Un grupo de funcionarios se reunieron e hicieron una manifestación reclamando por el futuro de su fondo de vivienda.
Al interior de las instalaciones de la Gobernación de Antioquia se vivió el primer pulso entre los servidores públicos y la administración del gobernador Andrés Julián Rendón, pues en la mañana de este martes un grupo de los primeros decidió realizar una manifestación para hacer algunos reclamos en cuanto a sus condiciones laborales.
De acuerdo con la Mesa de Unidad Sindical de la Gobernación de Antioquia, los servidores públicos afiliados a su agremiación han decidido manifestar su inconformidad ante lo que para ellos fue la reciente propuesta del gobernador Rendón de eliminar el Fondo de la Vivienda para los servidores y transferir los recursos de este –tasados por la Mesa en cerca de $53.000 millones– al Fondo Nacional del Ahorro o a la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA.
Según los trabajadores, la decisión estaría en contra de lo estipulado en el marco del acuerdo colectivo firmado en mayo de 2023 entre los sindicatos de empleados públicos y el gobierno departamental dirigido en ese entonces por el exgobernador Aníbal Gaviria, acuerdo vigente hasta el 31 de diciembre de 2024.
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Una de las iniciativas presentadas por los sindicatos para aplicarse una vez caduque el acuerdo, es la de un proyecto de modernización del Fondo de la Vivienda que busque aumentar los montos disponibles, reducir la tasa de interés y ampliar los plazos de las deudas. Sin embargo, según la Mesa, este proyecto presentado inicialmente en octubre de 2023 no fue acogido por la Gobernación. “La propuesta fue luego llevada al actual gobierno, el cual también ha incumplido los compromisos establecidos”, indicaron en un comunicado.
Según la Mesa, actualmente los $53.000 millones en el Fondo de la Vivienda no están beneficiando a los empleados, sino al grupo bancario Aval, pues el dinero se encuentra en cuentas de esa entidad mientras los empleados siguen sin acceso al monto para poder adquirir casas.
Cabe mencionar también que el pasado 24 de mayo, los agremiados a la Mesa habían recogido una serie de firmas para incluirlas en una carta enviada al gobernador para mostrar su descontento ante su propuesta.
“Es un llamado a la acción para que se respeten los acuerdos establecidos y se busquen soluciones que realmente beneficien a los trabajadores, asegurando un uso adecuado de los fondos disponibles”, comentaron en esa ocasión.
Por ahora no se ha conocido pronunciamiento emitido desde el despacho del gobernador Rendón frente a este tema.
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