Al amanecer de este 30 de noviembre, una jueza dio la orden de dejar en libertad a tres funcionarios de la Unidad de Víctimas en Antioquia, para los que la Fiscalía General de la Nación había solicitado medida de aseguramiento por presuntos actos de corrupción.
Así lo indicaron de manera extraoficial familiares de los funcionarios de la Unidad de Víctimas investigados en este departamento, y según las cuales las pruebas aportadas por el ente acusador resultaron débiles y fueron refutadas por los abogados de la defensa.
El pasado 25 de noviembre, la Fiscalía informó que el director de esa agencia estatal en Antioquia, Jorge Mario Alzate, y otras cinco personas, realizaban presuntos cobros ilegales para incluir a personas afectadas por el conflicto dentro del Registro Único de Víctimas, un paso fundamental para acceder a beneficios los previstos en los planes de reparación integral.
De acuerdo con los análisis de la Dijon y la Fiscalía, la presunta defraudación habría ascendido a 232 millones de pesos y se habría realizado mediante la suplantación de 11 personas, para gestionar pagos con cédulas falsas y documentos ilegales.
En comunicado oficial, fechado 28 de noviembre, la Fiscalía anunció que ante un juez de control de garantías presentaría por presunta corrupción a dos funcionarios de la Unidad de Víctimas, dos exfuncionarios, un contratista, un expersonero y al gerente de un banco en el municipio de Granada.
De acuerdo con la Fiscalía, estas personas, “habrían conformado una organización criminal para apropiarse de los dineros e indemnizaciones que estaban destinadas a las víctimas del conflicto armado. La Fiscalía investiga si para cometer los ilícitos falsificaban documentos y suplantaban a las víctimas beneficiadas con las ayudas estatales, o si en otros casos utilizaban documentos de personas ya fallecidas para hacerlas pasar como reclamantes. Incluso habrían utilizado cédulas con cupos numéricos no expedidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil”.
La misma nota de la Fiscalía anticipó que a los procesados se les imputaría su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, falsedad documental, acceso abusivo a un sistema de datos personales, peculado y cohecho, entre otras conductas.
Según las mismas fuentes, los presuntos implicados están en libertad, por orden de la juez de control de garantías, pero seguirán vinculados a las investigaciones.
Directora encargada
En un comunicado público, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) recordó que todas las gestiones que se realizan ante esta entidad son gratis y se continúan prestando sin traumatismos en el departamento de Antioquia.
Así mismo, se informó que, de manera temporal, ha sido encargada como directora de la entidad en Antioquia Gladys Prada Pardo. También se enfatizó en que “la Unidad trabaja para garantizar la transparencia de sus procedimientos y la actuación de los funcionarios, al tiempo que respeta el debido proceso y el principio y presunción de inocencia de las personas que en este momento están siendo investigadas por la Justicia”.
