En 2018 y 2019 Medellín alcanzó los peores picos de contaminación registrados. Fue una crisis que sirvió para movilizar una posición más activa de la ciudadanía; comunidades y colectivos que obligaron a la institucionalidad a poner en los primeros renglones del debate público el tema de la calidad del aire.
Estructuralmente no ocurrió tanto como debió, cada año la ciudadanía siguió viéndose sometida a dos contingencias ambientales y las grandes transformaciones para revertir los factores de fondo responsables del aire dañino no llegaron. Pero al menos parte de la ciudadanía comprendió que hablar de mala calidad del aire era equivalente a hablar de muertes prematuras y enfermedades crónicas. No obstante, el panorama actual es cuando menos inquietante, pues hasta la visibilización de la problemática pareciera estar relegada.
Medellín y el Valle de Aburrá están en contingencia ambiental desde el 17 de febrero. Sin embargo, contrario a lo que sucedía generalmente cuando el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) anticipaba el comienzo del episodio ambiental, lo cual servía para hacer pedagogía sobre el tema, esta vez no hubo anuncio ni socialización pública. Desde el Área defienden que sí lo hicieron, que el periodo de gestión se anunció a los entes territoriales y se realizó Consejo Metropolitano Ampliado con las secretarías de Ambiente, Salud y Movilidad. También respondieron que la resolución que emitieron es de consulta pública en la página de la entidad y que el Siata (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá) genera información diaria en su portal. Desde el Área defienden que sí lo hicieron, que el periodo de gestión se anunció a los entes territoriales y se realizó Consejo Metropolitano Ampliado con las secretarías de Ambiente, Salud y Movilidad, y que se les envió el calendario a los gremios económicos de la región, “con el objetivo de incentivar medidas voluntarias”.
También respondieron que la resolución que emitieron es de consulta pública en la página de la entidad y que el Siata genera información diaria en su portal y compartida en redes.
Pero el caso concreto es que es muy probable que el grueso de la población no se enteró de que el Área estaba en contingencia ambiental desde mediados de febrero hasta la semana pasada cuando la directora del AMVA, Paula Palacio, se refirió en medios de comunicación a la posibilidad de que esta semana varias estaciones alcanzaran nivel naranja, señalando un aire nocivo, e instó a la gente a tomar medidas de autocuidado.
La tarea, entonces, de mitigar las altas concentraciones de material particulado quedó en manos de los aguaceros recientes, pero incluso así durante esos días varias estaciones se acercaron a la peligrosa barrera de los 38 microgramos por metro cúbico de PM 2.5 por 24 horas (nivel naranja).
Y no se trata de un asunto fortuito ni aislado. La semana pasada se publicó el Informe Anual sobre la Calidad del Aire en el Mundo de IQAir, y Colombia no salió tan bien librado como se esperaba, y particularmente Medellín, Bello y Envigado, las ciudades incluidas en el monitoreo, arrojaron datos que preocupan.
El informe señala que aunque el país tuvo en 2024 una leve reducción en cuanto a la concentración promedio anual de material particulado fino, todavía está muy lejos de acercarse a los parámetros de la OMS que garanticen realmente una protección frente a las graves consecuencias para la salud que derivan de la exposición constante a estos contaminantes.
Y las tres ciudades del Aburrá incluidas en el informe ratifican esa conclusión. Medellín, por ejemplo, tuvo en 2023 una media anual de PM2.5 de 15,5 μg/m3, en 2024 se redujo a 14,8 μg/m3, pero siguió distante de la meta fijada por la OMS desde hace cuatro años, de 5 μg/m3. La media anual de Bello el año pasado fue 18μg/m3 y de Envigado 16,3μg/m3.
Las cifras más alarmantes aparecen en el desglose mensual. En marzo, es decir durante la primera contingencia del año pasado, las tres ciudades tuvieron concentraciones de material particulado fino seis veces superiores al límite recomendado por la OMS. Ninguna tuvo un solo mes con un promedio mensual que arrojara calidad de aire bueno.
