La sombra de la muerte, que en los últimos dos años se ha ensañado contra los líderes sociales reclamando la vida de 343 entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2018 según la Defensoría del Pueblo, se esparció sobre Antioquia y obligó a las autoridades a sacar ayer a 9 de estos dirigentes de sus territorios por amenazas.
Los dirigentes evacuados por la Fuerza Pública son de Ituango y el Bajo Cauca antioqueño, como lo explicó el comandante de la IV Brigada del Ejército, el general Juan Carlos Ramírez. “Informaron que han sido amenazados de muerte y que quieren salir de su área. Ante esa situación, hemos dicho a los organismos de control y coordinado con ellos la salida de estos jóvenes”, precisó el alto mando militar.
Con estas intimidaciones Antioquia se ha vuelto uno de los territorios más hostiles para ejercer trabajo social. Este departamento es el segundo en homicidios de defensores de Derechos Humanos con 49 muertes violentas desde el 1 de enero de 2016 a la fecha, pero la situación que ha encendido las alarmas es la intimidación a 102 personas cuyo trabajo gira en favor de las comunidades, como informó el Gobernador de Antioquia, Luis Pérez.
“Casi el 70 por ciento son campesinos que los han tratado de sacar de sus territorios. Los que amenazan a los líderes sociales son bandas criminales, entre ellas el ‘Clan del Golfo’, y ‘Gaitanistas’, con 54 amenazas proferidas. El resto son hechas por otras bandas criminales, Farc y Eln”, dijo.
Los datos entregados por el mandatario regional señalan que el 54 por ciento de estas amenazas se concentran en tres municipios: Cáceres, Tarazá y Valdivia, localidades que han padecido las confrontaciones con todos los grupos armados en los territorios, y en el momento se encuentran bajo el fuego de las bandas Los Caparrapos y el Clan del Golfo, grupos ilegales que se disputan el control del narcotráfico.
¿Qué pasa en estas zonas?
Aunque las razones de las amenazas a los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos no son tan claras, expertos del conflicto armado coinciden en que estas acciones violentas tienen como eje central tres factores: afinidades políticas, restitución de tierras y sustitución de cultivos de uso ilícito.
Así lo vislumbra el coronel Daniel Mazo, comandante de la Policía en el Bajo Cauca al explicar que en su jurisdicción “hay una disputa entre subestructuras del Clan del Golfo: la Virgilio Peralta Arenas, conocida como ‘los Caparrapos y está la Julio César Vargas”.
No obstante, para los académicos las intimidaciones pueden extenderse por acciones que no les gustan a los grupos ilegales, como lo explica el experto en conflicto armado, Juan Carlos Ortega.
“Si se superponen los mapas de donde se presentan las amenazas y las actividades ilícitas se descubre que son zonas donde predomina el negocio del narcotráfico, incluida toda la cadena de producción. Entonces puede pasar que un campesino que le vendía su hoja de coca a un grupo ilegal se vea obligado a venderle a otro y ahí viene el costreñimiento. Otro punto es que, por ejemplo, hay campesinos que se vincularon a la sustitución voluntaria de las plantaciones y eso no les gusta a los armados porque se quedan sin el primer eslabón de la producción”, precisó Ortega.
Además, la vicefiscal general, María Paulina Riveros, expresó hace menos de una semana que “se trata de un tema evidente de reclamación de tierras, y confluyen en este caso varios factores y varios sujetos, por ejemplo, grupos armados organizados como el Clan de Golfo; por ejemplo empresarios que se niegan a la devolución de tierras a sus legítimos propietarios”.
Pero más allá de establecer causas, para Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, hay que calificar los asesinatos como una situación de emergencia social, lo que llevaría a una respuesta distinta y pronta del Estado para con los crímenes de los dirigentes de las comunidades y los defensores sociales.
“No puede ser simplemente que investigue la justicia sobre los muertos, hay que prevenir y hacer algo profundo porque estamos aterrados de lo que está pasando”, indicó González Posso a Colprensa.
Un pacto por la protección
Entre enero y mayo de 2018, fue amenazada en Colombia una persona por hora, es decir, 3.600 fueron intimidados como lo registró la Unidad para la atención a las Víctimas.
Con el único fin de minimizar el riesgo y evitar más homicidios, el presidente Iván Duque anunció hace una semana en Urabá la política de protección que será puesta en marcha en 30 días.
Se trata de 11 puntos que se convierten en una ruta de acción inmediata “que a largo plazo busca recomponer la confianza en la justicia, y en que no haya impunidad al lograr identificar a los autores materiales e intelectuales de los homicidas de los líderes sociales”, enfatizó Duque.
Con esta guía se espera un avance en la protección porque como afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Negret, “en este país no se puede morir ningún líder ni ningún defensor de derechos humanos”.
