Aduciendo motivos personales, Leopoldo Giraldo Velásquez rechazó ser secretario de Salud ad hoc para el proceso de revocatoria al alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Giraldo había sido nombrado por el alcalde ad hoc, Juan Pablo Díaz Granados.
“Debido a situaciones y compromisos personales me permito declinar este nombramiento, sin antes agradecer nuevamente la confianza depositada”, escribió Giraldo en una carta a Díaz Granados, que este publicó en su cuenta en Twitter.
“Deseo agradecerle inmensamente el haber puesto a consideración mi hoja de vida para ocupar el cargo de Secretaría de Salud ad hoc de Medellín para efectuar el control de vigilancia y control de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del coronavirus, en el proceso de recolección de apoyos ciudadanos de las iniciativas de revocatoria del mandato del alcalde municipal de Medellín”, agregó Giraldo en la misiva.
Díaz Granados, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, fue nombrado alcalde ad hoc de Medellín, un mes después de que Daniel Quintero presentara un impedimento para hacerle seguimiento al proceso de recolección de firmas.
La secretaria de Salud de Medellín, Jennifer Andree Uribe, también había presentado un impedimento, argumentando un conflicto de intereses para vigilar y controlar el proceso de recolección de las firmas que buscan impedir que el alcalde termine su mandato en diciembre de 2023.
Mientras se espera a que Díaz Granado nombre a una nueva persona para ser secretario de Salud ad hoc para los temas de la revocatoria, los comités que la impulsan está a la espera de que el proceso se destrabe y puedan iniciar la recolección de firmas.
Y es que, aunque la Registraduría entregó el 18 de junio las planillas para que recojan las 91.211 firmas necesarias (el 40 % de los votos que obtuvo Quintero en 2019), hay un proceso judicial que lo detuvo provisionalmente. El Tribunal 33 Administrativo de Medellín, el pasado 23 de junio, lo suspendió temporalmente.
Esto, después de admitir una tutela interpuesta por el ciudadano José de Jesús Serna, en la que argumentaba que los comités no están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para la recolección de las rúbricas.
