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familias habitaban el edificio Babilonia que fue evacuado el 29 de junio de 2018.
La orden de derribar el edificio Babilonia, que emitió la Alcaldía de Itagüí el pasado 6 de noviembre, fue apelada tanto por los copropietarios de la edificación como por el constructor.
La decisión, entonces, quedó suspendida hasta que la segunda instancia —que sería el alcalde León Mario Bedoya— se pronuncie.
Óscar Muñoz, secretario Jurídico de Itagüí, explicó que el alcalde está estudiando las peticiones de las partes para definir si ratifica la orden de demolición o si ordena la elaboración de nuevos estudios de patología y suelos.
Pero la cosa se podría complicar aún más. El pasado 13 de noviembre el abogado Enrique Henao Granja, que representa a la constructora Ruiz Sánchez y Asociados, radicó una apelación que busca declarar la nulidad del proceso.
“Si él (constructor) o su apoderado no participan en la audiencia, como ocurrió, no hay oposición a los elementos de prueba. Este es un proceso nuevo que tiene que cumplir etapas en términos de debido proceso, derecho a la defensa, solicitud de pruebas (...) Al no participar, se le están violando los derechos”, dijo el abogado.
En efecto, el constructor no se hizo presente en las audiencias del 30 de octubre y del 6 de noviembre. Según el abogado, la ausencia se debió a fuerza mayor, pues el representante de la empresa, Gabriel Jaime Ruiz, tenía incapacidad por problemas coronarios.
Los propietarios, en cabeza de Ángela Ramírez, administradora del edificio, y de su abogado, también radicaron una apelación en la que solicitan que se haga un estudio de suelos para despejar las dudas que aún tienen sobre supuestos problemas de agua.
Adicionalmente, pidieron que se haga claridad sobre a quién se le cobraría la demolición, pues ellos no tienen recursos para cubrir ese gasto en caso de que la orden de demolición se ratifique.
Más conflictos
La Alcaldía de Itagüí desarrolla dos procesos contra la constructora Ruiz Sánchez y Asociados, por el caso del edificio Babilonia. El número 123 tiene relación con una supuesta construcción sin licencia (por obras adelantadas en 2018, según la alcaldía) , mientras que el 132 busca definir si el edificio amenaza ruina; es decir, si está en riesgo de colapso.
El secretario Muñoz explicó que el proceso por la falta de licencia no se ha resuelto, mientras que el de amenaza de ruina fue fallado con la orden de demolición.
El abogado Henao sostuvo que, por tratarse de procesos distintos, debieron tener pruebas independientes y no solo el estudio de vulnerabilidad que la constructora contrató con el ingeniero Didier Arias.
“Hay unas indagaciones que yo hice que indican que el ingeniero estaba muy comprometido con la administración (municipal) y que estaba en contacto continuo con ellos”, dijo Henao.
El ingeniero Jaime Alberto Ruiz, quien también fue contratado por la constructora para hacer estudios de patología, fue más allá y sugirió que Arias pudo estar coaccionado por la alcaldía, pero que eso solo lo supo la constructora hasta después de presentado el estudio.
Agregó que los estudios de Arias se hicieron “como si el edificio fuera nuevo” cuando ya tenía más de 6 años habitado, y que eso hace que los resultados cambien. Además informó que los análisis que él mismo estaba desarrollando, se suspendieron por orden de la inspección.
EL COLOMBIANO intentó comunicarse con Arias vía celular, pero no logró establecer contacto. Muñoz, por su parte, dijo que no conoce de ninguna relación entre el ingeniero que realizó los estudios y la Alcaldía de Itagüí.
A todo esto se suman dos denuncias: una de los copropietarios contra la constructora por estafa, que fue trasladada desde la Fiscalía de Medellín a la de Itagüí; y otra de un ingeniero que asegura que su firma fue falsificada, pues él no es autor de los cálculos estructurales, como figura en los planos que reposan en la Curaduría Primera .
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familias habitaban el edificio Babilonia que fue evacuado el 29 de junio de 2018.
