Similar al cuerpo de un enfermo, el Centro de Medellín sufre las consecuencias del virus. Sus calles y carreras, como arterias intrincadas, padecen la furia de la peste. Plazas, parques y plazuelas han enfermado, como células infectas. Y hoy se debate entre la vida y la muerte, agobiado por una crisis social generalizada, un diferente uso del espacio público, la ausencia de estudiantes y la expansión de nuevas prácticas criminales.
La Alianza Cultural por el Centro, un colectivo cívico que reúne a 63 entidades, publicó un comunicado que titularon “De las palabras a la acción”. En él, los firmantes hacen un llamado a la institución, en cabeza del gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, para que asuma las problemáticas que, según ellos, se agravaron con la pandemia.
Juan David Belalcázar, vocero de la Alianza, explica la idea: “El Centro se cerró y sus espacios dejaron de ser habitados. La agenda cultural se perdió, lo mismo que la noche. La reactivación ha sido muy lenta y eso ha propiciado que la delincuencia se haya apropiado de los lugares dejados por los ciudadanos”.
Pero las quejas no se refieren solo a la seguridad. Según Belalcázar, la población se ha pauperizado. “La brecha social se ha abierto aún más. Las trabajadoras sexuales están abandonadas, sin sustento y expuestas a contagiarse de covid. Otro factor preocupante es que el estigma contra la población venezolana ha crecido, incluso hasta llegar a ataques violentos”, expone el miembro de la Alianza. Hasta el momento, comenta Belalcázar, no han recibido respuestas del alcalde, el gobernador o el Concejo, ante la carta en que pusieron la queja sobre lo que ocurre en la comuna 10.
Para conocer la situación que atraviesa el Centro, sus alcances y sus consecuencias, hablamos con fuentes oficiales y con quienes habitan el territorio. Esto es lo que encontramos.
Un espejo
El vocero de la Alianza dice, con tristeza, que el Centro es un reflejo de lo que sucede en Medellín y el departamento. Es decir, que si las condiciones de vida desmejoraron en la comuna 10, es porque eso sucedió en la región. “Es solo el lugar en el que confluyen todos. Acá convergen todas nuestras realidades”, argumenta. Su conclusión puede sustentarse en las cifras publicadas por el Dane el pasado 29 de abril. Según esa entidad, al menos 3,5 millones de colombianos cayeron en la pobreza entre 2019 y 2020.
En el caso del área metropolitana del Valle de Aburrá, que aportó casi una décima parte de los nuevos pobres del país, los ingresos de al menos 334.415 personas se situaron por debajo de la línea de la pobreza monetaria y los de 207.818 por debajo de la línea de la pobreza monetaria extrema.
Mónica Pabón, gerente del Centro, dice que entiende la preocupación de la Alianza y está de acuerdo con el comunicado emitido: “Evidentemente, el espacio público se dejó de habitar. Muchos de los problemas sociales se incrementaron. Cuando hay hambre, miseria y desespero, toda la miseria humana sale a flote y es en el espacio público donde se ve reflejada”.
Para la gerente, no obstante, el asunto del espacio público tiene que esperar, pues considera que hay situaciones más inmediatas por resolver. “Recibimos el comunicado con todo el respeto, pero nosotros como institución tenemos unas prioridades diferentes. Ahora estamos volcados en el tema de la pobreza, el trabajo digno y en lograr una recuperación económica completa. Nuestro énfasis está en que la brecha social del Centro no se incrementé”, añade Pabón.
Sobre este tema consultamos a la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín. Desde allí, de manera escrita, se respondió que no hay un estudio sobre el índice de pobreza en el Centro a 2021. Sin embargo, sí se identificó que hay varias poblaciones vulnerables, como las trabajadoras sexuales y los migrantes. Para las primeras, según la alcaldía, se han entregado 1.250 paquetes alimentarios y un auxilio habitacional para 16 de ellas. Además, se les han entregado 300 kits de aseo para mujeres.
En cuanto a los migrantes venezolanos, 635 han recibido auxilios habitacionales y, con un convenio con la Acnur, la agencia de la ONU para refugiados, se le brindó una ayuda económica a 328 de ellos para que mitigaran emergencias relacionadas con la covid.
“Las tasas de informalidad laboral aumentaron en las diferentes comunas, pero con mayor impacto en la Candelaria debido a la pérdida de empleos formales y la población migrante que proviene de Venezuela, además con el agravante de que a esta población se le dificulta el acceso a salud y proyectos sociales”, reza la respuesta de ese despacho.
La gerente Pabón, por su parte, señala que sí hay tensiones con los migrantes venezolanos: “Hemos evidenciado un choque de culturas. La población venezolana tiene una forma de vivir, de entender el mundo, de relacionarse con la autoridad, que es diferente a la nuestra, que es muy conservadora. Eso ha generado choques de ambas partes. La única manera de resolverlo es entender que ellos ya no son migrantes, sino que son parte de nuestra sociedad y debemos entenderlos”.
Esta versión la confirma Toni Vitola, vicepresidente de la Colonia de Venezolanos en Colombia, quien añade que la estigmatización contra esa población se ha incrementado. Vitola explica que la mayoría de venezolanos que habita el Centro está en el país de manera irregular. “Son personas que están sujetas a la explotación y no tienen un contrato formal. Ellos son los más sujetos de discriminación. Se han presentado confrontaciones entre las comunidades e, incluso, entre los mismos venezolanos. Además, hay un grupo minoritario, que es muy reducido, que está cometiendo actos criminales, lo que aumenta el estigma contra la población en general. La mayoría son personas honradas que se están viendo afectadas por esta xenofobia”.
