Para que la muerte del líder social minero, Jaime Alonso Gallego Gómez, no quede impune, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por los responsables de su desaparición y posterior asesinato.
Así lo anunciaron desde el Consejo de Seguridad que se realizó este jueves en Segovia y en el que participaron la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP), luego de que se perpetrara el crimen de Gallego, a quien la comunidad conocía como Mongo.
El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, expresó que “hemos tomado la decisión de ofrecer hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que nos conduzca a la individualización, identificación y captura de los sujetos responsables de la muerte del líder social”.
A Mongo lo desaparecieron desde el 3 de marzo, cuando lo citaron a una reunión en una vía que conecta a los municipios de Vegachí y Amalfi y lo habrían retenido contra su voluntad cuando llegó al sitio.
Cuando lo retuvieron también lo hicieron con un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que le estaba prestando custodia. El sistema de geolocalización emitió su última señal cuando se encontraba en un paraje conocido como Los Chorritos, en este corredor vial de trocha.
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Después de una semana de desaparición, a Gallego Gómez lo encontraron muerto en la madrugada del domingo en la vereda El Jabón, zona rural de Vegachí, donde lo ubicaron con múltiples heridas de fusil.
En cuanto al escolta de la UNP, este fue dejado en libertad por los hombres armados horas después de la desaparición y este fue puesto a disposición de la Policía en Yolombó, mientras avanzan las investigaciones.
El presidente Gustavo Petro atribuyó la responsabilidad del asesinato de este líder social de la Colombia Humana al Clan del Golfo, estructura que tiene intereses en la minería ilegal en esta subregión de Antioquia.
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Mongo era una de las personas que más luchaba por solucionar los problemas de la minería formal e informal del departamento, principalmente en Segovia y Remedios.
La Iniciativa por la Minería Consciente manifestó luego del crimen que esto es una tragedia que muestra la crisis que pasa el sector minero en Antioquia y que este líder asesinado tenía varias propuestas para mejorar las condiciones de los mineros ancestrales.
“Este crimen, los temores de los mineros a ser agredidos físicamente, las amenazas permanentes de prohibición o afectación a la minería, son hoy muy graves síntomas del debilitamiento a que ha sido sometida la actividad minera, por decisiones o inacción gubernamental y por la amenaza de grupos criminales”, manifestó este colectivo.
Fortalecimiento de actividades de inteligencia
En este consejo de seguridad no solo se trató el tema particular del líder minero, sino también la situación de orden público en el Nordeste antioqueño, que viene generando homicidios, desplazamientos y amenazas contra la población civil.
“Vamos a fortalecer también los medios de movilidad para las fuerzas con el fin de que puedan atender de manera inmediata y oportuna los requerimientos de la comunidad”, expresó el general (r) Martínez.
Entre las iniciativas claves de este consejo de seguridad está el incremento del pie de fuerza y el aumento de las cámaras de seguridad en los puntos estratégicos de todo el Nordeste antioqueño.
