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Jueza ordenó casa por cárcel para la secretaria de Educación y la exdirectora de Buen Comienzo
La jueza dijo que la secretaria Alexandra Agudelo y la exdirectora técnica del programa, Lina María Gil, pueden incurrir en reiteración de las presuntas conductas por las cuales se les investiga.
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La jueza 39 municipal de control de garantías (arriba, a la izquierda) emitió la decisión en la continuación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento este lunes. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA
20 de febrero de 2023
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La jueza 39 municipal de control de garantías de Medellín ordenó este lunes medida de aseguramiento de casa por cárcel en contra de Alexandra Agudelo, secretaria de Educación, y Lina María Gil, exdirectora de Buen Comienzo, por presuntas irregularidades en la contratación del programa en 2020. Los defensores de ambas procesadas apelaron la decisión.
Sobre el otro imputado, Henry Paulison Gómez, representante para la fecha de la corporación Colombia Avanza, no concedió la petición del ente acusador de también ordenarle casa por cárcel, por lo que afrontará el juicio en libertad.
Aunque la jueza manifestó que no hubo una sustentación adecuada de la Fiscalía sobre la posibilidad de que los procesados incurran en obstrucción a la justicia, sí compartió con la fiscal y la procuradora del Ministerio Público su temor de que las dos funcionarias, Agudelo y Gil, pudieran incurrir en reiteración de las presuntas conductas por las cuales se les investiga, pues aún siguen en cargos públicos, en tanto que Agudelo sigue siendo la titular de Educación y Gil tiene un cargo en la Secretaría de Inclusión Social.
La fiscal 49 apeló la decisión respecto a Henry Paulison Gómez y pidió que se le imponga la misma medida de aseguramiento que a las dos funcionarias. La fiscal indicó que este hombre participó en el presunto acuerdo para “amañar” la adjudicación de los contratos y que también habría incurrido en el interés indebido. “Estos son delitos medios de cara a apropiarse de recursos públicos”, manifestó la fiscal e hizo referencia a las llamadas interceptadas a personas a través del teléfono corporativo de Colombia Avanza, en las cuales se habría hablado del ocultamiento de pruebas de detalles de la ejecución de los dineros en los contratos.
La decisión de la jueza se da tras unas 20 horas de audiencia de medida de aseguramiento, que se realizó el lunes, jueves y viernes de la semana pasada con la intervención de la fiscal y los tres abogados defensores de los imputados por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.
Esto, por presuntas irregularidades en dos contratos de 2020. El 4600085185, para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo, y el 4600085448 para entregar paquetes alimentarios a población escolar. Ambos fueron suscritos entre la Secretaría de Educación y Colombia Avanza y en los dos se habrían presentado anomalías como una oferta hecha a la medida para el contratista, sobrecostos y falta de idoneidad.
Entre sus argumentos, la fiscal 49 también presentó audios de llamadas interceptadas en las que se oyen presuntas acciones que tendrían como fin ocultar pruebas y alterar facturas. Algunas de las llamadas se presentaron el mismo día que se realizaría una inspección judicial en una sede de Colombia Avanza, en el marco de esta investigación.
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Para la fiscal, la medida de aseguramiento de casa por cárcel era la ideal porque las dos funcionarias, Agudelo como jefe de Educación y Gil como integrante hoy de la Secretaría de Inclusión Social, representarían riesgo de reiteración de las presuntas conductas cometidas. Además, podrían obstruir la justicia. Gómez, por su lado, renunció la semana pasada a su cargo de representación legal de la corporación.
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Entre tanto, Beatriz Mejía, procuradora delegada del Ministerio Público para este proceso judicial, se mostró a favor de la medida solicitada por la Fiscalía, al considerarla “viable y jurídica” para la secretaria Agudelo y para Gil, pero no así para Gómez, para quien pidió hacer un análisis personal de su actuar.
Los tres defensores se tomaron su tiempo también para rechazar esta medida y los argumentos de la fiscal. Todos coincidieron en demeritar las acciones que presuntamente configuran delitos y se ampararon en que los contratos se firmaron y ejecutaron en la pandemia, lo que permitía flexibilizar la forma de contratación y hasta algunos aspectos de la etapa de ejecución. Aseguraron que en los contratos hubo ahorro de recursos y no sobrecostos, como lo afirmó el ente acusador.
Además, los abogados de Agudelo y Gil argumentaron que ninguna de las dos funcionarias tiene capacidad de obstruir la justicia desde los cargos que hoy ostentan e, incluso, Santiago Trespalacios, representante de la primera, manifestó que solicitará una audiencia de preclusión del caso.
Por lo pronto, para este lunes 20 de febrero, mientras tenía lugar la audiencia, parte del personal de la Secretaría de Educación fue citada a las afueras del edificio Carré, sede de la dependencia, desde las 3:45 p.m., para respaldar a la secretaria Agudelo.
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