Casi tres décadas después del allanamiento que reveló una de las piezas clave para entender la estructura económica del paramilitarismo en Colombia, la justicia ordenó medidas cautelares sobre los bienes que conformaron el denominado “Parqueadero Padilla” ubicado en Medellín, un predio que, según las investigaciones, funcionó como centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).
La decisión fue adoptada por un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación. La medida cobija 18 inmuebles, avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos, sobre los que se decretó embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.
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Los bienes corresponden al predio original del Parqueadero Padilla, que con el paso de los años fue dividido en 18 lotes independientes. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) materializaron las medidas cautelares y los inmuebles quedaron a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas, con el propósito de que puedan destinarse a la reparación de quienes resultaron afectados por el conflicto armado.
Un allanamiento que cambió la investigación sobre las ACCU
La historia del Parqueadero Padilla se remonta al 30 de abril de 1998, cuando investigadores del CTI realizaron un allanamiento en el lugar tras recibir información que apuntaba a que ahí, presuntamente, se confeccionaban uniformes para grupos paramilitares.
Sin embargo, durante la diligencia encontraron un panorama mucho más amplio. De acuerdo con la Fiscalía, fueron incautados documentos, registros contables y equipos informáticos que evidenciaban la existencia de un centro financiero y logístico de las ACCU, organización considerada el origen de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Ese material permitió reconstruir parte del funcionamiento económico de la organización, incluyendo registros sobre el manejo de recursos, la administración de su estructura y otros soportes financieros que se convirtieron en evidencia dentro de las investigaciones judiciales.
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Alias Lucas, pieza clave en la investigación
La Fiscalía estableció que el centro financiero y logístico habría sido dirigido por Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, señalado como uno de los hombres de confianza de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, fundadores de las ACCU.
Las autoridades sostienen que los inmuebles ahora embargados hicieron parte del entramado patrimonial relacionado con esa estructura armada, razón por la cual fueron incorporados al proceso de Justicia y Paz para avanzar en la reparación de las víctimas.
El nombre del Parqueadero Padilla también ha aparecido en otras investigaciones judiciales. Una de ellas está relacionada con el fiscal Álvaro Polo y surgió a partir de declaraciones de “Lucas”, condenado a 40 años de prisión por el homicidio de tres investigadores del CTI que seguían las pistas del Parqueadero Padilla.
Según la versión del exparamilitar, durante una diligencia judicial habría recibido presuntas presiones para declarar en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con su relato, le habrían dicho que, si lo hacía, “solucionaría su situación judicial”. Esas afirmaciones hacen parte de una investigación independiente que continúa en curso y no guardan relación con las medidas cautelares decretadas sobre los inmuebles.
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Con la decisión del Tribunal Superior de Medellín, los bienes permanecerán bajo administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas mientras avanza el proceso para establecer si su origen o destinación estuvo vinculado con actividades ilícitas relacionadas con el conflicto armado y si pueden incorporarse de manera definitiva al patrimonio destinado a reparar a las víctimas.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Qué era el Parqueadero Padilla y por qué fue clave en las investigaciones sobre el paramilitarismo?
- El Parqueadero Padilla fue un predio que funcionó como centro financiero y logístico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). En un allanamiento realizado por el CTI el 30 de abril de 1998 fueron encontrados documentos, registros contables y equipos informáticos que permitieron avanzar en el esclarecimiento de la estructura económica de ese grupo armado.
- ¿Qué medidas judiciales fueron impuestas sobre los inmuebles del Parqueadero Padilla?
- Un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó el embargo, el secuestro y la suspensión del poder dispositivo sobre 18 inmuebles. Estas medidas impiden que los bienes sean vendidos o transferidos mientras continúa el proceso judicial.
- ¿Por qué el Parqueadero Padilla seguía siendo objeto de procesos judiciales casi 30 años después del allanamiento?
- Porque el predio original fue dividido en 18 inmuebles y las investigaciones patrimoniales relacionadas con su presunto vínculo con las ACCU continuaron durante años. La decisión conocida ahora hace parte de ese proceso para determinar el origen y la destinación de los bienes.
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