La cárcel La Paz, en Itagüí, vive una jornada de alta tensión por cuenta del traslado de los principales cabecillas de las estructuras criminales del Valle de Aburrá que permanecen recluidos en ese establecimiento, y que durante los últimos años han hecho parte de la llamada mesa de paz urbana que lideró, hasta hoy, el gobierno saliente de Gustavo Petro.
A través de su cuenta oficial de X, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, precisó que fue informado del traslado de 103 cabecillas que estaban recluidos en esta cárcel. Además, dijo que estos habrían sido jefes de grupos delincuenciales de Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.
La información conocida durante las últimas horas apunta a que el operativo comenzó desde la noche del jueves 6 de agosto y que los internos serían movilizados hacia diferentes establecimientos penitenciarios del país.
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La medida no se limitaría a uno o varios integrantes de la mesa, pues según fuentes cercanas a EL COLOMBIANO, la intención es sacar de la cárcel La Paz a todos los cabecillas que permanecen allí.
Una fuente cercana al Gobierno entrante confirmó que desde el nuevo Ejecutivo se habría ordenado un procedimiento que no solamente cobija la cárcel de Itagüí, sino otros centros penitenciarios del país. La operación estaría enfocada en presos considerados de alto perfil y de nivel uno dentro de las estructuras criminales.
La situación se conoció en medio de un amplio despliegue del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en los alrededores de la cárcel de Itagüí. Una caravana de vehículos del organismo fue registrada en la zona, mientras fuentes cercanas a los internos señalaban que desde la noche del jueves varios de ellos habían sido advertidos de que debían estar preparados para abandonar el penal.
En un primer momento, circularon versiones según las cuales los movimientos estaban previstos, pero no habían comenzado y se esperaba la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República para impartir la orden definitiva. Sin embargo, información posterior indicó que el procedimiento ya habría empezado.
¿Quiénes son los cabecillas que estaban en Itagüí?
La cárcel de Itagüí se convirtió en el punto de concentración de los voceros de las principales estructuras criminales del Valle de Aburrá dentro del proceso de conversación sociojurídica impulsado por el gobierno del hasta este viernes, 7 de agosto, presidente Gustavo Petro.
En abril de este año se conoció que la Fiscalía había suspendido órdenes de captura contra 23 integrantes de la mesa, aunque esa decisión no significó que todos quedaran en libertad. De esos 23, 16 permanecían recluidos en ese centro penitenciario.
Entre los nombres más reconocidos aparecen alias Carlos Pesebre, Tom, Vallejo, Douglas, El Tigre, El Indio, El Compa, Grande Pa, Lindolfo y Juan 23. Se trata de hombres señalados por las autoridades de tener posiciones de mando dentro de diferentes organizaciones criminales del Valle de Aburrá.
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Uno de los casos que genera especial atención es el de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, identificado como uno de los principales cabecillas de La Terraza y antiguo integrante de la Oficina de Envigado.
Douglas también ha estado en el centro de las discusiones recientes por su estado de salud. Fuentes cercanas a la situación señalaron que, pese a haber obtenido una decisión judicial que buscaba impedir su traslado mientras se desarrollaba un tratamiento médico, también estaría dentro del grupo que sería movilizado.
El caso de Douglas ya había generado movimientos penitenciarios durante este año. En abril, por ejemplo, fue llevado desde la cárcel de Itagüí a una clínica de Medellín debido a complicaciones de salud.
Una cárcel rodeada de polémicas
La decisión de trasladar a los cabecillas llega después de varios meses en los que la cárcel La Paz ha estado en el centro de diferentes controversias.
Uno de los episodios que más ruido generó ocurrió en abril, cuando se conocieron imágenes de un concierto del cantante vallenato Nelson Velásquez dentro del penal, un evento en el que estuvieron presentes varios de los cabecillas de la mesa de paz urbana.
Las imágenes mostraron al artista interpretando sus canciones dentro del establecimiento, en un ambiente que generó cuestionamientos por las condiciones en las que se desarrolló la actividad y por los presuntos privilegios de los internos.
El Inpec aseguró que el evento no había sido autorizado y abrió investigaciones, mientras la Procuraduría inició una indagación por las posibles irregularidades.
El escándalo tuvo además consecuencias sobre la propia mesa de conversación. La delegación del Gobierno anunció entonces la suspensión temporal de los diálogos con los voceros de las estructuras criminales mientras se aclaraba lo ocurrido.
La polémica se sumó a otros cuestionamientos que ya venían rodeando a los cabecillas, entre ellos la suspensión y posterior reactivación de órdenes de captura para varios de sus integrantes.
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