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La Personería de Medellín, a través del área de Averiguaciones Disciplinarias, formuló pliego de cargos contra los exgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), Margarita María Ángel Bernal y César Augusto Hernández Correa, así como contra Luis Guillermo Pino Pérez, exdirector técnico de la empresa.
La determinación se adoptó por la presunta falta de planeación contractual, en la construcción de la sede administrativa de la entidad, ubicada en el parque San Antonio.
A los exfuncionarios se les reprocha el presunto procedimiento irregular, con respecto a la suscripción de un contrato interadministrativo, sin que se tuviera la disponibilidad presupuestal suficiente para ejecutar la totalidad del mismo.
Según la Personería de Medellín, no se observó ningún interés por parte de los exfuncionarios en buscarle una solución, ni desde lo jurídico, ni desde lo económico, a la irregularidad del contrato suscrito.
Por otra parte, la Personería también formuló pliego de cargos contra el exdirector del Instituto de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), Diego Restrepo Isaza y los subdirectores María Eugenia Lopera Monsalve y Sixto Naranjo Guarín, por presuntamente haber omitido la solicitud de inclusión del proyecto Villa Jesusita II, Altos del Jardín, en la Resolución 258 del 15 de agosto de 2014, por medio de la cual “se autoriza el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario en cumplimiento de las metas de Plan de Desarrollo del Municipio de Medellín para las Organizaciones Populares de Vivienda, con acompañamiento del Isvimed.
Lo anterior impidió la renovación de la licencia de construcción del proyecto mencionado, dado el cambio de regulación en el uso del suelo de Medellín, el cual se estableció en el Acuerdo 048 de 2014 y se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial.
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A estos exfuncionarios se les endilga la omisión del deber de vigilar, salvaguardar y cuidar los recursos invertidos en el proyecto de vivienda de interés prioritario Villa Jesusita II, cuyos desembolsos se realizaron hasta el mes de julio de 2014 y frente a los cuales se tenía el deber de custodia hasta la entrega efectiva de los inmuebles destinados a atender soluciones de vivienda de la población vulnerable.
Por último, la Personería formuló cargos contra el exgerente de Metroplús, Ricardo Medina Giraldo y la exsecretaria general de la entidad, Lina María Zuluaga, por presuntas irregularidades en el pago de unos viáticos.
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Los exfuncionarios de Metroplús habrían incurrido en un presunto procedimiento irregular, en el cual se cancelaron viáticos y pasajes aéreos cuando las comisiones de esos viajes no fueron autorizadas por la junta directiva. Asimismo, tampoco se encontraron informes presentados a las mismas instancias sobre las actividades desarrolladas durante los viajes realizados, en tres ocasiones, a Brasil, Alemania y España.
Para el ente de control, estos exfuncionarios eran conocedores del cumplimiento de sus deberes, específicamente en lo relacionado con el proceso de aprobación y otorgamiento de viáticos, lo que conlleva a una extralimitación de sus funciones.