La Gobernación de Antioquia tiene en stand by las obras para reubicar el llamado peaje de Santa Elena, que hasta ahora ha funcionado en una zona correspondiente al área rural de Rionegro y planean trasladar a jurisdicción de Guarne.
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La razón para el frenazo en estos trabajos es la oposición de personas que pertenecen a la comunidad. Actualmente la caseta de cobro está localizada en la vereda Yarumal, de Rionegro, y piensan trastearla a una distancia cercana a los dos kilómetros, en la vereda San Ignacio, de Guarne, a la altura del kilómetro 19+300 de la vía.
El viernes pasado varias personas que dijeron actuar a nombre de un contratista de la Secretaría de Infraestructura de Antioquia comenzaron a realizar la tala de los árboles para hacer las instalaciones, y ahí se dio el primer incidente con la comunidad aledaña.
Algunos vecinos se presentaron aduciendo que habían interpuesto un recurso contra la resolución de Cornare que autorizaba el aprovechamiento forestal y mostraron el documento respectivo; por tanto, dijeron que el procedimiento debía esperar a que la Corporación Autónoma Regional se pronunciara al respecto.
No obstante, según relata María Cristina Franco, una de las accionantes, las personas a cargo hicieron caso omiso y continuaron con su tarea, suspendiéndola solo cuando, a petición de quienes protestaron, se hicieron presentes funcionarios de la Inspección de Guarne. Aun así, alcanzaron a talar tres ejemplares arbóreos.
“Los encargados llevaron una valla que decía que tenían los permisos de Cornare y una resolución autorizada que ya estaba en firme porque supuestamente se había vencido el tiempo para interponer recursos el día previo”, explicó la señora Franco, quien muestra que la Resolución respectiva es del 26 de agosto y la reposición la pusieron el 8 de septiembre, es decir, dentro de los diez días hábiles posteriores que manda la norma y que se vencían justo el jueves, un día antes de ocurrido el choque verbal.
Consultada por EL COLOMBIANO, la Secretaría de Infraestructura contestó este martes que la notificación frente al recurso interpuesto la recibieron el 15 de septiembre, es decir, este mismo día, pero que aun así las actividades de tala fueron suspendidas el sábado 12 “de manera preventiva.
Esa dependencia informó además que, si bien el permiso de aprovechamiento forestal los autoriza a sustraer 81 árboles, solo sustraerán los estrictamente requeridos debido a la obra y habría una compensación bajo la figura de “pago por servicios ambientales”.
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En el texto de la reposición, las dos accionantes -la señora Grajales y otra vecina- aducen que aunque el 27 de agosto acordaron hacer una mesa técnica para estudiar qué alternativas tienen menor impacto, con participación de la Alcaldía y la Personería de Guarne así como la Gobernación, la concesión del Túnel de Oriente y la comunidad y que antes de iniciar las intervenciones se haría socialización con la gente, esto no se cumplió.
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