Brindar entornos seguros para estudiantes, la meta

Garantizar el derecho a la educación es la apuesta de las autoridades, aun cuando el conflicto amenaza la permanencia.

Hace dos semanas circuló en la Universidad de Antioquia un panfleto que amenazaba a seis líderes de la institución. FOTO Juan Antonio Sánchez

“Nos parece increíble que defender una causa tan noble como la educación nos pueda, incluso, costar la vida”. Esa es la denuncia que hace el líder Alejandro Palacio, presidente de Acrees, Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior.

La preocupación del universitario, estudiante de Ciencias Políticas de la Nacional, sede Medellín, surge a raíz de las amenazas que han recibido recientemente seis pares suyos de la Universidad de Antioquia. Además, por las situaciones de inseguridad que se viven en las instituciones educativas de zonas inmersas en el conflicto armado.

“Nadie debería sentir temor de vivir y mucho menos en espacios como universidades y colegios en donde debe darse el debate de ideas de forma pacífica, argumentada y democrática”, añadió.

Palacio comentó que ante las amenazas, que él también ha recibido por su labor, el primer ente al que acuden es a sus respectivas universidades y al Consejo Permanente Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos del Sector Educativo.

Este órgano nace de una alianza que tienen los representantes con la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República y ahí se llevan los casos respectivos para que otras instituciones como la Fiscalía y la Unidad de Protección se pongan al tanto.

Hay más rutas

Para el caso de las instituciones educativas de primaria y secundaria, por ejemplo, la Alcaldía de Medellín cuenta, desde la Secretaría de Educación, con el programa Escuela Entorno Protector.

“El objetivo es acompañar a las instituciones en el fortalecimiento de prácticas relacionales para favorecer la protección integral de niños, niñas y adolescentes, el buen vivir en la escuela, la construcción de ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos”, destacó Alejandra María Arroyave Alzate, coordinadora general del programa.

Esta iniciativa cuenta con 230 profesionales que contribuyen con el fortalecimiento de los procesos de convivencia escolar, la permanencia educativa, la prevención de riesgos psicosociales y la promoción de factores que inciden en formación integral de ciudadanos que aporten en la construcción de una comunidad protectora.

En el caso de las universidades, Juan Camilo Restrepo, vicerrector de la Universidad Nacional, sede Medellín, señaló que las dependencias de bienestar universitario son la ruta más adecuadas para que los estudiantes busquen ayuda y presenten las denuncias.

“Nosotros tenemos desde esta dependencia acciones y programas como Protección y Convivencia para atender de manera integral a estudiantes como Alejandro, que fue amenazado. Desde allí les hacemos el acompañamiento y dependiendo de las características del caso lo remitimos a la autoridad competente”, puntualizó.

El vicerrector destacó que sería importante crear alianzas y mesas de trabajo conjunto entre universidades del sector público en las que, además, participen las administraciones locales para buscar de manera conjunta mejores herramientas que permitan garantizar la seguridad en los centros educativos.

Por su parte, el coronel Pablo Ferney Ruiz, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que ante los posibles casos de afectaciones criminales a los estudiantes lo más importante es la denuncia.

“A partir de ellas podemos analizar, semana a semana, las condiciones de criminología alrededor de las instituciones educativas y tomar decisiones frente al apoyo que se brinda, siempre acompañados por sus respectivos rectores”, anotó.

El coronel señaló que el mayor esfuerzo, en relación con las instituciones, se hace en las campañas de prevención. En ese sentido contó que una de las estrategias que se está impulsando son las redes de apoyo por medio de Whatsapp, para que los directores de cada institución informen de los eventos irregulares a la Policía y esta pueda actuar de manera inmediata.

“Los jóvenes, seamos líderes estudiantiles o no, estamos en riesgo. Hay que fortalecer los mecanismos para proteger la vida y los entornos educativos son clave”, concluyó el universitario Palacio.

230

profesionales hacen parte de Escuela Entorno Protector de la Alcaldía de Medellín.