyo conceptual invitamos gente. Así llegaron, un exmagistrado, Carlos Arias, fiscales, abogados y académicos que nos fueran dando ideas. También la senadora Paola Holguín, Simón Molina, concejal de Medellín que aportó con uno de sus asesores legales. Cuando tuvimos un primer borrador, a finales de abril o mayo de 2017, lo mandamos a todo el mundo para preguntarles qué opinaban y siempre con el mismo encabezado: se oyen voces, críticas, aportes, señalamientos, rechazos, lo que consideren será bienvenido”.
¿Y qué tipo de destinatarios tuvo el proyecto?
“Entre ellos estuvieron el exmagistrado, Arias, quien a su vez nos dijo que se lo había enviado al exministro de Justicia, Yesid Reyes. A la Fiscalía se lo entregamos a través de Mario Gómez, para que se lo pasara al fiscal General, Néstor Humberto Martínez Neira. De la Defensoría, lo pasamos a abogados. También a organizaciones internacionales, una de ellas de Holanda. Mientras tanto, le solicitamos a la Fiscalía que nos apoyara participando en un foro para poner a consideración en proyecto de ley”.
¿A cuál fiscalía?
“A la Fiscalía General de la Nación”.
¿Eso se hizo con Mario Gómez?
“A Mario le mandé una carta, pidiéndole que le informara al Fiscal General del deseo de hacer un foro, a finales de junio o julio de 2017, pero que Gustavo Villegas siempre insistía en que el foro lo debíamos hacer con el aval de la Fiscalía”.
¿Por qué razón?
“Porque el que define la política criminal, por lo menos en la parte operativa, es la Fiscalía. Entonces, hacerlo sin ella, era como dejarlo chueco. Imagínate traer a fiscales, magistrados, jueces y académicos, era como afinar realmente un proyecto de ley para poderlo entregar después. Un proyecto de ley no lo entrega el alcalde ni el secretario de Seguridad. Tiene que ser iniciativa del Gobierno Nacional o del Congreso de la República. Creo que son 10 los entes los que lo pueden entregar.
El proyecto solamente salía luego de ser afinado y de resistir el embate público, pero no tuvimos tiempo de socializarlo, por lo que sucedió”. (Se refiere a la imputación de cargos a Gustavo Villegas Restrepo, secretario de Seguridad, y al exguerrillero Mariano Humberto Zea Ospina, por presuntamente favorecer a la “Oficina de Envigado”).
¿Cuántas reuniones hicieron para elaborar este borrador?
“Mirá, más o menos, que yo tenga actas, fueron seis, pero se hicieron más. Se le enviaba a todo el mundo, a un montón de gente para que dijera qué pensaba o para que pusiera a su gente a revisarlo, criticarlo o desecharlo. El caso es que no se hizo de manera privada. No fue algo oscuro, oculto. Revisa el contenido y creo que es un proyecto serio, respetuoso de la ley y básicamente lo que queríamos era dinamizar una propuesta que el acuerdo de paz le exigía al Gobierno Nacional, quien hasta el momento no ha hecho esa tarea. Nosotros íbamos por buen camino. Nuestro pecado más grande fue ser diligentes”.
¿Por qué lo dice?
“Por la situación de Medellín sabemos la importancia del efecto demostrativo de que una persona se someta a la Justicia, ya que los otros piensan que si este lo hizo, por qué no hacerlo yo también, sabiendo que hay una buena oportunidad. Además, existe un marco legal que facilita las cosas, por una simple razón: el principio de oportunidad es muy lento y muy complicado para desarrollarlo.
Además, si lees el documento te das cuenta de que la entrega es colectiva y la judicialización es individual. Eso quiere decir que no todo el mundo va en la misma condición. Es que no es lo mismo un muchachito que diga, yo soy un campanero o carrito, o como lo quieran llamar, a otro que diga que es un sicario, un extorsionista o cualquier otra cosa. Por ello se habla de penas diferenciadas”.
¿Qué actitud vio usted en la Fiscalía frente a este tema y en lo que se escaló al fiscal General, a través de Mario Gómez?
“Siempre se habló como una excelente propuesta, como una idea chévere. Nunca nadie nos dijo ustedes están haciendo algo ilegal, por la simple razón de que no es ilegal radicar un proyecto de ley. Puede que sea ingenuo, pero no ilegal”.
