Desde el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) destacaron su labor como intermediadores del conflicto que se vive en Antioquia, siendo las zonas más críticas el Bajo Cauca, el Nordeste y el Norte.
El español Ignacio San Román, el saliente jefe de la Subdelegación Medellín de este organismo humanitario, habló con EL COLOMBIANO sobre el panorama en Antioquia, lo que deja y las gestiones de intermediación en la que han participado.
¿Cómo está el panorama del conflicto armado en Antioquia?
“Las zonas más afectadas que hemos visto en Antioquia son el Nordeste, el Bajo Cauca y el Norte, básicamente desde Remedios hasta Briceño, Ituango y toda la parte más nordeste de departamento, que son donde confluyen actualmente varios actores armados relacionados con el conflicto. Allí confluyen varios grupos armados junto con la fuerza pública y son zonas en disputa, normalmente con alto valor económico”.
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¿Cuáles son las situaciones de conflicto más recurrentes en el departamento?
“Lo que estamos viendo es que hay una continuidad de algunas de las afectaciones humanitarias, algunos de los indicadores aumentan, como pueden ser los desplazamientos individuales, los de confinamiento o los actos violentos contra la asistencia de salud. Antioquia, particularmente, es un departamento muy afectado por los desplazamientos individuales o gota a gota que llaman, que son desplazamientos que normalmente están originados por amenazas, a veces por cambio de control territorial en una zona de un grupo a otro. Tenemos 16.000 personas afectadas, un 38% más que el 2022”.
¿El confinamiento se ha vuelto una de las situaciones más complejas en Antioquia? ¿Qué viene ocurriendo?
“A nivel nacional ha aumentado un 20% la cifra de confinamiento, en todo Colombia hay más de 47.000 personas declaradas en función del confinamiento. La mayoría de esta población está en el Chocó, el departamento más afectado por confinamiento, con mucha diferencia de los demás. En Antioquia, la verdad es que en 2022 esto no era un problema, no había casi datos de confinamiento, unas 120 personas, mientras que el año pasado hemos subido a 1.224, esto es 10 veces más de que hace un año”.
¿Qué diferencia al confinamiento en Antioquia de otras regiones?
“La respuesta de la fuerza pública a las situaciones de seguridad en Antioquia es mucho más rápida, porque el territorio también lo permite. Y hay zonas del Chocó tan inaccesibles que la fuerza pública no puede responder tan rápidamente, porque en esos territorios el confinamiento se presenta por el temor a perder la vida por culpa de una mina, entonces la gente ya no se atreve a ir a los cultivos, a un centro de salud o a otras zonas por este temor”.
Además del desplazamiento se tienen casos de desapariciones como el ocurrido con el ingeniero Andrés Camilo Peláez. ¿Cómo va este fenómeno en el departamento?
“El año pasado documentamos en el CICR 222 solicitudes de búsqueda que ocurrieron en el mismo año, o sea que fue que tuvieron lugar desapariciones en 2023. A esto se le suman los casos de gente que ha desaparecido en 2022, 2021 y hasta casos ocurridos en la década de los 90”.
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¿La misión médica también se ha visto afectada notoriamente en Antioquia por ataques violentos en su contra?
“Antioquia es el departamento en el que más se ha documentado actos violentos sobre la asistencia en salud con 78 casos, incluyendo los relacionados con conflicto y los que no están relacionados. Sigue siendo el departamento más afectado de Colombia, aunque ha habido una disminución este año 2023 con respecto a 2022 de casi un 70%. En el país tenemos documentados 511 casos, 140 por el conflicto armado”.
Otra de las problemáticas que hay en Antioquia es el secuestro. ¿En cuántas liberaciones han participado como intermediadores?
“El CICR sirvió de intermediario neutral para 63 liberaciones en Colombia, de las cuales cinco tuvieron lugar en el departamento de Antioquia, que involucraban a 13 personas quienes pudieron regresar a sus casas, a estar al lado de sus familias”.
¿Cómo es la gestión de la entidad en el conflicto armado que se vive en Antioquia?
“Lo que nosotros hacemos es encontrarnos con los actores armados en el territorio para hacer formación en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) para presentarles, de manera confidencial, los casos documentados de violaciones al DIH que han cometido sus hombres y para discutir junto con ellos qué medidas se pueden tomar para que esos actos no vuelvan a repetirse”.
¿Qué posición tiene sobre los acuerdos que se están negociando para acabar con la violencia?
“Estamos haciendo un llamamiento a que el DIH sea la base principal también de ese principio de las negociaciones y estamos animando mucho a que se firmen estos acuerdos especiales donde las partes que están en negociación lleguen a acuerdos sobre algunas temáticas particulares, para que la población sea protegida más allá por encima de lo que ya define el DIH”.