La única audiencia del proceso de pérdida de investidura que cursa en el Consejo de Estado en contra del representante a la Cámara Alejandro Toro se realizó este martes 11 de junio en media hora y terminó con la incertidumbre sobre el futuro de la curul del congresista, la cual está en riesgo por una presunta inhabilidad que tenía para participar en las elecciones legislativas de 2022 por la firma de un contrato de su fundación Avanti con una institución universitaria del Distrito de Medellín.
Ahora, se espera que en pocas semanas el Consejo de Estado dé a conocer la decisión en primera instancia sobre si Toro pierde o conserva su puesto en el Congreso, un asiento que evidencia los réditos que tuvo tras meterse de lleno en el cuestionado equipo del exalcalde Daniel Quintero, que carga con múltiples denuncias por presunta corrupción en el cuatrienio pasado cuando gobernó Medellín.
El ascenso del representante
En redes sociales Toro ha sostenido que detrás de la demanda hay “poderosos” que quieren tumbarlo porque ha hecho denuncias, como la inexistencia de los más de 500 hallazgos de presunta corrupción en la alcaldía de Quintero, a quien defiende a capa y espada entre múltiples procesos que cursan en autoridades penales y de control por la ejecución irregular de los recursos públicos de Medellín entre 2020 y 2023.
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Varias veces ha prestado su curul para hacerle el favor al exalcalde de solicitar información en la actual Alcaldía de Medellín sobre los hallazgos. Y algunas personas que lo conocen de hace años dicen que hoy lo ven hasta desinformando por defender a Quintero.
Incluso, tras ser notificado de la demanda de pérdida de investidura, en abril pasado, dijo que la Procuraduría estaba “politizada”, cuando esta nada tenía que ver en la demanda, lo que hoy además se ve como una paradoja, porque la delegada del Ministerio Público pidió ayer que no se decretara la medida en su contra.
Lo cierto es que Toro ha convertido este tema en una forma de defender lo que muchos hoy ven como su gran pecado: respaldar sin peros la administración de Quintero, que dejó a Medellín con años de retrocesos por la ineficiencia en la ejecución de los recursos y programas, y los escándalos a todo nivel que ya han dejado varios de sus exfuncionarios imputados.
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Hay quienes dicen que en realidad la lealtad de Toro está más que con el Pacto Histórico con el proyecto político de Quintero, pues es a él a quien le debe la curul en el Congreso. El hoy representante se movió casi toda su vida en los sectores sociales, con programas de pedagogía de paz y derechos humanos en distintos territorios y creó la fundación Avanza Colombia, que luego se convertiría en Avanti, con la que acreditó incluso experiencia laboral a Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez antes de ser nombrados secretarios en la pasada alcaldía.
Ramírez es uno de los que lo habría llevado hasta Quintero, desde la campaña a la Alcaldía de Medellín en 2019. Fuentes cercanas contaron que Toro le prestó un tiempo a Independientes la sede de Avanti, por la Floresta, cuando no tenían casa de campaña y que tuvo un rol de bajo perfil, pero gestionó acercamientos de ese grupo político con sectores con los que había trabajado.
Tras el triunfo, en los dos primeros años de esa administración, Toro pasó desapercibido, como asesor en algunos frentes y estuvo detrás de varios medios de comunicación pequeños que tenían poco tiempo de creados, no generaban casi contenido propio y se limitaban a publicar boletines de la alcaldía Quintero o notas en contra de sus opositores. Y tuvieron varios contratos a través de Telemedellín.
Por lo menos 20 de ellos fueron entre noviembre de 2020 y octubre de 2023, y se adjudicaron a la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (Fipu), creada como una sociedad entre la fundación de Toro y Contravía, de Juan Pablo Morris, hermano de Holman Morris, hoy gerente de RTVC. Incluso hay suspicacias sobre si Toro tendría algún rol vigente en Avanti mientras se firmaban estos contratos con la alcaldía.
Hablando de hechos ocurridos en la administración Quintero, Toro apareció recientemente en un documento de la Procuraduría en el que varios testigos declararon bajo juramento que él estuvo en la reunión del 8 de agosto de 2021 y que fue quien presentó la fundación El futuro se parece a nosotros, con la cual pidieron a funcionarios y directivos de la época donar parte de su salario, presuntamente para financiar el proyecto político de Quintero a largo plazo. Esta investigación avanza en Procuraduría y Fiscalía, luego de que una exdirectora de la época denunciara a Ramírez por el hecho.
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Para finales de 2021, Toro también estaba articulando las candidaturas a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, cuya cabeza de lista en el caso de Antioquia quedó en manos de Daniel Quintero tras un acuerdo con Gustavo Petro, a quien luego Independientes le lideró la campaña presidencial en Medellín.
Quintero necesitaba a alguien leal a Independientes en el Congreso, pero sus dos hombres más cercanos, Juan Pablo Ramírez y Esteban Restrepo, estaban inhabilitados para lanzarse. Fue así que la cabeza quedó en manos de Alejandro Toro, lo que levantó más de una chispa entre los sectores que integraron el Pacto, pues muchos rechazaban alianzas con el exalcalde.
Al ser una lista cerrada, no fue difícil asegurar la curul en la Cámara para Toro, que más que el Pacto se la llevó Independientes. De hecho, antes de que le tumbaran la personería jurídica y en busca de que los convirtieran en partido, el movimiento pidió que se reconociera a Toro y al senador Álex Flórez, avalados ambos por la Colombia Humana, como los dos congresistas de Independientes.
Desde su curul, han contado varias fuentes, Toro es el que se ha encargado de gestionar algunas hojas de vida a exfuncionarios de Quintero, pues hoy tiene más margen de maniobra y lobby en Bogotá, donde muchos no quieren tener cerca los múltiples escándalos que rodean la gestión de Medellín el pasado cuatrienio, justamente lo que a Toro parece no importarle, pese a que en el pasado muchos le oyeron decir que no quería nunca estar salpicado de escándalos por presunta corrupción.
La audiencia de este martes
El abogado Juan David Giraldo, quien presentó la demanda el pasado 18 de abril, reiteró este martes que Toro habría incurrido en la inhabilidad tras firmar dicho contrato, ejecutado entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre de 2021, tres meses antes de ser elegido como congresista, el 13 de marzo de 2022.
Giraldo recordó además que hubo presuntas irregularidades en la radicación en Cámara de Comercio del acta de junta en la que se hizo el cambio de representación legal de la fundación, pues aunque la defensa de Toro ha dicho que él dejó ese cargo el 20 de agosto de 2021, solo hasta después del 10 de septiembre de ese año quedó formalmente inscrita en Cámara de Comercio.
Por su lado, la representante del Ministerio Público, Dayris Carrillo, solicitó a los magistrados no decretar la pérdida de investidura porque la firma del mencionado contrato no se dio dentro de los seis meses prohibidos para que Toro se presentara a las elecciones legislativas, sino días antes de que comenzara el periodo inhabilitante.
Y sostuvo que la etapa de ejecución, en la que Toro figuró como tallerista según los mismos informes de Avanti, no es un elemento de inhabilidad. Posición igual mantuvo el abogado Alberto Yepes Barreiro, exmagistrado del Consejo de Estado y apoderado de Toro.
