La crítica situación de violencia en Antioquia tiene afectados a los municipios de Anorí, El Bagre, Valdivia, Tarazá y Briceño, en este último más de 2.000 personas de 23 veredas tuvieron que abandonar sus hogares debido a las confrontaciones entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
En el caso de municipios como Anorí, la cifra de desplazados ya alcanza las 252 personas, en Tarazá llega a 140, en El Bagre a 76 y en Valdivia a 62. La situación se ha agravado con el paso de los días y ya son varias las entidades y organizaciones humanitarias que han pedido la intervención inmediata del Gobierno Nacional ante esta escalada violenta.
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“Es importante dar a conocer a la fecha que en los municipios de Briceño, Valdivia y Anorí continúa el escenario de desplazamiento de cerca de 2.410 personas desde la zona rural a las áreas urbanas. En un censo realizado en la Alcaldía de Briceño, desde la zona rural han salido 2.158 personas. En Valdivia llegaron al coliseo del corregimiento de Puerto Valdivia 62 personas, provenientes, más que todo, de la vereda La Cristalina de Briceño”, indicó a EL COLOMBIANO el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado del departamento de Policía de Antioquia.
“Y el último censo en Anorí, de 252 personas, provenientes de las veredas Tenche y Los Trozos. Al momento, se desconoce del retorno voluntario de 150 personas del municipio de Briceño a sus lugares de residencia. Estamos activos frente a las rutas de atención con las autoridades municipales y también con el apoyo del gobierno departamental”, concluyó.
Recordemos que la Defensoría del Pueblo alertó que al menos desde 2019 ya se había documentado un alto riesgo de confinamientos, desplazamientos forzados, atentados terroristas con explosivos y homicidios, situaciones que son producto de las disputas por el control territorial entre estos grupos ilegales.
Debido a esto, la entidad hizo una petición al Ministerio del Interior, Prosperidad Social, la Unidad de Restitución de Tierras y el Ministerio de la Igualdad para participar de un comité de trabajo en el que se le haga seguimiento a lo sucedido en estos territorios, especialmente en las veredas Doradas Altas y Tahamí del municipio de Tarazá, donde la situación es crítica.
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