El Departamento de Antioquia se meterá otra vez la mano al bolsillo para que por fin se terminen las obras del autódromo de Bello. Buscando que la tercera sea la vencida, Indeportes le inyectó a ese escenario, inconcluso desde la gobernación de Luis Pérez, otros $2.999 millones.
En un contrato que pasó de soslayo el año pasado, esa entidad dejó en firme el pasado 17 de diciembre de 2024 un convenio interadministrativo con la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente antioqueño (Edeso), que desde el pasado 13 de enero ya firmó el acta de inicio y se espera culmine ese complejo en un plazo no mayor a cinco meses.
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Aunque Indeportes aún no entrega mayores detalles del nuevo contrato, la Edeso tendrá la misión de desatrancar la puesta en funcionamiento de ese parque de deportes a motor, que pese a iniciar en 2019 con la promesa de estrenarse ese mismo año, terminó convirtiéndose en uno de los más grandes elefantes blancos de Antioquia y centro de múltiples procesos de los organismos de control.
Precisamente en medio de esa controversia, la Veeduría Ciudadana al Central Park expresó su preocupación porque esa obra se convierta en un “barril sin fondo” y siga drenando de pocos el ya estrecho presupuesto del Departamento.
Un proyecto con líos
La reactivación de las obras del proyecto se produce luego de un 2024 lleno de traspiés, el último ocurrido en octubre pasado, cuando la megaobra se quedó sin contratista y sin interventor, identificados respectivamente como la Unión Temporal La Alpujarra y Proeza Ingeniería.
Según se conoció entonces, entre Indeportes, la interventoría y el contratista principal hubo diferencias frente al desarrollo del proyecto, generando que las obras se volvieran a quedar en el limbo.
Además de esa controversia, a mediados del año pasado, también salieron a flote apartes de varias pesquisas de la Contraloría General de la República y la Contraloría de Antioquia, que destaparon que a pesar de los avances, el complejo seguía con componentes como sus accesos y sistema de alcantarillado y energía inconclusos.
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Tan solo en el caso de los accesos, los datos de la Contraloría General de la República daban cuenta de que la obra ni siquiera tenía aprobados para entonces unos permisos de aprovechamiento forestal fundamentales para arrancar con esos trabajos.
En el caso de la infraestructura de servicios públicos, el escenario tampoco estaba conectado aún a la red de energía de EPM y no tenía servicio de alcantarillado, dificultando poner operativos servicios tan elementales como sus baterías sanitarias.
Desde el punto de vista ambiental, otra situación problemática fue alertada por la Contraloría General de Antioquia (CGA), señalando que las obras de mitigación de ruido, uno de los puntos más álgidos del proyecto desde que comenzó a andar en 2019, ni siquiera quedaron contemplados en los alcances de los contratos originales.
“(...) se hace necesario tomar medidas correctivas y preventivas que permitan adecuar el proyecto a los requerimientos establecidos por la legislación ambiental vigente, garantizando así el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental y la protección del entorno urbano y natural”, expresó entonces la CGA.
Ambos entes de control además alertaron que ni siquiera la pista de carreras estaba óptima para hacer competencias, ya que faltaban componentes esenciales como las barreras de seguridad y hasta la pista de carreras aún estaba con elementos pendientes.
Esta es la tercera vez que el autódromo cambia de contratistas. El primer constructor, escogido durante la gobernación de Luis Pérez, fue la firma Ingecon, que luego terminó envuelta en un pleito con la Gobernación y quedó por fuera del proyecto en 2021.
Ya en la gobernación de Aníbal Gaviria, el proyecto quedó en manos de la Unión Temporal Alpujarra, que asumió el proyecto en septiembre de 2022 con la promesa de terminarlo antes del cambio de gobierno. Ese mismo año, en un complejo que ya se había tragado más de $112.000 millones, la Asamblea de Antioquia aprobó meterle otros $17.732 millones.
Ahora, luego de un nuevo cambio de gobierno, la Gobernación espera culminar el escenario con otros $2.999 millones.
Según se lee en los estudios previos, el nuevo convenio interadministrativo deberá garantizar no solo conseguir un nuevo interventor para, sino un constructor que se encargue de tareas como culminar el acceso norte al complejo, terminar las redes de acueducto y alcantarillado, construir muros pendientes, entre otros.
De acuerdo a las condiciones pactadas, se espera que dichos trabajos concluyan a mediados de junio de este año.
Para conocer un parte actualizado de la situación del proyecto, EL COLOMBIANO envió un requerimiento de prensa a Indeportes desde el pasado 11 de febrero, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo ninguna respuesta.
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