Según los cálculos de Vitola, en Medellín viven hoy 90.000 venezolanos. Para conocer la cifra exacta, la alcaldía está adelantando un censo. De antemano, la administración cree que en la ciudad hay 78.000 nacionales del vecino país.
Hablando ya sobre los problemas del Centro en general, Jorge Mario Puerta, director de la corporación cívica Corpocentro, dice que la comuna 10 ha sufrido varios eventos negativos desde que comenzó la pandemia. El primero fue la cuarentena generalizada, cuando los espacios públicos quedaron deshabitados. Después, rememora, fue cerrado por 14 días, entre el 13 y 27 de julio de 2020. La razón de la medida fue, justamente, el alza de casos de coronavirus en la zona. “Después, cuando nos recuperábamos, llegaron los cierres de 4x3 de este año y las manifestaciones desde el 28 de abril. Muchos comerciantes han visto que sus negocios son insostenibles. Frente al uso del espacio público, hemos visto que lo han ocupado más ventas informales de personas que quedaron sin trabajo”, dice Puerta.
El director de Corpocentro añade que la falta de estudiantes ha perjudicado el uso del espacio público. En esta zona hay más de 110 instituciones educativas, entre colegios y universidades: “El mobiliario del espacio público se ha perdido y los delincuentes han aprovechado esto para hacer fechorías. Los jóvenes le daban una vida cultural al territorio, pero esto se ha perdido”. Frente a la delincuencia, EL COLOMBIANO publicó un informe el pasado 13 de mayo. En él se evidencia cómo, aprovechando las movilizaciones, ladrones están robando en gavilla. Toman a la víctima desprevenida y la tumban. Una vez en el suelo, le quitan sus pertenencias. Analistas e investigadores estuvieron de acuerdo en que la práctica es nueva en la ciudad.
El aporte cultural
Antes de la pandemia, el Museo de Antioquia recibía, en promedio, 700 visitantes diarios. Hoy apenas es frecuentado por 35 o 40, cuando la cosa va bien. María del Rosario Escobar, directora del Museo, explica que la baja se debe a la ausencia del turismo y los estudiantes. “Hemos encontrado una pauperización de las personas que habitan alrededor de la plaza. Hoy no estamos circulando de la misma manera de antes, cosa que cambió las dinámicas entre habitantes de calle, trabajadoras sexuales y quienes habitaban el espacio público. Vemos más mujeres que ejercen la prostitución y entre ellas han aumentado los conflictos”, considera Escobar.
Pese al panorama sombrío, la directora del Museo no pierde la esperanza. Dice que desde el arte es posible forjar un cambio y atenuar la crisis que vive la comuna. La primera idea es extender los horarios de nuevo, que fueron reducidos con la pandemia.
Con esto, la Plaza Botero sería habitada de otra manera hasta la noche y le reduciría el margen de acción a los delincuentes: “Creemos en el trabajo fuerte y simbólico de la cultura. Además, tenemos que generar espacios de diálogo, democráticos, de resignificación, en los que participemos todos los actores y busquemos soluciones”.
Cruzando la Oriental se encuentra la Plazuela San Ignacio. Allí, entre unas ceibas centenarias, está el claustro de Comfama San Ignacio, un espacio abierto a la cultura. Sergio Restrepo, director del lugar, explica que no han cedido en el uso del espacio público. Por eso sacaron mesas de ajedrez y tenis de mesa a la plazuela. Dice que cada semana hablan con habitantes de calle, vendedores ambulantes y comerciantes para saber cómo está la situación.
Para Restrepo, las dinámicas de San Ignacio no han cambiado, como sucedió en otras zonas del Centro: “El Claustro Comfama reabrió desde septiembre y desde eso estamos ofreciendo actividades culturales constantemente. A nosotros nos visitan 1.300.000 personas al año. Mientras abramos y la iglesia también lo haga, las dinámicas se van a mantener. Vamos a realizar el evento ‘La Arepa invita’ y seguiremos con las actividades públicas”.
El director del claustro añade que la cultura será fundamental para superar este momento. Entre las estrategias implementadas está la exposición “Nacido en cuarentena”, realizada en conjunto con el Museo de Antioquia y demás entidades culturales de la comuna 10; un “Concierto incierto”, ejecutado en el Teatro Pablo Tobón. “Nosotros, además, vamos a intervenir el claustro, un edificio por el que ha pasado la historia de la ciudad. Invertiremos $54.000 millones para ofrecer un espacio renovado y con nuevas salas para el disfrute de la ciudad”, dice Restrepo.
Para Belalcázar, el vocero de la Alianza Cultural por el Centro, la solución está en el diálogo entre todos los actores. Pabón, la gerente, dice que los problemas de la comuna 10 no pueden solucionarse en cuatro años, máxime cuando el sector lleva cuatro décadas de deterioro. Entretanto, el corazón de Medellín seguirá debatiéndose ante la enfermedad que lo tiene cautivo, tratando de superarla, como un cuerpo que se restablece
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migrantes que habitan esta zona han recibido auxilios habitacionales: Alcaldía.
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