En La Ceja están metidos en una pelotera por un proyecto que busca ajustar de forma exprés el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Pbot). Aunque la discusión es técnica y tiene varios bemoles, el centro de las tensiones entre la Alcaldía y algunos ciudadanos se concentra en el uso que se le darán a 1.500 hectáreas que en años anteriores hacían parte de un distrito de protección ambiental.
El proceso ya fue aprobado por una de las comisiones del Concejo y está, según el director de Planeación, Diego Gómez Gómez, a tres socializaciones de llegar a plenaria. Sin embargo, esto no ha sido vale de garantía o de consenso comunitario. El Consejo Territorial de Planeación —que es un órgano consultor de composición ciudadana— emitió concepto negativo al proyecto con el que la administración de Nelson Carmona patina la iniciativa.
Kevin Jiménez, integrante de ese organismo y quien además es candidato al Concejo por Dignidad y Compromiso Ciudadano, afirma que la inconformidad no es síntoma electoral o de campaña, “como quiere venderlo la Alcaldía”, sino que está soportada en dudas estructurales que podrían impactar el futuro de la localidad a corto y mediano plazo. De hecho, hace dos semanas tuvo lugar un plantón ciudadano con el propósito de rechazar el ajuste extemporáneo del mecanismo de planeación.
La gente salió a las calles y en medio de la complejidad técnica de la conversación se mostró preocupada por el uso que se le darán a las hectáreas mencionadas, que fueron desenglobadas por Cornare en 2018 y que, dicen las autoridades locales, se encontraban en el limbo desde entonces. Esa, en palabras de Gómez, fue la base jurídica para soportar la revisión extemporánea del Pbot cuya validez inicial fue proyectada hasta 2030.
El pulso
Todo comenzó con un acuerdo emitido por Cornare en el que decidió realinderar el distrito regional de manejo integrado cerros de San Nicolás. Ese ecosistema se extiende por las jurisdicciones de El Retiro, La Unión, El Carmen de Viboral y La Ceja. De las 3.578 hectáreas realinderadas, un total de 1.515 le corresponden a La Ceja. Justo este es el número que ahora crispa los ánimos en la localidad.
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Pues resulta que esta decisión tuvo lugar previo a la promulgación del Pbot que rige actualmente en la localidad. Eso llevó a que en estos años dichas hectáreas estuvieran en un limbo jurídico y, en palabras de la Dirección de Planeación, es el pendiente que hoy tratan de resolver. Jiménez reconoce que esa tarea está en remojo desde años anteriores, pero le reclama a la administración por tramitarla justo en el último año del cuatrienio.
La Alcaldía contrapuntea en este aspecto y sostiene que los estudios para adelantar los ajustes mencionados, que no solo incluyen el uso de las hectáreas referidas, tomaron tiempo y que es por eso que apenas se está librando la conversación. Esta, de hecho, ya tiene visto bueno de Cornare, que en un documento de febrero de este año aprobó “el acta de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales dentro de la modificación excepcional de norma urbanística Plan Básico de Ordenamiento Territorial”.
Pero la preocupación de Jiménez y de otros integrantes del Consejo Territorial de Planeación es que en el nuevo proyecto las zonas de planeación de vivienda campestre pasarían de 2.060 hectáreas, que es lo que está vigente desde 2018, a un total de 3.575 hectáreas. ¿Por qué? Por el uso de los terrenos desenglobados por Cornare para desarrollo inmobiliario.
Alcaldía se defiende
La versión que comparte el director Gómez sobre las hectáreas a urbanizar, sin embargo, es distinta. El funcionario afirma que las 1.515 hectáreas no se convertirán en suelo urbanizable, que de este total el 60% será para preservación, restauración y uso sostenible, “a través de cultivos o pasto”.
El otro 40%, en palabras de Gómez, sí será para vivienda campestre, pero con restricciones. “Hablamos de eco y agroparcelaciones. Es decir, el 50% del área a parcelar tiene que tener un proyecto productivo permanente”.
Pero esto no termina de dar tranquilidad en el municipio. Allí afirman que justo esta figura podría terminar desplazando a los campesinos de las veredas, aumentando la población y, en un futuro, colapsando los servicios públicos de la localidad. En el momento, hay una acción popular de por medio y decenas de derechos de petición contra el proyecto.
