Antioquia ya está a las puertas de una de las sequías más severas de su historia reciente. Aunque hasta hace pocos meses se pensaba que el momento más crítico del fenómeno de El Niño se produciría el próximo año, las previsiones se adelantaron.
De acuerdo con el Ideam, con corte al pasado 10 de septiembre, hay una probabilidad del 90% de que en los últimos tres meses de este año la intensidad de ese fenómeno sea muy fuerte.
Pese a que durante las últimas semanas la preocupación pública se ha centrado principalmente en los embalses —de los que depende el funcionamiento tanto del servicio de energía como el de acueducto— el riesgo de que se desaten grandes incendios forestales está latente.
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Si bien en semanas recientes las emergencias más graves han ocurrido en el Valle de Aburrá, las autoridades del departamento tienen sus ojos puestos en varios municipios especialmente vulnerables a estas emergencias y en general al cambio climático.
Un reciente estudio contratado por el Dagran y entregado por la Universidad de Medellín a finales de 2025 analizó en profundidad los 125 municipios del departamento y reveló las zonas en riesgo más crítico.
Además de calcular los municipios que más se han visto devastados por estas emergencias en las últimas tres décadas —en una lista que encabeza por amplio margen el Urabá antioqueño en cuanto a área afectada, pero liderada por el Valle de Aburrá por número de víctimas— el documento también alertó de varios municipios que tienen graves falencias, como ausencia de cuerpos de bomberos operativos, elevados porcentajes de viviendas inflamables y prácticas como las quemas tradicionales, la minería ilegal y la presencia de grupos armados ilegales. A un nivel general, los datos muestran que el 34% de Antioquia tiene una vulnerabilidad alta y un 1,2% muy alta.
En medio de este panorama, el Departamento inició una estrategia en varios municipios, buscando que puedan fortalecer sus capacidades antes de nuevas emergencias.
Lo que dicen los datos
El estudio de la Universidad de Medellín arrancó analizando los datos de incendios en Antioquia entre 1996 y 2024, llegando a la conclusión de que durante ese periodo un total de 19.516 hectáreas (ha) se han visto afectadas por estas conflagraciones, lo que equivale a un 0,31% de la superficie del departamento.
Solamente en cuanto a área, las dos subregiones con más tierra arrasada han sido Urabá, con 6.492 ha (37,9% del área quemada) y el Occidente, con 3.394 ha (equivalentes al 19,8%).
A renglón seguido, el informe hizo un compendio de damnificados en ese mismo periodo, señalando que en los últimos 29 años por lo menos 1.035 familias se han visto afectadas.
Las tres subregiones con más víctimas, que juntas aportan el 88% de los afectados, son, en primer lugar, el Valle de Aburrá, con 401; seguido por el Occidente, con 264 familias afectadas; y el Oriente, con 251.
Cruzando estos y otros datos, el informe concluyó que las tres subregiones más afectadas por incendios en el último cuarto de siglo son el Oriente, Urabá y el Valle de Aburrá.
Con base en ese compendio histórico, y analizando otras variaciones denominadas anomalías térmicas, el estudio precisó que son dos las épocas de más riesgo de incendios, una que arranca en diciembre y llega a su momento más crítico en marzo, y otra que arranca en julio y suele concluir en septiembre.
Si bien ambas temporadas de menos lluvias no son nuevas, el estudio sí alerta que por cuenta del cambio climático los riesgos se han agravado, debido a que las sequías cada vez son más extensas e intensas.
Además de los impactos económicos, la preocupación de las autoridades es que páramos, bosques secos tropicales y sabanas cada vez sufran daños más irreversibles.
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Precisamente para calcular las zonas que hoy son más vulnerables en Antioquia la investigación cruzó cuatro variables principales.
La primera es la vulnerabilidad institucional, entendida como la capacidad de los municipios para atender y prepararse para las emergencias. En segundo lugar evaluó la vulnerabilidad física, asociada sobre todo a la densidad y cercanía entre infraestructuras que pueden verse afectadas por incendios. También midió la vulnerabilidad económica, entendida principalmente desde las actividades que pueden desencadenar incendios y las pérdidas económicas potenciales. Finalmente, el informe analizó la vulnerabilidad social, entendida como la falta de recursos de las poblaciones para atender las emergencias o reponerse de ellas.
