Un menor de edad, habitante del barrio Villahermosa, comuna 8 de Medellín, se convirtió en la víctima número 30 de ataque de perros en la capital antioqueña en lo que va de 2018.
El adolescente de 13 años sufrió heridas en ambos brazos y en la espalda. Por la gravedad del ataque, tuvo que ser llevado al hospital universitario San Vicente Fundación, mientras que el Rottweiler, raza clasificada por las autoridades como potencialmente peligrosa, quedó en custodia de protección animal.
“El perro fue incautado y se puso a disposición de la autoridad ambiental. Igualmente, se inició un proceso por la agresión presentada y el propietario tiene que responder por los hechos, ya que no tenía los elementos necesarios para proteger a la ciudadanía y así evitar que sucediera esto”, aseguró el coronel Jaime Perdomo, jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana.
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Este año, la línea de emergencia 123 ha recibido 30 reportes de ataque de perros potencialmente peligrosos en todo el Valle de Aburrá.
Las autoridades recuerdan que, según el Artículo 126 del Código de Policía, “las razas o sus cruces o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Bull Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier y Tosa Japonés”, son ejemplares caninos potencialmente peligrosos, razón por la cual, el Artículo 127 dicta que “el propietario o tenedor de un canino potencialmente peligroso, asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios que ocasione a las personas, a los bienes, a las vías y espacios públicos y al medio natural, en general”.
¿Qué hacer?
Cuando el ataque es reportado en el 123, se realiza una denuncia ante la inspección policial, que es la que determina el procedimiento a seguir.
Lina Calle, subsecretaria de Gobierno Local y Convivencia de Medellín, explica que el artículo 134 de la ley 1801 establece los comportamientos relacionados con la tenencia de caninos potencialmente peligrosos que afectan la seguridad de las personas y la convivencia.
“Allí se contempla que si uno de estos ataca a una persona y le produce lesiones permanentes, el propietario será sancionado por la autoridad (inspección ambiental) con una multa de $834.000 y está obligado a pagar todos los daños a la persona afectada”.
A los propietarios se les hace el proceso sancionatorio. “En caso de que haya reincidencia, se decomisa el animal por parte de la Policía y se da traslado a La Perla, donde se hace valoración del canino por parte de un etólogo y él es el que determina el procedimiento a seguir con el animal”.
