El nombre de la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz, sonó mucho ayer en la instalación del primer periodo de sesiones extraordinarias en el Concejo de Medellín, donde hubo un llamado de varios concejales, no de todos, a que se apartara de su cargo, tras ser imputada por cuatro delitos relacionados con presuntas irregularidades contractuales de Buen Comienzo y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Para muchos concejales, el proceso penal que apenas comenzó el martes en la noche, y que tendrá un importante capítulo el lunes en la audiencia de medida de aseguramiento, es suficiente escándalo para que la funcionaria se aparte del cargo y enfrente la defensa lejos de la administración pública.
Cabe recordar que dicha imputación también incluye a Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo, y a Henry Paulison Gómez, representante legal de la Corporación Colombia Avanza, quienes en consideración de la Fiscalía, se habrían puesto de acuerdo para celebrar contratos a la medida que, además, tuvieron sobrecostos.
Pero mientras que los concejales piden la salida de la secretaria, desde la administración crearon y movieron en redes sociales la etiqueta #YoCreoEnAlexandra, que acompañó mensajes en favor de la funcionaria, desconociendo el proceso penal que enfrenta. Incluso, a muchos contratistas les dieron la orden de sumarse.
Rodeada de escándalos
En todo caso, aunque la investigación es hoy el hecho más sonado en relación con Agudelo, ella ha estado rodeada de cuestionamientos desde que se posesionó, en enero de 2020 (Educación es una de las pocas dependencias del gabinete que no ha tenido cambios de cabeza).
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Uno de los más reiterados es que habría permitido que la Secretaría se convirtiera en plataforma política del exconcejal del Centro Democrático, Albert Corredor, hoy precandidato a la Alcaldía, quien, según diversos testimonios, es el poder detrás del poder en la dependencia.
Tal como lo informó este medio en el pasado, Agudelo ha tenido relación con la Corporación Universitaria de América, CUA, que es de la familia Corredor. La funcionaria acreditó en el la plataforma Sigep su paso como directora de Desarrollo Social de esta institución, entre enero y septiembre de 2013.
Y aunque hoy Agudelo es la titular de la Secretaría de Educación, el poder de Corredor, también amigo y aliado político del alcalde Daniel Quintero, ha llevado a que esta se convirtiera en una especie de fortín que utiliza para la campaña electoral: no es un secreto que el exconcejal es una de las fichas en juego para dar continuidad al actual gobierno en los próximos cuatro años.
EL COLOMBIANO conoció testimonios y pruebas de la estrategia y varios contratistas han denunciado control y presiones (en persona o por grupos de WhatsApp) para apoyar la campaña del exconcejal. Los obligaron a asistir a natilladas en diciembre, a aportar dinero para comprar regalos que repartió y a apoyar sus publicaciones en redes sociales. De todo les piden evidencias y los amenazan con la continuidad de los contratos.
A Agudelo se le señala en un doble sentido. Por un lado, dicen algunos contratistas, estaría maniatada para muchas decisiones porque Corredor es el que manda, pero, por otro, tiene sus propias fichas, a quienes conocen como “sus consentidos”.
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Uno de esos personajes es Óscar Pasos, quien tendría gran cercanía con Agudelo y, por eso, tendría licencia para presionar e, incluso, tratar mal a contratistas. Varias voces han dicho que su trato llega a ser humillante.
Él, tal como lo comprobó este medio, lidera grupos de WhatsApp en los que se presionan contratistas para sumarse a la campaña de Corredor. Cuentan que va a los puestos de trabajo para lo mismo y que se dirige a los contratistas en un tono desobligante y reiterando que él puede decidir quién se va.
Pasos sería el enlace con Sebastián Flórez, quien no pertenece a la entidad, pero al ser de la confianza del exconcejal, decidiría sobre contratación de personal, lo cual también estaría ligado a caprichos de Agudelo: si alguien no es de su agrado, debe ser retirado y si Corredor no lo permite, lo trasladan.
Las denuncias indican que Agudelo tiene entre sus consentidos a familiares de su esposo, amigas y proveedores de su círculo cercano. Algunos nombres que mencionan como cercanos a Agudelo y que ejercen poder sobre otros contratistas son Camilo Jiménez, Ana Milena Roldán, Ana María Henao y Lina Cardona. Aunque este medio preguntó por ellos y las presiones denunciadas, la Secretaría decidió guardar silencio.