¿En qué sentido es ingenuo?
“Porque si alguien dice, no, qué se van a meter con ese tema, qué pereza. Eso es como si estuvieras en un proyecto para regular el contenido de asbesto en no sé dónde. Eso es complicado. Para nosotros no era el objetivo único de mi tarea en la Secretaría de Seguridad. De hecho, era como un anexo o de esos extras a los que uno se mete de regalao, por decirlo así. Nos dijimos: bueno, hagamos esto, aquí hay experiencia, hay el equipo, al que tuvimos qué motivar, diciéndoles que cuál era el problema si nos criticaban. Si nos dicen que eso está bien, nos eleva la autoestima también.
Sinceramente hicimos ese trabajo de manera respetuosa y abierta. Nunca pensamos que la Fiscalía lo iba a ver como un acto tan vandálico. No sé qué estarán pensando en este momento todos los que escriben proyectos de ley, porque los van a ver como ilegales, por escribir cosas que otros no lo han hecho”.
Una de las reuniones para elaborar el proyecto de ley se hizo en el bunker de la Fiscalía. ¿Qué nos puede contar de eso?
“No, lo que pasó en el búnker es lo siguiente. A mí me invitó Arnulfo Serna, que a su vez lo invitó la Personería, para hablar de un tema de sometimiento de bandas y combos de la Odín Caicedo. Yo le dije a Serna que iba y no tenía problema, pero que lo que yo quería hablar era del foro para que la Fiscalía nos acompañara.
Aproveché la oportunidad y me fui para allá. Cuando terminó la reunión entre todos, le dije a la Dra. Claudia Carrasquilla (directora seccional de la Fiscalía), que nosotros estábamos pensando hacer un foro de sometimiento y acogimiento a la Justicia. El Dr. Gustavo Villegas no lo hace si no tiene el aval de la Fiscalía, y ella me dijo, sí, yo sé de qué me estás hablando y voy a elevar la consulta al señor Fiscal, a ver qué opina”.
¿El objetivo central de esa reunión no fue el proyecto?
“No, no”.
Pero sí se habló del proyecto, por boca suya?
“Ella (Claudia Carrasquilla) estaba grabando la conversación o sea que ella puede tener copia de eso. O si se hizo algún acta, ella la puede tener”. (EL COLOMBIANO le solicitó a la directora (e) de la Fiscalía en Medellín copia de dicha acta y no ha recibido respuesta hasta el momento).
¿Y específicamente le habló a la Dra. Carrasquilla del proyecto que estaban elaborando?
“Le hablé del foro”.
Pero el foro se basaba en el proyecto.
“Ah, claro, claro, sí. Ella escuchó atentamente y dijo yo sé de qué me están hablando. Por ello no entré en pormenores”.
¿Cuando ella dijo que sabía de lo que le estaba hablando es que tenía conocimiento del trabajo que ustedes venían realizando?
“Yo asumí que así era”.
¿Y qué cara puso?
“No, ninguna. No me pareció en nada sospechoso, como que dijera me está mamando gallo”.
¿Y a qué se comprometió la Dra. Carrasquilla?
“A elevar consultas, y listo”.
¿Pero para elevar esa consulta no tenían ya a Mario Gómez, asesor de Martínez Neira?
“Sí, pero como nos estaban demorando absolutamente todo, no había decisión, entonces decidimos proponerle que ella le dijera. Queríamos hacerlo, porque sentimos que si había un elemento que permitía desarrollar el proyecto podía caber en el fast track, pero no nos dio tiempo”.
Usted dijo que estaba dispuesto a ayudar en la defensa de Gustavo Villegas. En eso estaría acompañado de su hermano Diego, quien públicamente renunció a la representación legal de Mariano Humberto Zea Ospina, dado que había participado en la redacción de ese proyecto de ley sobre las bacrim.
“Sí, eso depende de la Fiscalía...”
¿Usted se siente como un potencial imputado por la Fiscalía?
