La historia de la nueva disidencia de las Farc comenzó con una escandalosa fuga del batallón de Artillería N°4 del Ejército, ubicado en el barrio El Vergel, de Medellín. En la madrugada del 28 de junio de 2020, siete exguerrilleros que estaban bajo custodia rompieron un muro y se escaparon, sin que ninguno de los centinelas se percatara, aparentemente.
Todos eran desertores del proceso de paz de La Habana, que habían retomado las armas para delinquir en nuestra región y, debido al hacinamiento en las cárceles del país, estaban recluidos transitoriamente en la guarnición militar. Entre los fugados estuvo Edwin de Jesús Chavarría Monsalve, alias “Mamarrón” o “Alexis”, de 27 años.
Este hombre había sido detenido en septiembre de 2019 en el corregimiento La Granja, de Ituango, cuando fungía como miembro de la cúpula de la disidencia del frente 18 de las Farc. En ese entonces estaba bajo el mando del comandante Erlison Echavarría Escobar (“Ramiro”).
Apenas retomó la libertad, indicaron fuentes judiciales, regresó al Norte de Antioquia para reunirse con su antiguo jefe. Le pidió apoyo para crear su propio grupo ilegal y expandir así el territorio dominado por los exfarianos.
“Ramiro” le brindó ayuda, permitiéndole instalarse en las montañas de Peque y Sabanalarga, en la vecina subregión del Occidente. Según inteligencia militar, “Mamarrón” quedó al mando de una facción de 20 personas, entre combatientes y milicianos.
En dicha estructura, el subcomandante es “Diomer”; el cabecilla de finanzas es “David”; y “el Gato” es el líder de las redes de apoyo (milicias), según el organigrama realizado por las autoridades.
En diciembre de 2020 comenzaron a operar, logrando expandirse en los meses subsiguientes a áreas rurales de Toledo, Ituango y San Andrés de Cuerquia (ver el mapa).
Inicialmente se autodenominaron “el Clan del Norte”, y de esa manera se presentaban ante la población civil de las veredas. Sin embargo, en poco tiempo cambiaron de nombre a frente 5°, pues la gente los confundía con el Clan del Golfo, sus enemigos mortales.
De acuerdo con las indagaciones de EL COLOMBIANO con la Fiscalía, la Policía y el Ejército, al principio los analistas de Inteligencia no tenían muy claro si incluir a esta organización en el listado de las disidencias farianas. Una de las razones fue que todos los integrantes provenían del frente 18 de “Ramiro” (ninguno del antiguo frente 5°) y que sus acciones estaban estrechamente ligadas a este, por lo que más bien parecía una comisión (sucursal).
En 2021 esa situación cambió. “‘Mamarrón’ ya no depende de ‘Ramiro’, cada uno maneja su territorio y sus propias finanzas criminales, por lo que ya estamos hablando de un nuevo frente disidente”, explicó uno de los investigadores que le sigue la pista a los exsubversivos.
De esta manera, se convirtió en el tercer grupo armado organizado residual (Gaor) documentado en el departamento, junto a los frentes 18 y 36.
Planes a largo plazo
La gente de Chavarría Monsalve se financia con extorsiones y tráfico de estupefacientes, para lo cual mantiene una sociedad con la banda “Pachelly” de Bello.
“Mamarrón” recibe apoyo de la Segunda Marquetalia, la confederación de antiguos jefes de las Farc que manejan “Iván Márquez” y “el Paisa” desde Venezuela. Esta alianza ya cuenta con 16 frentes y columnas móviles en Colombia y la nación vecina, con los que pretende “refundar” su organización rebelde.
“Uno de los objetivos a largo plazo de la Segunda Marquetalia, es recuperar la zona que antes tuvieron los frentes 5° y 58 en la vía a Urabá, para asegurar un corredor de movilidad entre el Nudo de Paramillo y el mar”, aseveró un agente de Inteligencia. En esa pretensión son claves el frente 18, que hoy está asentado en Ituango, Tarazá y el sur de Córdoba; el 36, que copa varios municipios del Norte y Nordeste; y el quinto, que ya empezó a tomar algunas zonas del Occidente.
Chavarría y sus hombres están orquestando acciones proselitistas para reclutar menores de edad para su causa, y obtener el respaldo ilegal de algunos líderes agricultores.
Frente a estos movimientos, la Fuerza Pública no se ha quedado quieta. El 9 de abril de este año, las tropas de la Séptima División se enfrentaron a las huestes de “Mamarrón” en la vereda La Honda, de Ituango.
En el combate murió “Perilla”, uno de sus hombres de confianza; y “Daniela” quedó herida y capturada. Un adolescente que había sido reclutado también fue detenido, con tres fusiles, dos pistolas, una granada, radios y municiones.
El siguiente round fue el pasado 21 de junio en la vereda Remartín, de Sabanalarga. El CTI y el Ejército capturaron a Dionicio Corrales Callejas (“Cobra”), presunto miembro de la estructura, y le incautaron un fusil, una pistola, un changón, municiones y material de intendencia; también aprehendieron a “Yaleni”, una menor de edad instrumentalizada por los delincuentes.
Afinando la estrategia
Boris Castaño, analista de seguridad de la corporación Innova Idea Estrategia (I2E), opinó que “estos grupos ya no tienen fundamentos ideológicos y están muy ligados al narcotráfico, por eso ocupan áreas de cultivo de coca o están cerca de ellas”.
Para contrarrestar la expansión de una facción que apenas está naciendo, la Fuerza Pública “debe atacar sus puntos débiles, en especial la cadena logística y de suministros, que a los combatientes del área rural no les llegue la comida, ni medicinas ni remesas. Eso genera la deserción de integrantes, que luego pueden convertirse en informantes de las FF. MM.”, indicó el experto.
Andrés Julián Rendón, exsecretario de Gobierno del departamento, afirmó que “las autoridades en Antioquia y el resto del país, no han sido capaces de ejercer una función tan cara a cualquier Estado: controlar su territorio. Este vacío, en medio de una tendencia creciente de rentas criminales (narcotráfico, minería ilegal, extorsión), es llenado por grupos con vocación de capturar esas rentas”.
Y agregó que para la Fuerza Pública “es clave controlar cada centímetro de territorio, sobretodo los ríos Cauca y Nechí. También urge consolidar el Estado en toda su dimensión en los sitios que solo han conocido las acciones de los ilegales, con presencia policial en los cerca de 300 corregimientos que tenemos en Antioquia; con justicia, desarrollo alternativo, vías, educación y salud”.
A medida que las autoridades afinan su estrategia, crece el interés por capturar a “Mamarrón” y sus secuaces. Después de todo, no solo es una obligación, por los crímenes que ha cometido, sino una cuestión de honor, porque la Fuerza Pública ya lo tenía y se le escapó de entre las manos
