Los trabajadores de por lo menos dos minas ubicadas a las afueras del casco urbano de Segovia denunciaron que desde la mañana del pasado viernes 21 de julio están siendo intimidados por agrupaciones que se han identificado como parte del ELN.
Instalando banderas de esa agrupación y carteles en los que se los declara como objetivo militar, los violentos exigieron a los mineros suspender sus actividades hasta nueva orden.
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Aunque por ahora ni el Ejército, ni la Alcaldía de ese municipio del Nordeste antioqueño entregan un reporte oficial sobre el caso, otras autoridades del territorio advierten que la situación genera preocupación debido a la cercanía de las minas con el casco urbano y por producirse en medio de una escalada violenta que durante las últimas semanas ya ha generado desplazamientos en otras veredas.
Yarley Erasmo Marín López, presidente de la Mesa Minera Segovia Remedios, precisó que las pancartas intimidantes fueron ubicadas en las entradas de las minas Cogote y La Rubiela.
“Desconocemos los motivos por los que este grupo al margen de la ley quiera afectar estas unidades mineras. Pero de antemano le estamos pidiendo a las autoridades y a estos mismos grupos que no estigmaticen y criminalicen a nuestras comunidades”, expresó Marín.
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Las minas reseñadas por dicha mesa están ubicadas a cerca 15 minutos del casco urbano, en un sector conocido como Matuna.
Si bien las amenazas aún no son cotejadas por los organismos oficiales, el nuevo hecho se produce tras varias semanas de zozobra por cuenta del recrudecimiento de la violencia en varias veredas del noroccidente de Segovia.
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A raíz de combates que han sostenido estructuras del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con estructuras del Eln (que empezaría un cese al fuego desde el próximo 3 de agosto) y disidencias de las Farc, el pasado 30 de junio cientos de familias de las veredas Arenales, La Jagua y San José del Pescado tuvieron que abandonar sus hogares para ponerse a salvo.
Jeyson Atehortúa, personero de Segovia, precisó que según un censo de ese ente por lo menos 121 familias (304 personas), tuvieron que desplazarse aquel día, asentándose la mayoría en la vereda Rancho Quemado.