Y aquí es necesario recalcar algo ya mencionado en otros artículos: en 2021 la OMS cambió los parámetros para medir la calidad del aire atendiendo la nueva evidencia científica sobre la incidencia del aire contaminado en la aparición de enfermedades como demencia, respiratorias, cardiacas y hasta en patologías transmitidas desde la gestación. Por eso redujo, por ejemplo, el umbral para indicar calidad del aire aceptable hasta los 15 μg/m3 por 24 horas. A partir de ahí lo considera nocivo. Una brecha enorme con los parámetros que rigen en Colombia desde 2017 que indican que hasta 37 μg/m3 se puede hablar de calidad del aire aceptable. En otras palabras, puede decirse que la ciudadanía del Aburrá vive en una falsa seguridad cuando revisa el Siata y encuentra todas las estaciones en amarillo, muchas de ellas acercándose o superando 30 μg/m3.
Y si bien la normativa que rige es nacional orientada por el Ministerio de Ambiente, las autoridades ambientales tienen potestad para hacer las modificaciones que consideren, dicho de otro modo, el Área Metropolitana podría ajustar sus parámetros para acercarse a las directrices de la OMS. Pero hay que decir que en planeta en general está rezagado. Según el informe, solo el 17% de las ciudades en el planeta se han acogido a las nuevas directrices de la OMS.
Los factores problemáticos en calidad del aire en el Valle de Aburrá
Laura Caicedo, la coordinadora para Colombia de las campañas de Greenpeace, apunta que a pesar de la leve disminución que refleja Colombia en concentración promedio de PM2.5, el aire que se sigue respirando es altamente nocivo para la salud, sobre todo de mujeres gestantes, adultos mayores y menores de edad. Por eso llama la atención nuevamente sobre la necesidad de políticas realmente ambiciosas orientadas a proteger la salud pública: reducir progresivamente los vehículos altamente contaminantes y robustecer los sistemas de transporte público eléctricos y sostenibles; endurecer las regulaciones para la industria y tecnificar más los controles sobre las fuentes de emisiones; y ser más visionarios en las estrategias de prevención y respuesta ante la temporada de incendios forestales.
Pero lo inquietante es que en el caso del Valle de Aburrá varios factores parecen ir en contravía de esas metas. El sistema Metro, el mayor éxito del área metropolitana en materia de movilidad, está perdiendo la pelea con otros medios de transporte, pues mientras los viajes en el sistema cayeron en cuatro millones entre 2023 y 2024, entre enero y febrero pasados aumentó en más del 23% la compra de motos respecto al mismo periodo del año anterior. A las infartadas calles de la ciudad entran a circular cada año 100.000 vehículos. Un estudio de Camacol arrojó en 2019 que el 40% de las vías de Medellín estaban colapsadas por mal parqueo. El aumento del parque automotor y el decaimiento del sistema del transporte masivos ocasiona que todos los días la movilidad se rija por el ralentí, miles de carro andando a media marcha quemando combustible en vías colapsadas aumentando las emisiones contaminantes.
Hasta ahora, solo las ciudades que se atrevieron a ejecutar ambiciosos planes para desincentivar el aumento del parque automotor tuvieron éxito demostrable en la reducción del material particulado fino. Es el caso de París con su agresiva y polémica política para desestimular la adquisición de vehículos con duras medidas como el aumento del valor de parqueo público para SUV, aprobado en consulta popular el mes pasado, y la masiva peatonalización de cientos de vías dominadas durante décadas por carros.
El otro tema que inquieta es la mala hora del Siata. La poderosa herramienta que se convirtió en referente internacional sufre una grave desfinanciación que según la veeduría Todos por Medellín alcanza el 50%, aunque el Amva asegura que es del 12%. Más de 30 investigadores salieron del Siata y con esto su capacidad técnica queda menguada.
Esta situación se enmarca en un contexto en el que las políticas ambientales están sufriendo golpes devastadores. El gobierno Trump acababa de desmantelar toda la política de gestión contra la contaminación y arrasó, por ejemplo, con los programas de medición de calidad del aire que tenían en sus embajadas y consulados y que entregaban datos fundamentales en países de ingreso medio y bajo.
Precisamente la Facultad de Salud Pública de la UdeA acaba de publicar una investigación sobre la exposición de largo plazo al material particulado fino que, entre otras conclusiones, resalta la necesidad de robustecer los sistemas de medición qué permitan conocer mejor la exposición real de los ciudadanos a la contaminación de acuerdo a cómo se mueven en la ciudad, desde sus hogares hasta sus lugares de trabajo, por ejemplo. Solo aumentando la capacidad técnica, las inversiones y las decisiones de fondo es posible, según la OMS, hacerle frente a la crisis de la calidad del aire.
