Una condena vehemente emitió el comando de la Policía Antioquia tras un nuevo ataque de grupos armados contra la institución que dejó como saldo la muerte de un uniformado y otro herido en el suroeste del departamento.
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El episodio armado sucedió en el corregimiento de Santa Rita, zona rural del municipio de Andes, durante la noche del jueves, cuando una patrulla ejercía su trabajo de vigilancia.
“Acciones demenciales como esta nos ratifican que tenemos que arreciar la ofensiva contra el multicrimen y el delito para liberar a nuestra patria de estas organizaciones que tanto daño le hacen”, expresó el comandante de la Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico, quien calificó el evento como bárbaro.
El uniformado sacrificado fue Luis Carlos González Bejarano, de 29 años, mientras que el que quedó herido fue identificado como Julio César Atencio Sánchez, de 20 años de edad, ambos con grado de patrullero.
El coronel Rico detalló que el hecho ocurrió las siete de la noche de este 10 de julio. En ese momento, los policiales sufrieron una arremetida de los ilegales a punta de ráfagas de bala, con el resultado ya señalado.
Tras hacer el levantamiento del cuerpo del uniformado muerto y el traslado del lesionado hacia un centro asistencial para curar sus heridas, se emprendió una acción envolvente entre efectivos del Ejército y la Policía con el propósito de dar con el paradero de los atacantes.
En esta subregión del departamento se ha tenido información de la actuación del Clan del Golfo, organización que emprendió una “operación pistola” contra la Policía, de manera que hasta ahora ha asesinado a 20 uniformados de esa institución en Antioquia.
El comandante regional de la Policía responsabilizó a este grupo del ataque en Santa Rita. Por su parte, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables de este hecho.
El Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) está en un proceso de expansión por varias áreas antioqueñas, con el fin de disputarles las rentas ilegales a las guerrillas del Eln y las disidencias de las extintas Farc.
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Con respecto al Suroeste, específicamente, la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas desde 2023 sobre esa intención, evidenciando las graves consecuencias que esto podía tener para líderes sociales, campesinos, comerciantes y población migrante.
Además, hacia enero del presente año se presentaron enfrentamientos en Jericó, un municipio que no aparecía en el mapa de la confrontación entre ilegales, pero que vio como la pugna entre el Clan del Golfo y un grupo delincuencial terminó con la muerte de una mujer y la captura de un cabecilla del Clan, lo que desató zozobra entre la población.