A Alejandro Méndez Valencia, edil de la comuna 10 (La Candelaria), para ejercer su labor le toca no solo recorrer sus 17 barrios sino, además, conocer la idiosincrasia, las características y las problemáticas de cada uno, de por sí diversas y, dependiendo el sector, complejas y de difícil solución, pues entre ellos está el Centro, afectado por asuntos de movilidad, delincuencia, contaminación y ocupación de espacio público.
“Acá hay población residente y flotante, comercio, establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas, es una diversidad que en las demás comunas no se da, porque por ejemplo en otras no hay habitantes de calle o tanto comercio”, dice Alejandro, que ha sido líder del sector hace mucho tiempo y este año inició sus funciones de edil.
Como paradoja, pese a la complejidad de las labores y a todo el tiempo que él y sus colegas invierten en reuniones, recorridos y sesiones, el oficio no es remunerado y solo la Corte Constitucional acaba de abrir una ventana con la promulgación de un fallo que permitirá que los alcaldes les puedan otorgar honorarios por su trabajo.
La sentencia considera exequible un proyecto de ley del Congreso que busca hacer justicia con estos servidores, que son los representantes de la comunidad y ejercen un trabajo para el cual se les exige tiempo, cumplimiento, honestidad y someterse a elecciones populares.
“A ellos los eligen el mismo día que a los concejales, los diputados y los alcaldes, es una figura constitucional que tiene las mismas inhabilidades e incompatibilidades que las de los concejales y los diputados”, recalca el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz.
Medellín les pagará
Para la Alcaldía de Medellín este fallo constituye un hito nacional que termina con una espera de cinco años para que ellos reciban remuneración, ya que el proyecto había pasado los debates del Congreso en 2015, pero el presidente Juan Manuel Santos, en esa ocasión, no lo firmó y las intenciones de los congresistas se enredaron. (Ver paréntesis)
La decisión del alto tribunal, sin embargo, no tomó por sorpresa a la administración municipal, pues desde su campaña a la alcaldía, Daniel Quintero les hizo a los ediles la promesa de que la ciudad les remuneraría su trabajo. Esta se concretó en el Plan de Desarrollo aprobado por el Concejo, en el cual se incluyó el presupuesto para que durante su periodo como mandatario se haga esta retribución.
“La democracia necesita actores capacitados y formados que, mediante ejercicios de participación diaria, tengan herramientas para conocer sus entornos y aportar en la construcción de soluciones conjuntas”, expresó el secretario de Participación Ciudadana de la alcaldía, Juan Pablo Ramírez. Los ediles son 146 e integran las Juntas Administradoras Locales -JAL-, una por cada una de las 16 comunas y los 5 corregimientos.
“Nuestra función principal es velar porque se cumpla la ejecución de los recursos del presupuesto participativo, que son los que se usan para los proyectos elegidos por las comunidades en materia de educación, recreación, vías y todos aquellos que se consideren prioritarios”, explica Méndez Valencia. Aclara que ellos no manejan los recursos, solo ejercen la supervisión.
Para el cuatrienio, el Concejo aprobó $12.000 millones destinados al pago a los ediles. El concejal Zuluaga Díaz señala que estos ciudadanos son los intermediarios entre las comunidades y las instituciones, realizan sesiones, llevan actas y en caso de no cumplir pueden ser destituidos.
“Hay que precisar que lo que la Corte autoriza pagarles son honorarios, no un salario ni prestaciones sociales ni aportes a pensión, es más bien una manutención y las alcaldías no estarán obligadas a pagar, pues la sentencia dice que pueden, no que tienen que pagarles”, recalca el corporado.
Su colega del Concejo Luis Bernardo Vélez señala que, sin duda, los ediles merecen un pago por sus labores. “Es un acto de justicia con personas que trabajan por la comunidad y tienen muchas limitaciones económicas en sus vidas. El beneficio de dignificarlos va en favor no solo de ellos y sus familias sino también de las comunidades”, dice Vélez.
El secretario Ramírez considera que el pago es un reconocimiento a los liderazgos y sirve para potenciar la democracia participativa.
Lo que aún no se define es cuál será el monto de los honorarios por edil ni el sistema que implementará la alcaldía, dado que hay que esperar que la ley quede en firme como una norma nacional.
$3200
millones es el monto reservado para el primer año de pago a los ediles.
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