Las subregiones más vulnerables
La subregión catalogada como más vulnerable por la investigación es el Magdalena Medio, en el que se concluyó que su territorio tiene un 54,3% de su área catalogada con una vulnerabilidad alta o muy alta.
Para los investigadores de la Universidad de Medellín, esta subregión era especialmente preocupante en materia de incendios, por tener varios municipios en los que no funcionaban cuerpos de bomberos, como Maceo y Caracolí.
Asimismo, la investigación señaló que en la subregión hay graves rezagos en cuanto a la cobertura de servicios básicos como gas y la recolección de basuras, que a su vez se asocian a escenarios de riesgo.
Por ejemplo, mientras por el lado del gas la ausencia de ese servicio puede llevar a las familias a cocinar sus alimentos con leña o carbón —lo que incrementa el riesgo de incendios—, la ausencia de un servicio de recolección de basuras adecuado también lleva a muchas comunidades a incinerar sus residuos sólidos como única alternativa, obligando a los vecinos a hacer quemas a cielo abierto y en consecuencia provocar eventualmente incendios forestales.
En cuanto a esas quemas a cielo abierto, el informe también destacó que en esa subregión son frecuentes las quemas tradicionales para la preparación de potreros y de cultivos en zonas de ladera y bosque seco tropical, lo que también incrementa la probabilidad de que ocurran emergencias.
La segunda región con mayor riesgo es el Bajo Cauca, en donde, recordó la investigación, se concentran municipios con algunos de los indicadores de pobreza más altos del departamento, como Zaragoza, Tarazá y Cáceres.
Estas condiciones económicas se asocian a su vez a los materiales en los que están construidas muchas de las viviendas de la subregión, en las que predomina el uso de madera, paja, entre otros componentes inflamables.
Al igual que en el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca las coberturas de servicios públicos son precarias y gran parte de la población no tiene acceso a agua potable, alcantarillado, ni gas domiciliario en sus casas.
En esta subregión, la investigación calculó que el 45,5% del territorio tiene una vulnerabilidad alta o muy alta para los incendios.
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Un ingrediente que complejiza el panorama en esta última subregión es la presencia de grupos armados, quienes se disputan el territorio no solamente por controlar rentas ilegales asociadas al narcotráfico, sino para controlar la minería ilegal.
Muchos de esos grupos, en municipios de la suregión de Urabá, emplean los incendios para intimidar a sus adversarios y apropiarse de terrenos.
Los investigadores recordaron que, especialmente la minería ilegal de oro, es responsable en el Bajo Cauca de gran parte de la deforestación y de la degradación ambiental, teniendo también en el uso del fuego una herramienta muy común para despejar zonas llenas de cobertura vegetal.
Otra subregión que comparte el riesgo de la minería ilegal es el Nordeste, que en el informe arrojó que el 40,2% de su territorio tiene una vulnerabilidad alta o muy alta a los incendios y el cambio climático.
La lista de subregiones vulnerables la completa el Occidente, con 38,1% de vulnerabilidad; y Urabá, con 36,4%.
La Gobernación de Antioquia señaló que luego de que se conociera la investigación a finales del año pasado inició unas jornadas de socialización y acciones con los municipios más vulnerables, buscando no solamente mejorar sus planes de gestión del riesgo, sino asistir técnicamente a municipios como Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá, Cáceres y Tarazá.
El Departamento apuntó que en otros municipios como San Juan de Urabá y Necoclí se aprobó la compra de camionetas de rescate, al tiempo que se construyeron 31 reservorios de agua para 11 comunidades en las zonas más vulnerables.
“Adicional a ello, la Gobernación adelanta una transferencia de recursos para el mantenimiento, optimización, construcción y ampliación de sistemas de acueducto en Carepa”, agregó la Gobernación al ser consultada por las acciones ante ese diagnóstico.
Precisamente, el estudio arrojó en sus recomendaciones actualizar los planes de gestión del riesgo locales, incrementar los esfuerzos de las campañas de prevención e impulsar que la población abandone las quemas tradicionales tanto de terreno como de residuos. También se instó a mejorar la dotación de los municipios peor equipados.