“Ehhh, pues hombre, me da mucho susto, porque los cargos contra Gustavo Villegas son muy traídos de los cabellos. Uno se imagina que si básicamente no les caigo muy bien o no les parece que lo que estábamos haciendo era bueno para ellos, o no sé con qué criterios, eventualmente podrían pensar en hacerme parte del proceso.
Yo me siento con la conciencia tranquila. Todo lo hicimos de manera abierta, transparente. No sé si eso suceda. Si pasa, tocará defenderme. Pero si vamos a ser serios eso no debería pasar. Ya si esto termina siendo una especie de charlatanería, con el poder y la fuerza que tiene la Fiscalía, pues lo pueden hacer. Con lo de Gustavo ya vimos que pueden hacer cualquier cosa”.
¿Usted le informaba directamente al Alcalde y al Secretario de Seguridad sobre el desarrollo del proyecto?
“A Gustavo Villegas, sí claro. Él no estaba en la minucia, no preguntaba qué le van a poner o el contenido. Él decía entrégueselo a la gente para que lo revisen y afinen. Y eso fue lo que hicimos”.
¿Y el Alcalde?
“Para nosotros la afinación de este proyecto era el foro y en el foro el Alcalde iba a saber lo que estábamos haciendo exactamente”.
Pero ese proyecto es gordo, sensible y pensar que el Alcalde se iba a enterar apenas el día del foro suena inverosímil. ¿O no?
“No, no creas. El Alcalde lo dijo, que prestaba todas las herramientas para que se desarrollen las cosas en ese sentido, pero no dijo, se debe llamar así, miren en el punto 3.4.13. El alcalde está en cosas mucho más grandes, no es abogado”.
¿Pero sí sabía por usted o por boca de Gustavo Villegas que se le trabajaba al proyecto?
“Por parte mía, no”.
¿Y de Gustavo Villegas?
“Me imagino. Eso sí hay que preguntárselo a Gustavo. Mire, Gustavo ni siquiera me preguntaba cómo va, páseme un avance. Él decía, hágale, ponga a que revise los que sepan y dígame cuando esté listo. Uno bien ocupado, para leer el primer, segundo, o tercer avance, eso que lo discutan los que estén metidos en ese asunto”.
¿Si la Fiscalía conoció de todo ese proceso de elaboración del borrador del proyecto de ley, por qué ese tema forma parte de la imputación de cargos a Villegas?
“Yo creo que hubo un corto circuito en la Fiscalía. No se conversaron entre las partes. No había mala fe. Simplemente no se conversaron y unos hacen una cosa y otros otra. Cuando se dan cuenta, todo el mundo sabía y los que no sabían, eran los que estaban ad portas de hacer imputaciones. Es un problema de comunicaciones internas”.
¿Siguiendo esa lógica, a Mario Gómez, por ejemplo, y a los fiscales que participaron en las reuniones habría que imputarlos también?
“Claro. No, es que a los que habría que imputar es a los que recibieron las entregas de toda la gente que se sometió voluntariamente. Esa es la práctica que ellos hacen permanentemente y están condenando ahora. Mario Gómez no, él es un asesor del fiscal”.
Lo entiendo, pero lo digo por la lógica de la imputaciones.
“Ah, no, es que con esa lógica todos los magistrados, senadores y los que hacemos escritos de proyectos de ley eventualmente estaríamos judicializados. La figura escrito de borrador de ley ilegal no existe. No existe ningún cargo que se pueda llamar escritura ilegal de borrador de ley. No entiendo por qué dicen que eso es ilegal. Eso sería tanto como decir concierto para no delinquir, para que se entregue la gente, para que devuelvan las cosas, para que se metan a la legalidad. Eso no existe.
¿En desarrollo de su trabajo tuvo contacto con actores criminales, cabecillas o emisarios de la delincuencia?
“Para este proyecto, no. Cero. En absoluto. Hubo un contacto que no realicé, que lo hizo la Personería, en la Fiscalía, con uno de los abogados, él pero no tenía ni idea del proyecto de ley. Además no le dijimos, para no contaminar el asunto. Terminaría siendo muy aburridor que comiencen los abogados a meterle el diente y a mover cosas malucas. Los que estábamos ahí preferimos hacerlo público entre la academia, abogados e interesados, pero ellos se iban a dar cuenta en el foro. Que allí le metieran el diente, no había problema”.
