La restitución de tierras continúa prácticamente que estancada en el departamento. Según la Fundación Forjando Futuros, en 15 años de la creación de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), el departamento no supera el 15% de cumplimiento frente a las solicitudes presentadas por víctimas de despojo y desplazamiento forzado. Así lo revelan cifras consolidadas por la Fundación Forjando Futuros, que evidencian un avance de apenas 14,8%.
De las 27.071 solicitudes radicadas ante la URT, solo 4.002 han sido resueltas, una proporción que deja a miles de familias aún sin una respuesta efectiva del Estado. Además, 37 municipios del departamento no registran ni una sola sentencia de restitución.
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La situación es especialmente crítica en Medellín, donde existen 1.251 solicitudes y cero casos resueltos. El mismo panorama se repite en municipios como Bello, Murindó, El Retiro, Santa Fe de Antioquia y Yalí, todos con cero sentencias. En otros territorios históricamente golpeados por el conflicto armado, los porcentajes de cumplimiento siguen siendo mínimos: Dabeiba (0,3 %), Frontino (0,5 %), Ituango (0,7 %), Arboletes (0,75 %) y Briceño (0,9 %).
En el Urabá antioqueño, una de las regiones más golpeadas por el despojo, la restitución de tierras muestra avances, pero también profundas dificultades. De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras, en el Urabá Grande se han resuelto judicialmente 1.257 casos y se han proferido 659 sentencias. Sin embargo, el nivel de cumplimiento apenas alcanza el 9,7 %, lo que refleja que el mayor desafío no está solo en las decisiones judiciales, sino en hacerlas efectivas en el territorio.
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En total, se han restituido 29.409 hectáreas y 1.170 predios, mientras que en materia de titulación se registran 1.504 títulos para mujeres y 1.402 para hombres, un dato que evidencia un avance en el reconocimiento de los derechos de ellas sobre la tierra. Aun así, las cifras dejan ver que la restitución en Urabá sigue siendo un proceso lento frente a la magnitud del despojo que marcó a la región.
Aunque en el departamento se han proferido 2.733 sentencias y se han restituido 57.727 hectáreas correspondientes a 3.878 predios, estas cifras no compensan la magnitud del despojo sufrido. En términos de equidad de género, se destaca que 4.782 títulos de propiedad han sido entregados a mujeres, frente a 4.202 a hombres, un avance que, si bien relevante, resulta insuficiente frente al rezago estructural del proceso.
Para Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, el lento avance demuestra que el modelo enfrenta serias barreras administrativas y judiciales. A ello se suma la persistente oposición de empresas que, según el informe, continúan dilatando y obstaculizando los procesos de restitución.
“Hasta ahora hay 168 empresas que se han presentado como opositores a que a las víctimas les devuelvan esa tierra. Fundamentalmente son empresas mineras, agropecuarias y empresas dedicadas a la actividad financiera, bancos y cooperativas financieras. Colombia debe avanzar rápidamente para satisfacción plena de las víctimas. Que la gente pueda volver a su tierra, a vivir y a trabajar en ella”, expresó Vega.
A nivel nacional, las sentencias de restitución representan apenas el 10, % de las solicitudes presentadas ante la URT y solo el 6% de la meta gubernamental de 300.000 casos, lo que evidencia que lo paralizado que está este proceso en el departamento.
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