Las 400 familias que fueron estafadas por la compra de proyectos urbanísticos en el municipio de Itagüí recibieron con agrado la decisión del Tribunal Superior de Medellín que ratificó la condena contra la exdiputada Ángela María Cano Vargas, su ex compañero sentimental, Jaime Velásquez Rodríguez, y el yerno de ella, Carlos Andrés Moreno.
Estas tres personas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y estafa, sin embargo, la exdiputada fue absuelta por el delito de gestión indebida de recursos sociales, por lo que tendrá que pagar una pena de 11 años de prisión.
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Jhon Jairo Morales Martínez, representante legal de las víctimas, dijo que con la confirmación de la sentencia se puede proceder a buscar la reparación colectiva ante la justicia administrativa. Actualmente, Cano Vargas purga su condena en la cárcel de El Pedregal.
Según Morales Martínez, “la red de la exdiputada tenía más de 38 cuentas bancarias en múltiples entidades financieras por donde movían los dineros, ellos montaron varias empresas y corporaciones fachada logrando así evadir a las autoridades”.
El abogado también dijo que “en la actualidad, el lote que pertenece a las víctimas del proyecto Santa Marta está siendo nuevamente vendido y las víctimas que aportaron hasta 50 millones de pesos para tener su apartamento, están viendo cómo hoy una constructora de dudosa procedencia está vendiendo los lotes que, en su momento, ellos compraron. Además, la junta directiva de esta organización está presidida por la que fuera la asistente personal en la Asamblea de Ángela María Cano, lo que podría indicar que todavía hay tentáculos de esta organización”.
Frente a este nuevo hecho ya hay más de 20 denuncias en la Fiscalía.
