Colectivo que agrupa a víctimas del atroz hecho perpetrado por paramilitares, al parecer con apoyo de la Fuerza Pública, se acreditaron dentro del Caso 08 del Tribunal
La Jurisdicción Especial para la Paz JEP anunció que acreditó como víctima colectiva a los sobrevivientes de comunidad del corregimiento de El Aro, del municipio de Ituango al Norte de Antioquia, la cual padeció una grave incursión paramilitar en octubre de 1997, cuyas secuelas retumban hasta hoy.
Según detalló la entidad, la acreditación se da en el marco del Caso 08 que atiende la JEP y que investiga los crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública en asociación con paramilitares del Bloque Mineros de las AUC dentro del marco del conflicto armado.
La solicitud de acreditación instaurada ante la JEP por parte del colectivo Sujeto de Reparación Colectiva (SRC) de la Comunidad del Corregimiento de El Aro – Ituango indicaba que muchas de las víctimas de desplazamiento forzado tras la masacre agremiadas en él nunca regresaron al corregimiento no sólo porque se había destruido casi la totalidad del caserío, sino porque se carecía de garantías de seguridad para su retorno toda vez que allí no solo se cometieron asesinatos sino otros vejámenes como abusos sexuales por parte de los paramilitares que atacaron el indefenso caserío clavado en medio de las montañas.
Cabe recordar que en la masacre de El Aro fueron asesinados, al parecer, con connivencia de la Fuerza Pública, los campesinos Omar de Jesús Ortiz Carmona, Fabio Antonio Zuleta Zabala, Arnulfo Sánchez Álvarez, Iván Gutiérrez Nohavá, Olcrisfail Díaz Pérez, José Darío Martínez Pérez, Carlos Enrique Jaramillo Jaramillo, Alberto María Correa Sucerquia, al menor Wilmar de Jesús Restrepo Torres, Guillermo Andrés Mendoza Posso, Luis Modesto Múnera, Nelson de Jesús Palacio Cárdenas, Marco Aurelio Areiza Osorio, Elvia Rosa Areiza Barrera y Dora Luz Areiza Arroyave, según el documento de la petición.
De acuerdo a la justificación hecha ante la JEP, el horror sufrido en el corregimiento de El Aro “generaron múltiples afectaciones físicas y emocionales en los habitantes de dicha comunidad”.
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“Entre las principales consecuencias de la masacre se destacó el desplazamiento masivo de la población, motivado por el temor a la repetición de estos hechos, así como, por el hurto de ganado, la quema de extensas áreas de cultivos agrícolas, la incineración de viviendas, los homicidios de varios de sus habitantes y las agresiones sexuales a menores y mujeres de este corregimiento”, se lee en el documento.
Además, de acuerdo con el colectivo, el corregimiento de El Aro –como territorio y comunidad– fue estigmatizado como guerrillero por parte de los grupos paramilitares y sus aliados desde la institucionalidad, justificando de esta manera la masacre, el desplazamiento, despojo de sus pertenencias y la quema del pueblo.
“La masacre, el desplazamiento masivo, las agresiones sexuales y los otros actos cometidos provocaron intensos sentimientos de miedo, rabia, tristeza, en muchos casos sostenidos en el tiempo, dejando secuelas psíquicas. Condicionando también los vínculos entre las personas de la comunidad, los cuales se ven teñidos por estas emociones”, aparece en el texto.
Tras analizar su petición y la documentación que la soportaba, la Sala de Reconocimiento de la JEP consideró que el colectivo que representa a la comunidad de El Aro sí goza del reconocimiento de su condición como sujeto colectivo y su calidad de interviniente especial en el marco del Caso No. 08 de la Sala de Reconocimiento.
Este reconocimiento le permite a las víctimas intervenir en diferentes instancias del proceso, presentar observaciones a lo dicho por los comparecientes, interponer recursos y conocer los avances de la investigación.
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