Al rededor de una decena de organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos del nordeste antioqueño, una de las zonas del departamento y del país donde las luchas entre los grupos al margen de la ley dejan más muertos, lanzaron este domingo un nuevo llamado de auxilio porque una asamblea por la paz, que llevan planeando desde hace meses, ha estado saboteada por intimidaciones de miembros de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La Asamblea Territorial por la Paz que se llevó a cabo este fin de semana en el caserío Mina Nueva, en la vereda Panamá Nueve del municipio de Remedios, a contados minutos del municipio de Segovia.
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De acuerdo con las organizaciones civiles que convocaron al evento humanitario, ni desde la Presidencia de la República, ni desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, ni el Ministerio de Defensa, del Interior ni la Personería han tomado las acciones efectivas para “solucionar la crisis humanitaria generalizada y sistemática en la región”.
En un comunicado, los organizadores se quejan de que el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, se había comprometido a asistir a la inauguración de la Asamblea el pasado 11 de noviembre. Dicen que por esperarlo tuvieron que aplazar dos veces la fecha, sin embargo, ni Rueda ni ningún representante de su oficina llegó hasta el lugar.
Pero más grave, denuncian que desde el comienzo del evento, presuntos miembros del Clan del Golfo intimidaron a los asistentes. “Varios sujetos abordan a los participantes de las comunidades, identificándose como paramilitares de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, generando intimidación y zozobra, como una manera de manifestar que hacen presencia en el territorio”, aseguran.
Una vez terminada la agenda del primer día de la Asamblea, en la noche del sábado, en la vereda Chicamoque del municipio de Segovia, a solo 10 minutos de Mina Nueva, un grupo de aproximadamente 50 hombres armados, presuntamente miembros del Clan del Golfo, llegaron a intimidar a la población y a sacar viviendas y comercios. Dicen las organizaciones defensoras de derechos humanos que los criminales se robaron plata, celulares, alimentos. Además, cuentan que pintaron las fachadas de las casas con las siglas “A.G.C” y otros mensajes alusivos a su organización delincuencial. Como si fuera poco, cortaron el fluído eléctrico del caserío durante aproximadamente una hora mientras escaparon.
Los firmantes de la misiva dicen que no quieren una intervención militar en el territorio, pues esto solo pondría más en riesgo a los civiles, sino que las autoridades desplieguen “otro tipo de acciones de caracter de inteligencia, depuración de la fuerza pública, avances y resultados respecto al cambio de la doctrina militar”.
Finalmente, requieren la “presencia integral del Estado que genere las garantías para la vida y la permanencia de las comunidades en el territorio”.
