Asediados por la violencia que se comprometieron a no volver a promover, el pasado 15 de julio un grupo de excombatientes de las Farc se trasladó definitivamente a Urabá abandonando el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) ubicado en Santa Lucía, zona rural de Ituango.
Cinco meses han pasado desde que esos 93 firmantes de paz y sus familias tomaron todas sus pertenencias y se fueron en camiones, buses y vehículos tipo escalera de esa localidad que los había acogido tras la firma del Acuerdo Final en 2016 en el Norte de Antioquia, con destino al predio Becuarandó, en la vereda la Fortuna del municipio de Mutatá.
A pesar de que ha transcurrido casi medio año, la adecuación del lote de 137,2 hectáreas alquilado por el Gobierno Nacional para que los exFarc continúen con su reincorporación ha sido lenta en términos de construcción de zonas habitacionales, zonas comunes y servicios básicos como instalación eléctrica y de saneamiento.
Así lo aseguró Manuel Antonio González, líder del partido Farc en Antioquia, quien explicó que al llegar a Mutatá, los firmantes de paz tuvieron que “empezar desde cero”, ya que se encontraron con un terreno sin viviendas, en el que tuvieron que montar sus albergues provisionales utilizando palos y polisombra, malla tejida de color verde que usaron como paredes improvisadas.
Según González, más allá de ser recibidos con una bienvenida simbólica, los excombatientes se encontraron con un espacio que tenía plan de adecuación solo en el papel ya que “comenzamos como cuando llegamos a Santa Lucía, desde cero. Cuando se arribó ahí a la nueva zona en Mutatá cada uno se dio a la tarea de tomar un espacio y armar los cambuches con plásticos y los otros materiales disponibles distribuidos a lado y lado de la quebrada, pero en cinco meses ha sido poco el avance”.
Salida apresurada
El gerente de Paz y Posconflicto de Antioquia, Rafael Blanco, aseguró que ese traslado fue apresurado, ya que se necesitaban al menos seis meses más para dotar el lugar de bienes y servicios básicos, “dijimos que no había condiciones, pero desde que el Gobierno confirmó el alquiler del terreno en Mutatá, los reincorporados decidieron irse. Sabíamos que las condiciones no eran las mejores, pero fue una decisión suya”, explicó.
Esa salida desde Ituango que se consideró anticipada se dio en un panorama de inseguridad para los exintegrantes del desmovilizado grupo guerrillero que denunciaron reiteradas amenazas de muerte de parte de ilegales, y en medio del temor por el asesinato de 12 firmantes de paz, uno de ellos hijo de González, en la vía entre el casco urbano de Ituango y el Etcr de Santa Lucía.
Pese a estas circunstancias, Blanco planteó que desde la Gobernación de Antioquia se están brindando todas las condiciones de seguridad con el apoyo de la Policía y el Ejército para estos excombatientes que ahora están asentados en el Urabá y resaltó que el compromiso con su reincorporación a la vida civil ha sido priorizado desde el Plan de Desarrollo departamental.
Los avances
Pasados cinco meses de su llegada, los excombatientes asentados en Mutatá apenas empiezan a vislumbrar lo que serán sus viviendas, pues la Agencia para la Normalización y la Reincorporación (ARN) detalló que inició el contrato de construcción de 63 casas provisionales.
“El operador contratado construye desde el 2 de diciembre las viviendas transitorias con las que se busca fortalecer el arraigo a la legalidad de los excombatientes”, apuntó Andrés Felipe Stapper, el director general de la ARN.
Según el funcionario, el contrato suscrito junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) contempla la adecuación, instalación, ensamble, armado y distribución interna de los 63 alojamientos y de cuatro espacios comunitarios (dos aulas, un salón comunal y un espacio para actividades de salud).
Además, se aclaró que ya se tienen los diseños de las instalaciones y las redes sanitarias y eléctricas, y se adelantan estudios de prefactibilidad con el Ministerio de Vivienda para el proyecto de soluciones habitacionales definitivas en un plazo de mínimo dos años, además de la compra del terreno, tema que está en manos del Gobierno Nacional, que adelanta la negociación.
Otro de los temas que se espera solucionar pronto es la construcción de la carretera de ingreso al predio de Becuarandó, tema que se encargarán de resolver la Gerencia de Paz departamental y la Alcaldía de Mutatá, ya que en este momento solo se puede llegar caminando durante media hora al terreno donde están los firmantes de paz.
Para esta obra se dispuso de 183 millones de pesos y aunque inició en octubre, también ha tenido contratiempos. Sobre esta situación, Blanco explicó que estos retrasos están relacionados con “la solicitud de un permiso adicional por parte de la concesión vial, que acarrearía multas si no se pedía, entonces la decisión fue frenar la obra hasta hacer el trámite legal necesario, y sumado a esto se ha estado utilizando la maquinaria para atender las emergencias que ha causado la ola invernal”.
De acuerdo a lo previsto por el funcionario, ambas situaciones se resolverían antes de terminar el año para reanudar la construcción de esta vía que facilitará el ingreso de vehículos al predio ubicado en el Urabá antioqueño, que aunque no es pavimentada, permitirá una mejor comunicación vial que facilitará el ingreso de materiales para las viviendas y abastecimiento de enseres y alimentación.
Seguir en la legalidad
A pesar de los contratiempos, tanto el partido Farc como la ARN y la Gerencia de Paz y Posconflicto de Antioquia coincidieron en que lo primordial es garantizar que los excombatientes no opten por desistir de su proceso de reincorporación a la vida civil, ya sea emprendiendo proyectos personales o convencidos por unirse a un algún ilegal.
“Siempre habrá dificultades, pero sabemos que esto es parte de la dinámica. El Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para entregar rápido las viviendas y lo importante es que las cosas se den, para ello acompañamos en estos procesos a los excombatientes como lo planteamos en el Plan de Desarrollo para seguir demostrándoles que la opción de dejar las armas fue la correcta”, aseguró Blanco.
Por su parte, recientemente el director de la ARN planteó que con resolviendo las soluciones habitacionales transitorias en Mutatá se logrará “fortalecer el arraigo a la legalidad de los excombatientes y seguir avanzando en el fortalecimiento de los proyectos productivos (relacionados con ganadería e Internet por fibra óptica) en este punto del país de acuerdo con las instrucciones del presidente Iván Duque”.
A su turno, González apuntó que la salida de Ituango más que un desplazamiento forzado fue un desarraigo, ya que estima que el 90% de los excombatientes que estaban en Santa Lucía eran de ese municipio, considera que “los hombres y mujeres que hay en Mutatá están firmes con la paz y ninguno de ellos ha optado por apartarse de la implementación de lo acordado”.
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