Pese a ser el principal motor agrícola del país, el campo antioqueño se está marchitando. Así lo alertó el programa Antioquia Cómo Vamos, señalando que mientras los habitantes de la zona urbana aumentaron un 88% en las últimas tres décadas y media, en la zona rural se contrajeron en un 6%.
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El indicador fue uno de los más llamativos del más reciente informe de calidad de vida presentado ayer por ese programa, en un ejercicio que le midió el pulso a los avances y retrocesos en pobreza, seguridad, salud, empleo, entre otros, en la región.
Mónica Ospina Londoño, directora de Antioquia Cómo Vamos, planteó que si bien el departamento está a la vanguardia en varios temas en comparación con el promedio nacional, también tiene múltiples señales que demandan acciones de fondo.
“Vamos bien, hemos progresado. Somos un departamento que lidera a nivel nacional, pero tenemos retos en unas poblaciones”, dijo.
“Hicimos un énfasis muy importante en el agro y en los campesinos, porque por fuera del Valle del Aburrá la agricultura y la minería son las principales actividades económicas. Sin embargo, los campesinos tienen unas condiciones sociales que a veces los deja en desventaja”, apuntó.
Regresando a la situación del campo, en el que Antioquia lidera en Colombia la producción aportando un 12,9% al consolidado nacional y concentrando el 12% de los campesinos del país, el informe alertó de más variables además de la reducción de la fuerza laboral.
Por ejemplo, en materia de inseguridad alimentaria, las subregiones que arrojan los indicadores más preocupantes son precisamente aquellas que están alejadas de los núcleos urbanos más poblados, como es el caso del Magdalena Medio y el Bajo Cauca, en donde uno de cada dos hogares estaba con inseguridad alimentaria moderada o severa.
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En la subregión del Urabá antioqueño la situación es todavía más crítica, calculándose que el porcentaje de hogares en esa condición era del 65%.
En cuanto a los municipios con cifras más críticas, encabezaban la lista Vigía del Fuerte, Murindó, Arboletes, Turbo y Necoclí.
Si bien en el Valle de Aburrá y el Oriente los índices de seguridad alimentaria eran más bajos (los municipios en el fondo de la lista son El Peñol, Envigado, La Ceja, Giraldo (Occidente), y Sabaneta), entre 2020 y 2023 los indicadores daban cuenta de un incremento generalizado en todo el departamento.
Dentro de las principales hipótesis que explicarían ese repunte, Antioquia Cómo Vamos aludió al incremento en los precios de los alimentos y señaló que también deben tenerse en cuenta variables como el acceso a los servicios públicos y la capacidad de gasto de los hogares.
A nivel económico, una de las buenas señales que arrojó el paneo consiste en que los niveles de desempleo han logrado mantenerse por debajo del promedio nacional y mantienen a Antioquia como uno de los departamentos a nivel nacional con los mayores niveles de empleo formal.
Por ejemplo, en cuanto a la tasa de desocupación, si bien esta alcanzó un pico de 17,6% en 2020, superando 0,9 puntos al promedio nacional, desde ese año empezó a retraerse, llegando a 13,7% en 2021, 10,1% en 2022 y 9% en 2023; ese último 1,2 puntos por debajo del promedio colombiano.
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Sin embargo, tal como ocurre con el hambre, eran el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio los que lideraban la lista de subregiones con mayor tasa de desocupación, con 12,1% y 11,2% respectivamente.
Aunado al tema económico, el informe también arrojó alertas en la dimensión educativa, sobre todo por cuenta de una reducción en el número de estudiantes en el departamento.
Si bien desde lo demográfico la pirámide poblacional se viene invirtiendo (es decir que la tendencia a los próximos años apunta a que haya más viejos que jóvenes), Antioquia Cómo Vamos alertó que el número de matrículas viene reduciéndose de forma más rápida que la población joven.
“Al analizar la variación de la matrícula en cada uno de los años del periodo comprendido entre 2019 y 2023 encontramos que, con la excepción del 2020, todos los años registraron disminuciones en el número de estudiantes matriculados y, lo que es aún más preocupante, el tamaño de esas disminuciones es cada vez mayor, lo cual, en caso de mantenerse por encima del ritmo al que decrece la población en edad escolar, puede traducirse en un alto número de niños, niñas y adolescentes que se quedan por fuera del sistema educativo, con las repercusiones que esto conlleva”, plasmó el informe.
En números concretos, mientras en 2019 el número de estudiantes matriculados en primaria y bachillerato era de 1.024.468, en 2020 pasó a 1.024.512, en 2021 a 1.020.219, en 2022 a 1.003.574 y en 2023 a 983.532.
Una de las preocupaciones de estas cifras de deserción no solamente es que los jóvenes tengan más barreras para insertarse al mercado laboral, sino que estén expuestos a perpetuar los ciclos de violencia, otra de las preocupaciones que vienen ganando terreno en el departamento.
A nivel de orden público, el informé destacó por ejemplo que por lo menos tres agrupaciones ilegales se están afianzando en los últimos años, sobre todo el Clan del Golfo, con presencia en por lo menos el 53% de los municipios antioqueños; el ELN, con presencia en el 26% y el Estado Mayor Central, también conocidos como las Disidencias de las Farc, está en el 15%.
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En materia de asesinatos, las subregiones con las panoramas más críticos son el Nordeste, con una tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de 74,4 el año pasado; el Magdalena Medio, con una tasa de 69,8; el Suroeste, con una de 62,6; el Norte, con 54,6; y el Occidente, con 49,9.
Además de los homicidios, otro indicador que alerta en esta materia es el secuestro, que tanto en su modalidad de simple como de extorsivo viene creciendo durante los últimos años.
Mientras los casos de secuestro extorsivo pasaron de 11 en 2020 a 37 en 2023, los de secuestro simple pasaron de 15 en 2020 a 17 en 2023.
Con base en esos indicadores, el programa no solo hizo un llamado a seguir trabajando para que los indicadores de productividad sigan permitiendo que Antioquia proyecte su liderazgo a nivel nacional, sino que se ponga en un primer plano ajustar las capacidades tanto del sector público como del privado para enfrentar las desigualdades.