Mientras tanto, concejales y otros sectores piden la salida de Agudelo, pero el llamado no parece tener eco en la administración: Quintero no se apareció en la instalación de las extras, lo que muchos consideran temor a afrontar los cuestionamientos, y en Twitter respondió a la imputación refiriéndose a contratos de la Alcaldía pasada para atender Buen Comienzo, lo que para muchos es una defensa extraña, pues hoy la investigación pesa sobre su funcionaria y eso debería preocuparle.
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El Abecé de la imputación
La investigación que adelanta la Fiscalía está relacionada con dos contratos. El primero de ellos es el 4600085185, que tenía como objeto la atención de la modalidad familiar de Buen Comienzo. Por este contrato se imputaron dos delitos.
Celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales: presuntamente, direccionaron la adjudicación que, además, no debía ser por prestación de servicios, sino de selección abreviada o convenio de asociación con varias ofertas.
Peculado por apropiación en tentativa: el contrato no se ha liquidado, pero investigan sobrecostos en paquetes alimentarios. Buscan comprobar si se ajustaron los pagos a la corporación para compensar los hallazgos de la Contraloría.
En consideración de la Fiscalía, por este contrato a Agudelo se le investiga porque habría participado al actuar en un supuesto acuerdo con Gil y Gómez para dar apariencia de legalidad a la escogencia de Colombia Avanza como contratista, para lo cual se habrían amañado los requisitos, es decir, habrían actuado para favorecer a un tercero. Agudelo habría aprobado el análisis de idoneidad de la corporación, suscribió el contrato y es la ordenadora del gasto.
Por su lado, la exdirectora Gil, de acuerdo con la Fiscalía, habría contribuido a la configuración de los delitos con asesoría técnica, que incluye estudios previos y análisis económico del sector, y también al fijar las condiciones técnicas, que habría enfocado en beneficiar al oferente.
El segundo contrato es el 4600085448 y su objeto es la entrega de alimentos a la población estudiantil. Por este se imputaron dos delitos.
Interés indebido en la celebración de contrato: habrían usado la urgencia manifiesta en pandemia para suspender la licitación y adjudicar el contrato de forma directa con Colombia Avanza.
Peculado por apropiación: esta modalidad del delito se debe a que el contrato sí fue liquidado y se investigan sobrecostos y pagos duplicados del Municipio, hoy Distrito, para contratar una misma función.
En este segundo contrato, además de haber optado por contratación directa amparados en la urgencia manifiesta, se investiga por qué la Secretaría no optó por adicionar y prorrogar un contrato que estaba vigente desde 2019 para prestar los servicios de alimentación escolar, sino que prefirió entregar el contrato de forma directa a Colombia Avanza.
Otro de los hechos relevantes que se investiga es que la administración habría dispuesto sin contraprestación alguna una bodega de su propiedad para que Colombia Avanza cumpliera con parte de la obligación contractual, cuando esta debía contar con bodegaje para quedarse con el contrato. Además, también le habrían facilitado personal de la Secretaría de Inclusión Social y del Inder para cumplir actividades logísticas a cargo del contratista.
Entre tanto, se habría generado peculado por apropiación de $126 millones, por un convenio interadministrativo entre la Secretaría de Educación y Plaza Mayor, que incluyó la entrega de 1.000 paquetes de alimentos que le correspondía ejecutar a Colombia Avanza. Es decir, a la corporación se le pagó la logística, pero, de forma simultánea, las actividades de la misma fueron ejecutadas por un tercero contratado por Plaza Mayor.
Por su lado, Henry Paulison Gómez habría participado en la configuración de los cuatro delitos al presentar una oferta ajustada a las condiciones que habrían establecido en acuerdo con las funcionarias para quedarse con el contrato. Una de las situaciones que se debe definir es si Colombia Avanza ingresó al banco de oferentes del Icbf dos meses antes de suscribir el contrato, porque se estableció como requisito, lo que se agrava porque la corporación habría obtenido bajo rango de calificación en calidad operativa y financiera, lo que la limitaba para suscribir contratos de esa magnitud, según la fiscal. Investigan sobrecostos en los paquetes alimentarios y falta de personal e insumos, como bodegas, para cumplir las obligaciones. La fiscal dijo que a la corporación se le entregó un contrato que excede en 2.800% su capacidad técnica y financiera.
