La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores mayor información sobre el caso del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, según se conoció este martes a través de una carta firmada por la secretaría de ese organismo.
En la solicitud, dirigida a la vicepresidenta y jefa de ese ministerio, Marta Lucía Ramírez, se pregunta por el estado de la investigación que adelanta la Procuraduría, los recursos judiciales que ha activado el equipo legal de Quintero y un concepto del Ministerio frente a las medidas cautelares pedidas por el alcalde ante la CIDH.
Así mismo, el organismo pidió “informar sobre el esquema de seguridad con el que contaría” el mandatario local y “precisar detalles sobre las acciones adoptadas en torno a la medida de suspensión aplicada” en su contra.
La comunicación de la CIDH se produce en el marco de una investigación iniciada por ese organismo para aclarar las circunstancias en las que se produjo la suspensión del alcalde de Medellín.
Hace una semana, Quintero acudió a esa comisión en busca de medidas cautelares para regresar a su cargo, buscando dejar sin efectos la decisión con la que la Procuraduría General de la Nación lo apartó temporalmente de su oficina para investigar su presunta participación en política en favor de Gustavo Petro.
Cabe recordar que faltando solo tres semanas para las elecciones del pasado 29 de mayo, Quintero publicó un polémico video diciendo la frase “el cambio en primera”, en una alusión que fue interpretada como un guiño a la campaña con la que el Pacto Histórico buscaba quedarse con la presidencia en primera vuelta.
Aunque desde la óptica del alcalde dicha declaración no probaría su incursión en la contienda electoral, para la Procuraduría la publicación se enmarca en una serie de otras intervenciones y acciones con las que Quintero habría incidido en el curso de la campaña.
Bajo ese panorama, una de las que mayores suspicacias han despertado es la renuncia de al menos seis altos funcionarios del Municipio (cinco secretarios y una directora), que luego desembarcaron en la campaña de Petro.
“ (...) Cumplo con solicitar a Su Excelencia tenga bien a enviar a esta Secretaría, un plazo de 10 días, contados a partir de la recepción de esta comunicación”, se lee en el documento de la CIDH.
A través de una rueda de prensa, la vicepresidenta Ramírez precisó que la cartera a su cargo trabaja en la respuesta del requerimiento de ese organismo internacional, contemplando un plazo que se vencería el próximo domingo.
Sobre la posición del ministerio ante la suspensión de Quintero y de otros alcaldes la canciller manifestó su respaldo a la Procuraduría, proponiendo que, pese a ser un órgano administrativo, esta debería ejercer sus funciones de control disciplinario con los cargos de elección popular.
“Acá lo importante en todo caso es entender que la función de control disciplinario que tiene la Procuraduría es una función que el Estado necesita. No es solamente si los funcionarios cometen un delito penal, las faltas disciplinarias también son graves y la Procuraduría debe poder investigar a cualquier funcionario en cualquier momento”, dijo Ramírez.