Los ocho municipios que más preocupan a las autoridades por su vulnerabilidad ante el cambio climático y los incendios
Maceo, el de más vulnerabilidad
De acuerdo con la investigación de la Universidad de Medellín, Maceo tiene el 48% de su territorio en vulnerabilidad muy alta, llegando a 94,5% si se le suma las zonas en vulnerabilidad alta (46,5%). Al momento de la investigación, a las autoridades les preocupaba que el cuerpo de bomberos de allí no estaba operativo. El municipio tiene además un nivel de pobreza del 56% y deficiencias en coberturas de gas y aseo, lo que genera que el 25% de los hogares queme sus basuras.
Campamento y el riesgo de trapiches
Entre 1996 y 2024, este municipio del Norte de Antioquia ha sufrido 10 grandes incendios, que han arrasado más de 41 hectáreas. Tiene el 28% de su territorio en vulnerabilidad muy alta y otro 63,8% en alta. Además de los niveles de pobreza, calculados en el 57% y apenas un 2% de la población con acceso al gas y un 29% a la recolección de basuras, la investigación señaló que el municipio tiene en sus trapiches un riesgo especial, ya que muchos usan habitualmente el fuego.
Caracolí carece de protocolos
Este municipio del Magdalena Medio antioqueño tiene el 26% de su territorio en vulnerabilidad muy alta y el 61,8% en alta. A los expertos les preocupa que aquí tampoco había un cuerpo de bomberos operativo, pese a tener cinco grandes incendios recientes con un área de afectación de 51,5 hectáreas. Además de la pobreza y la cobertura de servicios públicos, a las autoridades les preocupa que muchas plantaciones no tienen protocolos de prevención ante incendios.
Necoclí, el de más área afectada
Este municipio turístico del Urabá antioqueño ha sido uno de los más afectados por emergencias en el periodo estudiado por la investigación, con al menos 5.808 hectáreas devastadas por el fuego, muchos de ellos asociados a quemas para la salieron de terrenos que se salieron de control. A los expertos les preocupa que la mayor parte de las viviendas allí son de muy alta inflamabilidad, ya que están hechas en materiales como madera, palma y paja.
Casas en riesgo en San Pedro de Urabá
Este es otro de los municipios que más preocuparon a las autoridades cuando se conoció la investigación, dado que el 61% de sus viviendas están construidas en materiales muy inflamables. Preocupa un nivel de pobreza del 65% y coberturas de gas natural de apenas del 20% y de recolección de basuras del 36%. La investigación alertó que allí los grupos armados usan el fuego para intimidar a sus adversarios, deforestar y apoderarse de tierras. Los bomberos está mal equipados.
San Juan de Urabá está mal dotado
La investigación señala que este municipio del Urabá tiene el 86% de su territorio en vulnerabilidad alta y el 5,5% en muy alta. La pobreza es del 82% y se calculó que el 66% de las viviendas están construidas en materiales muy inflamables. También se estima que el 32% de las familias recurre a la quema de basuras. En gestión del riesgo, el informe alertó que los bomberos de este municipio tienen un equipamiento precario y sus protocolos no se actualizaban desde 2013.
Minería ilegal amenaza a Cáceres
Este municipio del Bajo Cauca antioqueño es uno de los más afectados por la minería ilegal de oro en el departamento, actividad que genera disputas entre grupos armados, deforestación y menos capacidad de los ecosistemas para recuperarse en caso de grandes incendios. Se calcula que el 49% de las viviendas están construidas con materiales muy inflamables y hay un nivel general de pobreza del 59%. Los bomberos carecen de dotación para incendios forestales, alertó la investigación.
En Tarazá aún se depende de la leña
Otro de los municipios que generaron consternación en la investigación es Tarazá, en donde el índice de pobreza está en el 73%, uno de los más altos de todo el departamento. Al igual que la mayor parte de municipios críticos, tiene bajas coberturas de servicios públicos, por ejemplo solo 15% en gas. Por esta razón, gran parte de la población sigue dependiendo de la leña para cocinar sus alimentos. El municipio tiene bomberos voluntarios, pero tienen graves problemas de dotación.
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