La víctima de estos crímenes era un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva que fue retenido en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal.
Un teniente del Ejército aceptó su responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada de un campesino, hechos ocurridos el 7 de octubre de 2025 en una base militar del municipio de Frontino, en el occidente de Antioquia.
De acuerdo a la información revelada por la Fiscalía, el oficial fue identificado como Leider Ortiz Ortiz, quien suscribió un preacuerdo con el ente acusador.
La negociación fue avalada por un juez penal especializado, por lo que el teniente Ortiz fue condenado a 20 años y dos meses de prisión por las conductas agravadas.
Cabe recordar que, de acuerdo con la investigación adelantada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la víctima de estos crímenes fue identificada como Esneider Flórez Manco, un campesino de 27 años con discapacidad cognitiva.
De acuerdo con los reportes judiciales, Esneider solía caminar sin rumbo fijo a raíz de su condición cognitiva. El día de los hechos, ese fatídico 7 de octubre, habría llegado por error hasta la base militar Antorcha.
Flórez fue retenido en las instalaciones militares bajo la sospecha de pertenecer a un grupo armado ilegal.
Durante su detención, el campesino fue sometido a tratos crueles e inhumanos durante aproximadamente cinco horas. Según el material probatorio, fue desnudado, golpeado, amarrado y colgado de un árbol. Posteriormente, falleció en un baño de la guarnición militar.
Tras su muerte, el cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado hasta un helipuerto de la base y arrojado al río El Cerro.
Tres semanas después, los rescatistas de la zona lograron ubicarlo cerca de la quebrada Las Ánimas. Allí su cuerpo fue recuperado y trasladado posteriormente al Instituto Nacional de Medicina Legal. El dictamen de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fueron los actos de tortura.
Cabe recordar que la investigación que permitió detener a por lo menos ocho soldados y suboficiales se inició luego de que un soldado del mismo batallón denunciara lo ocurrido ante sus superiores.
Por estos hechos, también fueron judicializados y permanecen privados de la libertad varios integrantes del Ejército: el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba, y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.
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