El gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, habló este lunes del informe causa-raíz de los reaseguradores del proyecto Hidroituango, el cual indicó que la Galería Auxiliar de Desviación (GAD, el túnel que colapsó el 28 de abril de 2018 y generó la emergencia del proyecto), se puso en funcionamiento a pesar de sus deficiencias de diseño y constructivas.
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Indicó que se trata de un informe pericial de la empresa Advanta (proveedor de servicios de ajuste de pérdidas, contabilidad forense, monitorización de proyectos e inspección de riesgos a aseguradores y reaseguradores del mundo), elegida por los ajustadores para definir el monto a cubrir por la contingencia.
Aunque tiene fecha del 2 de agosto de 2019, apenas se hizo público este lunes en La W.
“No se registró formalmente ante la organización. Ocho días después de haber presentado la conciliación (10 de agosto de 2020), se presentó en la vicepresidencia de Asuntos Legales. Hicimos averiguaciones y el documento nunca fue radicado, tampoco fue entregado en el empalme”, dijo Rendón.
Añadió que los funcionarios que recibieron el documento “lo tenían guardado bajo llave y lo dejaron en manos de un funcionario de la organización pero nunca radicado como era lo debido. No entendemos las razones, está en el marco de una investigación y los funcionarios que lo recibieron tendrán que dar sus explicaciones”, dijo Rendón.
¿Qué cambia con el informe?
El gerente dijo que dicho estudio del reasegurador (compuesto por Suramericana en 13% y un grupo de empresas londinenses que tiene el 87 %, según EPM) va en la dirección de la propuesta de conciliación presentada por la organización el pasado 10 de agosto y cuya audiencia está programada para el 19 y 20 de octubre.
Añadió que según este dictamen pericial hay errores en el montaje y la construcción y por lo tanto no es predicable la fuerza mayor. “Dice que hay errores de diseño, constructivos y en los conceptos de los asesores”, puntualizó.
Explicó que una vez fue presentado el análisis causa-raíz, contratado por EPM y realizado por la firma noruego chilena Skava Consulting (1 de marzo de 2019), la firma Integral (integra el consorcio diseñador y asesor) no se acogió e hizo su propio estudio en el que asegura que el colapso de la GAD se dio por causas imprevisibles.
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Dicho informe, contó Rendón, fue llevado a la reaseguradora para sustentar el reconocimiento del primer pago (USD 150 millones desembolsados el 4 de diciembre de 2019). Ese mismo día, según el gerente, se anunció un segundo desembolso que se espera desde abril.
“Lo que hace la administración (anterior) es diseñar una estrategia para inculpar solamente al diseñador y asesor, perseguir $5,8 billones y llamar a la aseguradora. Claramente se definió desde la administración esa estrategia, solo involucrando a Integral. Lo que nosotros hicimos fue integrar a todas las partes en la conciliación”, detalló.
Añadió que funcionarios de EPM se reunieron en Londres con los reaseguradores y, luego, como consecuencia, visitaron el proyecto para verificar daños materiales, lucro cesante y daño emergente.
Sobre si este estudio pone en riesgo el pago del seguro, Rendón respondió: “Estamos hablando de errores de montaje y construcción, cuando se cometen los errores que no sean con dolo, las compañías de seguros están activas para responder. No vemos cómo no puedan reaccionar si cada una de las partes sitúa su responsabilidad dependiendo de las pruebas”.
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